Neirlay Andrade
Cuando Hugo Chávez llegó a la Presidencia de Venezuela, en 1999, la deuda externa del país rondaba los 28.000 millones de dólares. Más de dos décadas después, las estimaciones de los compromisos financieros venezolanos se sitúan entre 150.000 millones y 170.000 millones de dólares, un monto que equivale a entre cinco y seis veces la cifra registrada al inicio del chavismo.
La dimensión del endeudamiento podría ser todavía mayor. En junio de 2026, el diario británico Financial Times informó que Venezuela se preparaba para revelar obligaciones por aproximadamente 240.000 millones de dólares, una cifra superior a las estimaciones que manejaban entonces los mercados financieros.
El economista Manuel Sutherland alertó sobre las consecuencias de asumir un pasivo de esa magnitud. Si la deuda alcanzara esos niveles, explicó, la relación entre los compromisos externos y el producto interno bruto (PIB) superaría el 300 %. Ante ese escenario, advirtió que Venezuela sería “un país completamente inviable”.
En mayo de 2026, la administración venezolana designó a la firma estadounidense Centerview Partners como asesora financiera para conducir el proceso de reestructuración de la deuda soberana y de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Sutherland cuestionó la contratación de la firma, criticó que fuera seleccionada sin un concurso público y puso en duda los costos de sus servicios.
Según las cifras que presentó, la asesoría tendría un costo de 150 millones de dólares, además de una posible comisión adicional vinculada al resultado de la negociación. El economista calificó ese desembolso como “un robo bestial” y cuestionó la falta de transparencia sobre las condiciones de la contratación.
En su análisis, también se refirió a los ingresos petroleros y financieros obtenidos por Venezuela entre 1999 y 2015. Estimó que durante ese período el país recibió alrededor de “un millón de millones de dólares” y cuestionó el destino de esos recursos, al afirmar que fueron “robados, hurtados y saqueados”.
“Esto era para ponerle aire acondicionado a las aceras. Eso era para comprar robots que nos llevaran al taxi y nos llevaran a la casa cargados y que todos los hogares tuvieran una robotina y tuvieran 20.000 dólares mensuales por ser venezolanos”, afirmó.
Sutherland, director del Centro de Estudios del Desarrollo (CENDES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), considera que la magnitud de los pasivos y las condiciones en las que se adelante una eventual reestructuración son factores determinantes para las perspectivas económicas del país.
El economista defiende la necesidad de reestructurar la deuda externa, “pero no con malandros” —en alusión a la firma estadounidense contratada para asesorar el proceso—, “sino con el Fondo Monetario Internacional y con una auditoría ciudadana”.
“Nosotros, todos, debemos ver cuánto es que se debe, a quién se le debe y qué monto se le debe”, insistió.
