José Leonardo Salazar
El fracking o fracturación hidráulica, es una técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales, que consiste en perforar el subsuelo a grandes profundidades para inyectar una mezcla masiva de agua, arena y aditivos químicos a alta presión, rompiendo las rocas compactas subterráneas para liberar el petróleo y gas atrapados.
A nivel global, la comunidad científica y los movimientos ambientalistas denuncian esta práctica por sus severos impactos ecológicos, que van desde la contaminación irreversible de acuíferos subterráneos debido a filtraciones químicas y la inducción de micro sismicidad, hasta las masivas emisiones de gas metano que aceleran el calentamiento global.
Sin embargo, la contradicción más crítica para su implementación en Venezuela radica en el uso de su elemento más preciado, pero mal gestionado: el agua. De acuerdo con organizaciones internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la estimulación inicial de un solo pozo de fracking exige la inyección súbita de entre 9 y 29 millones de litros de agua en un lapso de apenas unos días, un volumen colosal que queda inútil para siempre al regresar a la superficie cargado de metales pesados y componentes tóxicos que lo retiran permanentemente del ciclo hidrológico. Cantidad que serviría para suministrar agua a entre 9 mil y 29 mil personas, en ese mismo lapso de tiempo.
Esta desmesurada demanda hídrica choca frontalmente con la paradoja de un país que, a pesar de poseer una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, sufre severas fallas en el suministro a la población. Según los datos disponibles de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), el 81% de los hogares venezolanos no tiene acceso a un suministro diario y continuo de agua potable, obligando a la inmensa mayoría de la población a depender de racionamientos extremos, ciclos de espera que superan semanas o costosos camiones cisterna.
En este panorama de colapso de infraestructura, destinar la disponibilidad de agua de las cuencas hidrográficas nacionales para alimentar la sed de la fracturación hidráulica significaría competir directamente contra los derechos humanos de los ciudadanos, agudizando la crisis hídrica y las tensiones sociales en regiones históricamente golpeadas por la escasez.
A la par del colapso socioambiental local, apostar por el fracking va a contracorriente de las dinámicas internacionales, donde múltiples países han establecido prohibiciones estrictas debido a sus costos ambientales indeseables.
La prioridad del país no puede ser exprimir hidrocarburos al costo de hipotecar la salud de sus suelos y sus reservas hídricas. Antes de mirar hacia técnicas extractivas extremas, Venezuela tiene la urgencia social e histórica de recuperar sus acueductos, sanear sus sistemas de bombeo y garantizar que abrir el grifo deje de ser un lujo de pocos para volver a ser un derecho de todos.
