The Daily Journal – Un tribunal británico anuló el pasado martes la ley que prohibía las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo en Trinidad y Tobago. Anteriormente. La ley contemplaba penas de hasta cinco años de prisión por “sodomía” y de dos años por “indecencia grave” entre parejas homosexuales. Sin embargo, estos términos han quedado obsoletos en los sistemas jurídicos contemporáneos y son incluso considerados ofensivos.
Esto constituye un hito para los derechos LGBTQ+ en esta nación caribeña y deja sin efecto una normativa de la época colonial con más de un siglo de antigüedad.
En su fallo, el Comité Judicial del Consejo Privado, con sede en Londres y máximo tribunal de apelación para varias antiguas colonias británicas, ratificó la decisión de una instancia judicial inferior que ya había invalidado previamente la ley vigente en el país.
El juez del Consejo Privado Philip Sales determinó que la ley de Trinidad y Tobago era inconstitucional: “Esas leyes no pueden considerarse razonablemente justificables en una sociedad que respeta debidamente los derechos y las libertades de las personas”, afirmó. También agregó que “las leyes que buscan penalizar tales actividades no pueden justificarse”.
El último empujón de la lucha
Lo que impulsó la decisión del Consejo Privado fue la perseverancia judicial de Jason Jones frente a la inacción del parlamento trinitense.
Jones es un activista por los derechos LGBTQ+ de Trinidad y Tobago radicado en el Reino Unido, que se interpuso en febrero de 2017 una demanda histórica ante la Alta Corte de su nación para impugnar las Secciones 13 y 16 de la Ley de Delitos Sexuales. Su argumento fue que la criminalización de las relaciones consensuadas entre adultos atentaba directamente contra la privacidad, la libertad personal y los derechos fundamentales garantizados por la Constitución.
El litigio adquirió un impulso decisivo cuando el juez Devindra Rampersad dictaminó en abril de 2018 que dichas secciones eran inconstitucionales y nulas, un triunfo rotundo para el activismo.
Sin embargo, ello provocó una inmediata reacción del gobierno local, el cual recurrió la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones argumentando la vigencia de la «cláusula de salvaguarda» colonial destinada a proteger leyes preconstitucionales.
Tras un revés en marzo de 2025 donde la corte local favoreció la postura estatal, Jones no se detuvo y elevó el caso en abril de 2025 al Comité Judicial del Consejo Privado en Londres, la máxima instancia judicial para la nación caribeña.
La determinación de llevar la causa hasta el máximo tribunal británico detonó la revisión definitiva de la doctrina legal caribeña, culminando en el fallo de noviembre de 2026 donde los magistrados desestimaron la defensa del Estado trinitense. Esta resolución ratificó de forma inapelable que las arcaicas normas de la era colonial no podían prevalecer sobre la protección universal de la dignidad humana y la vida privada.
Tras la victoria del martes, Jones dijo a CNN que el caso buscaba proteger los derechos humanos: “Esto se trata de los derechos del ciudadano, de todos los ciudadanos, y de la autonomía corporal… y realmente espero que la gente lo vea más como un movimiento democrático que como algo exclusivamente LGBT”.
El fallo, añadió Jones, brindará alivio psicológico a las comunidades marginadas, que, según dijo, han estado viviendo en las sombras.
¿Por qué un tribunal británico?
Aunque Trinidad y Tobago es un país independiente, sigue siendo una república dentro de la Mancomunidad de Naciones británica. Si bien varias antiguas colonias han revocado o derogado las leyes de la época colonial sobre la sodomía —Inglaterra y Gales despenalizaron las relaciones sexuales entre hombres en la década de 1960—, todavía existen restricciones similares en decenas de otros países.
Asimismo, activistas y expertos jurídicos señalan que esta sentencia podría abrir la puerta a iniciativas similares por parte de defensores de derechos en otras antiguas colonias que aún criminalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo.
Según la organización benéfica británica Human Dignity Trust, al menos otras cuatro antiguas colonias británicas en el Caribe como Jamaica, Guyana, Grenada, y San Vicente y las Granadinas, criminalizan la actividad sexual entre hombres, aunque no todas ellas se encuentran bajo la jurisdicción de apelación del Consejo Privado.
A su vez, Human Dignity Trust celebró el fallo del martes, y su directora ejecutiva, Téa Braun, afirmó: “Esta no es solo una victoria para las personas LGBT+ de Trinidad y Tobago, sino otra poderosa ratificación de que las leyes que penalizan la intimidad privada y consensuada entre personas del mismo sexo no tienen cabida en una sociedad que respeta debidamente los derechos y las libertades fundamentales”.
