José Leonardo Salazar
La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva ha consolidado un modelo de protección activa de la Amazonía brasileña, en marcado contraste con la agenda extractiva y desreguladora que representaba la candidatura de Flávio Bolsonaro, una diferencia cuyas consecuencias trascienden las fronteras de Brasil y resultan determinantes para el futuro del bosque tropical más grande del planeta.
Según la información disponible en redes sociales y medios internacionales, la gestión de Lula ha logrado reducir la deforestación en un 71% respecto a 2022, alcanzando los niveles más bajos desde 1988, año en que comenzó el monitoreo satelital, un resultado que responde a la reactivación del Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación (PPCDAm), archivado durante el gobierno anterior, y que incluye vigilancia satelital reforzada, aplicación de sanciones y bloqueo de créditos a quienes deforestan ilegalmente.
A ello se suma un compromiso diplomático sin precedentes, pues Lula ha posicionado la protección de la Amazonía como política de Estado y escaparate internacional, incluyendo la organización de la COP30 en Belém, y ha vinculado la conservación con la regularización de tierras indígenas y la cooperación regional. Sin embargo, esta imagen de coherencia ambiental se ve profundamente sacudida por una de las decisiones más controvertidas de su mandato: su defensa entusiasta de la explotación petrolera en la desembocadura del río Amazonas, un proyecto que lo ha enfrentado directamente con los grupos ecologistas que antes lo respaldaban y que revela una tensión interna difícil de resolver entre el desarrollo económico y la preservación del ecosistema que dice proteger.
En contraste con el avance ambiental de Lula, los planes y el historial del bolsonarismo apuntaban en la dirección opuesta: durante el gobierno de Jair Bolsonaro la deforestación se disparó cerca de un 60%, con más de 45.000 km² arrasados, debido a la flexibilización de la fiscalización y el debilitamiento de los organismos ambientales, y el candidato Bolsonaro prometió facilitar la minería y la agricultura en áreas protegidas, mientras su entorno político impulsó proyectos de infraestructura que los expertos advierten que acelerarían la pérdida de bosque.
No obstante, la diatriba ambiental de Lula se intensificó cuando, tras el hallazgo de hidrocarburos en el pozo Morpho, a unos 175 kilómetros de la costa de Amapá, el presidente calificó el descubrimiento como «un pasaporte hacia el futuro» del país y defendió su explotación como una cuestión de «soberanía nacional», afirmando que «un país que tiene un petróleo de esta calidad no va a permitir que nadie lo toque» .
Lula ha sostenido que los ingresos petroleros son necesarios para financiar la transición energética y ha minimizado las críticas al señalar que la zona de perforación se encuentra a más de 500 kilómetros de la desembocadura del río, prometiendo al mismo tiempo que Brasil seguirá siendo «el rey de la innovación en biocombustibles» .
En síntesis, mientras la victoria de Lula representa la continuidad de la caída de la deforestación y el fortalecimiento de los compromisos climáticos de Brasil en foros internacionales, su defensa de la exploración petrolera en la Margen Ecuatorial introduce una contradicción que sus críticos consideran irreconciliable con la imagen de líder ambiental que proyecta globalmente.
La alternativa bolsonarista implicaba un retorno a la desregulación que históricamente resultó en un aumento drástico de la destrucción de la selva, pero el legado de Lula quedará marcado por esta disputa interna entre proteger la Amazonía y perforar sus costas en busca de crudo; el desafío pendiente será sostener ese legado frente a un Legislativo adverso y frente a sus propias decisiones, en un país donde la Amazonía sigue siendo el termómetro de la coherencia ambiental de sus gobernantes.
