The Daily Journal.- La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes en segunda discusión la reforma parcial de la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico, que establece que las tarifas eléctricas estarán indexadas a la moneda de mayor denominación en el país, en medio de las persistentes fallas del suministro y las fluctuaciones de voltaje que afectan a los usuarios.
El instrumento, integrado por 119 artículos, contempla un esquema de tarifas subsidiadas para los hogares que no puedan asumir el costo pleno del servicio. También crea una superintendencia encargada de regular la prestación eléctrica, establecer las condiciones tarifarias y supervisar el cumplimiento de los contratos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que el reglamento de la ley desarrollará los mecanismos para aplicar los subsidios y precisó que la indexación estará vinculada a la moneda de mayor valor.
«Está establecido en la ley la existencia de una tarifa subsidiada, pero es el reglamento que va a desarrollar a través de la superintendencia esa tarifa. Van a estar indexadas a la moneda de mayor valor, pero también con un régimen de subsidio, sobre todo aquellas personas que por su nivel de ingresos no puedan pagar una tarifa plena», afirmó.
La reforma también abre espacios para que empresas privadas participen en la generación y autogeneración de electricidad con fines comerciales. Los operadores podrán instalar plantas, producir energía para consumo propio o comercializarla bajo las condiciones que establezca la regulación. El texto contempla incluso la posibilidad de importar electricidad de países vecinos para suministrarla a usuarios en Venezuela.
Rodríguez insistió en que estos mecanismos no representan una privatización del sistema eléctrico nacional.
«La ley no promueve, en modo alguno, la privatización del sistema eléctrico nacional, sino la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación, a la autogeneración de electricidad y puedan, en ese sentido, obtener algún tipo de transacción comercial sobre esa electricidad», señaló.
El parlamentario sostuvo que el Estado mantendrá la responsabilidad de garantizar el servicio, aunque podrá compartir actividades de generación con operadores privados. La nueva superintendencia tendrá además competencias para aplicar sanciones cuando los actores públicos o privados incumplan los contratos o afecten la distribución de energía.
Una reforma en medio de las fallas eléctricas
La aprobación de la reforma coincidió con nuevas fluctuaciones eléctricas en Caracas. Durante la sesión parlamentaria se registraron al menos tres bajones de luz en la capital que afectaron el suministro de agua, por lo que la empresa hidrológica anunció la suspensión temporal del servicio.
Las interrupciones eléctricas constituyen un problema persistente para los hogares y las actividades económicas en Venezuela. Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), apenas 10% de los hogares reporta no sufrir nunca interrupciones del servicio, una proporción que se mantiene estancada desde 2019.
El resto de la población enfrenta cortes eléctricos de varias horas y fluctuaciones de voltaje que afectan tanto la vida cotidiana como los equipos domésticos y las actividades productivas.
La reforma introduce cambios en el esquema de tarifas y en las condiciones para la participación privada, pero su aplicación dependerá de la elaboración de los reglamentos, el funcionamiento de la nueva superintendencia y los mecanismos que se establezcan para garantizar los subsidios y supervisar a los operadores.
