Leonardo Salazar
La crisis ecológica y alimentaria actual no es un fallo técnico del sistema, sino una consecuencia directa de un modelo económico que prioriza la rentabilidad financiera por encima de las necesidades de la población.
En la economía de mercado, si un volumen de alimentos no alcanza los márgenes de ganancia esperados o satura la oferta haciendo bajar los precios, las dinámicas comerciales prefieren su pérdida o destrucción antes que su distribución gratuita o a bajo costo.
Bajo este enfoque, la tierra, los bosques y la biodiversidad son vistos como recursos infinitos para la acumulación, simples mercancías. Se deforestan millones de hectáreas para maximizar la producción y la ganancia a gran escala, ignorando el costo ecológico de generar excedentes que el propio mercado desechará por razones de especulación.
Monopolio, impunidad y deforestación
En el centro de este fenómeno se encuentran las grandes corporaciones transnacionales del sector agroindustrial, cuyo inmenso poder de mercado dicta qué se siembra, dónde y a qué precio.
Al imponer el modelo de monocultivo intensivo a gran escala (como la soja, la palma de aceite o la ganadería extensiva), las transnacionales acaparan enormes extensiones territoriales. Esta presión desplaza a las comunidades locales y devora millones de hectáreas de bosques nativos y selvas tropicales para satisfacer la demanda de los mercados financieros internacionales.
A pesar de sus discursos públicos sobre «sostenibilidad» y «deforestación cero», muchas corporaciones continúan financiando directa o indirectamente la destrucción de ecosistemas mediante subcontrataciones opacas, priorizando la reducción de costos y la maximización de sus dividendos anuales por encima del colapso ecológico que provocan.
La cadena agroalimentaria bajo la lupa regulatoria
Para revertir esta tendencia y restaurar el principio de la alimentación como un derecho humano, la FAO enfatiza que es inútil implementar parches aislados. Se requiere intervenir de manera coordinada en un sistema diseñado para la ganancia corporativa y reorientarlo hacia la sostenibilidad:
Productores agrícolas: Presionados por los precios y los estándares estéticos impuestos por las transnacionales, necesitan apoyo técnico y financiero para optimizar sus cosechas, evitando que las mermas iniciales sean absorbidas como pérdidas inevitables del negocio.
Empresas y distribuidoras: Deben reestructurar radicalmente la logística de transporte, rompiendo la lógica del oligopolio para garantizar que los alimentos lleguen a las poblaciones vulnerables en lugar de perderse por sobreproducción comercial.
Consumidores: Atrapados en dinámicas de hiperconsumo fomentadas por el marketing corporativo, deben transitar hacia hábitos de compra responsables que desmercantilicen el acto de alimentarse.
Responsables políticos: Es urgente que los Estados abandonen la neutralidad frente al mercado. Deben diseñarse normativas internacionales vinculantes que sancionen el desperdicio comercial, frenen la impunidad de las transnacionales y garanticen por ley que la producción agrícola sirva primeramente para erradicar el hambre.
