El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) formalizó este lunes una presentación ante las Naciones Unidas (ONU), mientras que Amnistía Internacional (AI) anunció que elevará esta semana una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU contra el presidente argentino, Javier Milei. Ambas acciones responden a agresiones e intimidaciones verbales dirigidas a cinco periodistas de investigación.
Las acciones responden a las descalificaciones emitidas por el mandatario el pasado viernes 23 de octubre, cuando llamó a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio «corruptos», «mercenarios» y «fabricantes seriales de operaciones», añadiendo que «se tienen que quemar en la hoguera».
Los cinco profesionales investigaron durante meses el caso de la criptomoneda $LIBRA, un activo que se desplomó tras ser promocionado por Milei en sus redes sociales. Este hecho afectó a miles de inversores. Las declaraciones públicas del mandatario se produjeron inmediatamente después de que la Justicia argentina dictara su sobreseimiento en dicha causa penal.
Las denuncias
En primer lugar, FOPEA entregó un informe técnico al relator especial de la ONU para la Libertad de Expresión, Leopoldo Maldonado Gutiérrez. El documento reporta que las agresiones a la prensa atribuidas a Milei pasaron de 56 en 2024 a 119 en 2025, alcanzando 175 en lo que va de 2026.
Mientras tanto, Amnistía Internacional confirmó que formalizará sus presentaciones en el transcurso de la semana ante la CIDH y la ONU. «Cuando un presidente habla de hogueras y señala públicamente a periodistas, cruza un límite gravísimo», sostuvo la directora ejecutiva de AI Argentina, Mariela Belski.
Sumado a esto, la Sociedad Interamericana de Prensa emitió un alerta sobre la escalada de descalificaciones presidenciales dirigidas a comunicadores en redes sociales y discursos públicos.
La posición de los afectados
Hugo Alconada Mon, ganador del Premio Pulitzer en 2017 y uno de los señalados por el mandatario, expresó tras los ataques: «Cuando las palabras son más que palabras, la violencia institucional afecta a la democracia».
Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos tienen la obligación legal de tolerar un mayor nivel de crítica ciudadana y deben abstenerse de emitir discursos que puedan incitar al acoso o a agresiones por parte de terceros.
¿Qué procede?
Tras la formalización completa de las presentaciones, el proceso ante la CIDH y la ONU avanzará mediante una evaluación de admisibilidad en la que las secretarías técnicas de ambos organismos analizarán si las denuncias cumplen con los requisitos formales y si evidencian vulneraciones a tratados internacionales sobre derechos humanos.
De ser admitidos los trámites, los organismos notificarán formalmente al Gobierno argentino y le otorgarán un plazo legal para brindar explicaciones oficiales sobre las declaraciones del mandatario.
Posteriormente, las relatorías especiales evaluarán la respuesta estatal y podrán emitir comunicados de advertencia o incluir el caso en su informe anual sobre la libertad de prensa en la región. Finalmente, si determinan la existencia de un riesgo inminente para la integridad de los comunicadores señalados, la CIDH estará facultada para dictar medidas de protección o convocar a una audiencia temática pública entre las partes.
