José Leonardo Salazar P.
La trigésima primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que comienza este lunes 9 de noviembre en Antalya, Turquía, reunirá hasta el día 20 a representantes de distintos países para discutir el financiamiento climático, la adaptación y el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Acuerdo de París.
Para Venezuela, esta nueva cumbre representa una oportunidad para revisar sus compromisos ambientales y plantear las necesidades de un país especialmente vulnerable a las alteraciones del clima, pero cuya economía continúa estrechamente vinculada a la explotación de hidrocarburos.
Uno de los asuntos centrales de la discusión internacional es la profunda desigualdad de recursos y capacidades entre las naciones para enfrentar la crisis climática. Mientras los países industrializados disponen de mayores instrumentos financieros, tecnológicos e institucionales para proteger sus economías y poblaciones, las naciones empobrecidas deben afrontar impactos ambientales y sociales con recursos considerablemente más limitados. Una desigualdad que también refleja las diferencias en las responsabilidades históricas frente a las emisiones de gases de efecto invernadero. En este contexto cobra especial importancia el mecanismo de pérdidas y daños, concebido para apoyar a los países con menores recursos y particularmente vulnerables frente a las consecuencias del cambio climático que no pueden evitarse mediante medidas de mitigación o adaptación. Su funcionamiento efectivo, la disponibilidad de recursos suficientes y las condiciones para acceder a ellos constituyen asuntos fundamentales de la agenda climática internacional.
Para Venezuela, esta discusión tiene especial relevancia. La disponibilidad de agua, la protección de las cuencas hidrográficas, la conservación de los bosques, la seguridad alimentaria y la recuperación de los ecosistemas deberían ocupar un lugar prioritario en la agenda climática nacional. No son únicamente compromisos internacionales: son asuntos que afectan directamente a la población, la seguridad social y económica del país. El acceso al financiamiento climático representa otro desafío. Venezuela necesita recursos para impulsar proyectos de adaptación, restaurar cuencas, proteger la biodiversidad y fortalecer sus sistemas de prevención de riesgos. Sin embargo, acceder a esos mecanismos exige proyectos técnicamente sustentados, instituciones capaces de ejecutarlos y procedimientos transparentes que permitan evaluar sus resultados.
El país presentó en octubre de 2025 una actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), con metas al año 2030, y entregó su primer Informe Bienal de Transparencia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. No obstante, todavía enfrenta importantes vacíos de planificación, entre ellos la ausencia de un Plan Nacional de Adaptación oficialmente registrado y de una estrategia financiera climática.
La dependencia de los ingresos petroleros plantea interrogantes sobre la capacidad de Venezuela para diversificar su economía, reducir emisiones y avanzar hacia un modelo menos depredador de la naturaleza. La recuperación de la industria petrolera tampoco debería desligarse de la atención de sus pasivos ambientales, el control de las emisiones de metano, la prevención de derrames y la gestión adecuada de sus residuos. A esto se suma la protección de la Amazonía venezolana, amenazada por la deforestación, la minería ilegal, la contaminación por mercurio y la pérdida de biodiversidad. Problemas que requieren vigilancia territorial, cooperación regional y alternativas económicas sostenibles para las comunidades.
La COP31 debería servir para que Venezuela no se limite a participar en las negociaciones internacionales, sino que presente una agenda ambiental respaldada por objetivos verificables, proyectos concretos y mecanismos de financiamiento. También debería aprovechar la discusión sobre pérdidas y daños para visibilizar las necesidades de los países con menores capacidades económicas para responder a la crisis climática. El verdadero desafío consiste en pasar de los compromisos declarativos a una política climática capaz de responder a las necesidades del país. La adaptación no puede continuar siendo un asunto secundario frente a las urgencias económicas. Debe formar parte de cualquier estrategia de crecimiento económico que aspire a garantizar seguridad hídrica, alimentaria, energética y ambiental.
Para Venezuela, el reto de Antalya no es solamente estar presente en la discusión global, sino defender una mayor equidad climática y demostrar qué está dispuesta a hacer para proteger su patrimonio natural y reducir su vulnerabilidad.
