The Daily Journal – La disolución e intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay desencadenó una crisis financiera, política y judicial que salpica de forma directa al presidente Santiago Peña. El detonante de la medida fue una caída en el índice de solvencia de la entidad, que descendió por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa reguladora.
La situación ha dejado sin acceso inmediato a su dinero a miles de los 2,9 millones de clientes que contabilizaba la institución en un país de 6,1 millones de habitantes, además de comprometer millonarios recursos de instituciones estatales y del fondo de jubilaciones del Instituto de Previsión Social.
El presidente Santiago Peña quedó en el centro de la controversia debido a su vinculación con el grupo empresarial matriz de la entidad. Aunque medios locales informaron que el mandatario vendió en abril de 2025 sus acciones en Ueno Holding, parlamentarios opositores señalan una responsabilidad directa.
El senador Rafael Filizzola afirmó que el daño supera los 3.000 millones de dólares y acusó la existencia de un mecanismo montado antes de que Peña asumiera el gobierno para relajar controles anticorrupción y direccionar fondos públicos hacia la entidad.
El escándalo derivó en la renuncia del titular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, quien formalizó su dimisión tras la solicitud del Ejecutivo. Carvallo había presidido la Financiera Ueno antes de asumir la banca matriz en 2023 y argumentó que su paso al costado buscaba evitar interferencias de carácter político y mediático. Para reemplazarlo al frente de la entidad emisora, el presidente Peña anunció la designación del economista y exministro Raúl Vera Bogado.
En el ámbito penal, la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción imputó a 27 personas por presuntas irregularidades financieras cometidas entre 2025 y 2026, vinculadas al otorgamiento de préstamos y sobregiros sin evaluación de riesgo a empresas del mismo grupo económico. Las autoridades solicitaron prisión preventiva para Miguel Vásquez, fundador y accionista mayoritario de la entidad, y arresto domiciliario para otros siete directivos, entre ellos el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni.
En forma paralela, la justicia civil decretó un embargo preventivo de bienes sobre la alta cúpula por 70 millones de dólares y dispuso más de un billón de guaraníes para gastos del proceso.
Asimismo, las repercusiones económicas provocaron el cierre imprevisto de VMedia, la división de medios del Grupo Vásquez, que incluye a las radios La Tribu 650 AM y La Tribu Deport 1120 AM, los diarios La Tribuna y Crónica, y La Tribu Stream, dejando sin salario por al menos noventa días a unos 300 trabajadores.
Mientras tanto, en las calles de Asunción, pequeños ahorristas como el ciudadano Marcelino Vergara expresaron su indignación en manifestaciones frente a las sucursales y en las inmediaciones del Panteón Nacional de los Héroes, donde ciudadanos como el artista Hamoudy Salem reclamaron también por la situación de los servicios públicos y la falta de medicamentos.
Como respuesta a la tensión social, el Congreso aprobó de urgencia y el Ejecutivo promulgó una ley para agilizar la entrega de recursos retenidos. La normativa establece que cada depositante reciba en un plazo de entre 24 horas y cinco días hábiles un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 121,7 millones de guaraníes (unos 19.787 dólares), medida que se suma a un primer desembolso parcial de hasta 10 millones de guaraníes anunciado por la autoridad monetaria.
¿Qué procede ahora?
El presidente pudiera enfrentar una destitución del cargo.
En el terreno político, la crisis dio paso a la presentación de un libelo acusatorio para activar el juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
La iniciativa, promovida por los diputados opositores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, cuenta con el respaldo de 35 firmas que abarcan a legisladores de la oposición y de la facción disidente Añeteté del oficialista Partido Colorado. La propuesta requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para ser remitida al Senado, que actuaría como juzgador en el proceso.
El procedimiento de juicio político en Paraguay está regulado en el Artículo 225 de la Constitución Nacional de 1992. Es un mecanismo de responsabilidad política para remover de sus cargos al Presidente, Vicepresidente, ministros y otras altas autoridades por mal desempeño, delitos en el ejercicio de sus funciones o delitos comunes.
Las causales constitucionales se dividen en tres. El mal desempeño abarca la negligencia o incapacidad administrativa sin requerir un delito penal. Los delitos en el ejercicio del cargo incluyen actos de corrupción o prevaricato. Por último, los delitos comunes contemplan cualquier hecho punible del derecho común cometido por el funcionario.
El proceso se divide entre las dos cámaras del Congreso. La Cámara de Diputados actúa como órgano acusador y la Cámara de Senadores funciona como tribunal juzgador.
La primera etapa comienza con la presentación de un libelo acusatorio redactado por un grupo de diputados. Este documento detalla los hechos, el encuadre legal y las pruebas para solicitar la remoción.
Tras su estudio en comisión, la Cámara Baja debate el documento en plenaria. Para que la acusación sea aprobada se requiere una mayoría calificada de dos tercios de los votos. Si se aprueba, la Cámara designa a varios legisladores para que actúen como fiscales acusadores ante el Senado.
La segunda etapa arranca cuando el Senado se constituye formalmente en Tribunal de Juicio Político. Se notifica al acusado con una copia del libelo para que prepare su defensa dentro de un plazo determinado.
En una sesión especial, los diputados acusadores exponen los cargos y la defensa presenta sus descargos. Posteriormente se abre un período probatorio y se presentan los alegatos finales de ambas partes.
Tras este debate, los senadores deliberan públicamente y votan de forma nominal la culpabilidad o inocencia del acusado.
Para que el proceso prospere se exigen mayorías muy estrictas. En la Cámara de Diputados, integrada por ochenta miembros, se necesitan cincuenta y tres votos para aprobar la acusación. En la Cámara de Senadores, compuesta por cuarenta y cinco legisladores, se requiere una mayoría absoluta de dos tercios, es decir, treinta votos favorables para declarar la culpabilidad.
Si se dicta una condena, el efecto inmediato es la destitución del cargo y la posible inhabilitación para ejercer funciones públicas. Aunque el fallo político no impone cárcel, el destituido queda a disposición de la justicia ordinaria para enfrentar los procesos penales correspondientes.
