EE UU plantea que Delcy Rodríguez declare la falta absoluta de la Presidencia tras renovar TSJ y CNE

The Daily Journal.- El Gobierno de Estados Unidos plantea que Delcy Rodríguez declare la falta absoluta de la Presidencia de Venezuela una vez que se renueven el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), un paso que, según un alto funcionario del Departamento de Estado, activaría un plazo de seis meses para celebrar nuevas elecciones presidenciales.

«Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año, y el nuevo CNE poco después, y ese trabajo ya ha comenzado, entonces deberían declarar vacante permanente en la presidencia a Delcy Rodríguez», afirmó el funcionario durante una conferencia telefónica con periodistas, realizada bajo condición de reserva.

El representante estadounidense precisó que, hasta el momento de sus declaraciones, la falta absoluta no había sido declarada. Según explicó, la hoja de ruta respaldada por Washington contempla instalar un nuevo TSJ antes de finalizar 2026, renovar posteriormente el CNE y, una vez completadas ambas reformas, activar el procedimiento para convocar los comicios.

El funcionario sostuvo que, de acuerdo con la Constitución venezolana vigente, «la declaración de una falta absoluta en la presidencia» activa un período de seis meses para celebrar nuevas elecciones. Sin embargo, no anunció una fecha concreta para la votación ni precisó cuándo se produciría la eventual declaración.

Renovación judicial antes de diciembre

El representante estadounidense informó que la oposición vinculada con la Asamblea Nacional elegida en 2015 y representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a través de Jorge Rodríguez, acordaron designar integrantes de un comité encargado de proponer nuevos magistrados del TSJ.

El mecanismo prevé que el comité evalúe candidatos y presente una lista de 32 nombres para su consideración por la Asamblea Nacional.

«La clave consistía en garantizar que las personas que integran este comité, este comité de selección, fueran personalidades legítimas y no operadores partidistas», explicó el funcionario.

Según su descripción, la lista está conformada casi en su totalidad por profesores de Derecho y figuras con reputación profesional, lo que consideró un avance en las negociaciones.

El objetivo de Washington es que el nuevo tribunal esté instalado antes de mediados de diciembre. «Para finales de este año, antes de que concluya, deberíamos tener un nuevo tribunal supremo», afirmó.

El funcionario justificó la renovación al sostener que el TSJ ha sido utilizado como instrumento del poder político y recordó decisiones judiciales que limitaron las competencias de la Asamblea Nacional elegida en 2015.

«No se pueden tener elecciones creíbles en ese país sin que eso esté resuelto», insistió al referirse a la necesidad de sustituir la estructura institucional existente antes de convocar nuevos comicios.

El CNE dejaría de decidir quién puede postularse

La reforma del CNE constituye la segunda fase de la hoja de ruta estadounidense. El funcionario adelantó que las conversaciones para modificar el organismo ya están en marcha y que se prevé establecer un comité de expertos para proponer nuevos rectores.

La propuesta incluye una transformación de las competencias del organismo electoral para limitarlo a funciones técnicas y administrativas.

«El CNE pasará a ser fundamentalmente una plataforma técnica. Se despojará de todos sus aspectos políticos», afirmó.

Según el funcionario, el organismo debería concentrarse en instalar las máquinas de votación, habilitar los centros electorales, contar los votos y publicar los resultados, sin decidir qué partidos pueden registrarse ni qué candidatos pueden participar.

El representante estadounidense argumentó que mantener la estructura actual permitiría que los resultados fueran cuestionados por los sectores enfrentados.

«Si celebráramos una elección con la infraestructura actual de ese país, ellos saben cómo organizarla: tienen máquinas de votación, pueden habilitar centros electorales y convocar comicios el próximo mes, pero no sería una elección justa ni sería una elección libre», sostuvo.

Por esa razón, defendió que la reforma institucional preceda a la convocatoria electoral. «Es necesario construir la arquitectura para una elección creíble antes de poder convocarla o llevarla a cabo», afirmó.

Washington utilizará su influencia sobre las autoridades interinas

El alto funcionario defendió la negociación con las autoridades interinas venezolanas y reconoció que Estados Unidos pretende ejercer presión para garantizar que el proceso avance.

«Como Gobierno, debemos utilizar nuestra capacidad de influencia sobre las autoridades interinas para garantizar que este proceso siga avanzando de manera responsable», declaró.

Añadió que el objetivo es celebrar comicios cuyos resultados sean aceptados por los sectores políticos, de modo que la parte derrotada reconozca el resultado y pueda competir nuevamente en elecciones posteriores.

«Nuestro objetivo es lograr una elección en la que, una vez celebrada, la parte derrotada admita que fueron comicios limpios, asuma la derrota, pase a la oposición y, si los otros cometen errores, se postule en cuatro años para recuperar el poder», explicó.

El funcionario sostuvo que una transición pacífica requiere la cooperación de quienes mantienen el control de las instituciones y los cuerpos de seguridad. «Para que una transición sea pacífica, se requiere el compromiso y la cooperación del otro lado de la balanza, en particular de quienes controlan los servicios de seguridad de la nación», señaló.

También atribuyó parte de los retrasos en las conversaciones al terremoto ocurrido en Venezuela, que, según dijo, concentró durante aproximadamente ocho semanas la atención de las autoridades y de los esfuerzos humanitarios.

Garantías políticas y reformas económicas

El representante estadounidense advirtió que la renovación del TSJ y del CNE no sería suficiente si los partidos políticos carecen de libertad para organizarse, hacer campaña y comunicarse con los electores.

«No puede haber comicios si los actores políticos no pueden expresarse sin temor a represalias, detenciones o situaciones similares», afirmó.

Entre las condiciones mencionadas incluyó el acceso a los medios de comunicación, la posibilidad de utilizar redes sociales y la libertad de circulación de los candidatos por el territorio nacional.

Asimismo, sostuvo que las reformas políticas deben avanzar en paralelo con las económicas. Argumentó que un Gobierno elegido mediante el voto popular podría enfrentar dificultades para mantenerse si hereda una economía deteriorada, problemas de suministro eléctrico, escasez de combustible, inflación elevada y altos niveles de criminalidad.

«No se le puede condenar a cargar con una calamidad económica», afirmó.

El funcionario advirtió que el descontento social derivado de esas dificultades podría comprometer la estabilidad de una nueva administración, incluso después de unas elecciones reconocidas.

«Nuestro cometido es conceder a Venezuela la mayor probabilidad de consolidar una república perdurable que trascienda un período de gobierno», aseguró.