The Daily Journal.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio un paso que no daba desde 2018: su directorio, la instancia donde los países miembros toman las decisiones, aprobó por unanimidad una “nota de compromiso país” para Venezuela. Es la primera hoja de ruta formal del organismo para retomar operaciones en el país desde que suspendió los nuevos préstamos en mayo de ese año.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró la noticia en sus plataformas digitales. “Este importante logro abre una nueva etapa de relacionamiento internacional, asistencia técnica y apoyo al sector público y privado”, afirmó Rodríguez.
¿Qué es y qué no es?
Conviene precisar el alcance del anuncio. Según el propio BID, la nota fija las prioridades del banco para Venezuela, pero no es un préstamo ni borra las deudas atrasadas que el país mantiene con la institución.
Funciona como una estrategia transitoria, una especie de puente. Las normas del BID exigen que exista un plan vigente para un país antes de aprobarle nuevos créditos o garantías (el compromiso del banco de respaldar un financiamiento que otorga un tercero). Mientras se elabora una estrategia integral de largo plazo, este documento guiará las operaciones, la asistencia técnica y el relacionamiento con Venezuela.
En otras palabras: el dinero no llega de inmediato, pero se reabre formalmente el camino para que pueda llegar.
Electricidad, la prioridad
El plan apuesta por reactivar los motores de crecimiento económico, y su foco principal es la rehabilitación del sector eléctrico. Esta prioridad coincide con la reciente aprobación, por parte del Parlamento, de una reforma a la ley eléctrica que abre el sector a la inversión privada.
La elección tiene lógica: sin un suministro eléctrico estable es difícil sostener casi cualquier actividad productiva, desde una fábrica hasta un comercio, e incluso las operaciones de la industria energética del país.
La hoja de ruta también contempla mejorar los servicios sociales para los grupos más vulnerables, con proyectos de protección social y seguridad alimentaria. Además, prevé respaldar las labores de reconstrucción tras los sismos registrados en junio.
Las deudas pendientes
El acuerdo deja asuntos sin resolver. Registros del BID sitúan la deuda en mora de Venezuela, es decir, los pagos vencidos que no se han cancelado, en 2.300 millones de dólares hasta septiembre.
Según reportes internacionales citados por la agencia EFE, el Gobierno evalúa cubrir ese monto mediante un préstamo puente con Catar. Un préstamo puente es un financiamiento de corto plazo que se usa para atender una obligación inmediata mientras se consigue una solución más estable.
Ponerse al día con esos atrasos es clave porque, mientras persistan, la relación crediticia con el organismo seguirá condicionada, aunque ya exista una hoja de ruta aprobada.
Un respaldo con matices
El presidente del BID, Ilan Goldfajn, ya había impulsado el apoyo a un financiamiento propuesto de 2.500 millones de dólares para Venezuela. Esa iniciativa, sin embargo, encontró resistencia en parte del directorio.
Por eso la unanimidad de ahora tiene peso propio. Aunque el documento no compromete recursos, refleja un consenso entre los países miembros para reanudar el trabajo con Venezuela de forma ordenada, empezando por definir en qué áreas actuar.
El próximo paso será elaborar la estrategia completa, el instrumento que permitirá al BID volver a aprobar préstamos y garantías para el país, siempre que se cumplan sus requisitos.
