José Leonardo Salazar P.
El pasado 4 de noviembre, la Comisión Permanente de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional acogió la jornada “Las Convenciones de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación de los Suelos: Avances y Desafíos de las COP”. El encuentro, con 180 participantes de más de 30 organizaciones, produjo un documento que recoge un conjunto de principios y denuncias geopolíticas, como el multilateralismo de los pueblos, las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales y la deuda climática del Norte, pero ecasea en datos verificables sobre la gestión ambiental doméstica.
El encuentro abordó asuntos relevantes de cara a la COP31, que se celebra en Antalya, Turquía, entre ellos el financiamiento climático, las responsabilidades diferenciadas entre los países, la transferencia tecnológica, los impactos ambientales de la transición energética y la necesidad de fortalecer la participación comunitaria en la protección de la naturaleza.
El documento de conclusiones reivindica el derecho de los países del Sur Global a disponer de recursos financieros y tecnológicos para enfrentar la crisis climática, cuestiona las desigualdades del sistema económico internacional y plantea propuestas locales como legislar sobre la responsabilidad extendida del fabricante, la reforestación urbana, los viveros comunitarios y la cogestión de parques nacionales.
Sin embargo, más allá de la pertinencia de buena parte de estos planteamientos, la sistematización del foro deja por fuera un aspecto muy importante: no establece indicadores que permitan evaluar los resultados de las políticas ambientales venezolanas ni ofrece suficientes referencias técnicas y estadísticas para sustentar algunas de sus afirmaciones. Entre ellas destaca la afirmación de que el 64,20 % del territorio nacional está sujeto a figuras de protección especial, que el 80 % de la generación eléctrica limpia procede del Guri y que Venezuela mantiene una condición de nación carbono neutral porque absorbe más gases de efecto invernadero de los que emite. Son afirmaciones que requieren fuentes verificables, períodos de referencia y metodologías que permitan conocer su alcance y exactitud.
En materia de conservación, por ejemplo, no basta con exhibir un elevado porcentaje de territorio protegido mediante decretos. La existencia de parques nacionales y otras áreas bajo régimen de administración especial no garantiza por sí sola la preservación de sus ecosistemas. La protección efectiva exige vigilancia, presupuesto, investigación científica, planes de manejo y capacidad institucional para impedir actividades que comprometan la integridad de esos espacios. Los episodios relacionados con la reciente incursión de un helicóptero en la sima Humboldt, en el parque nacional Jaua-Sarisariñama en el estado Bolívar, o la deforestación de áreas del parque nacional Terepaima, en Lara, para establecer cultivos de café a pleno sol, evidencian las contradicciones que pueden existir entre la protección jurídica de un territorio y su conservación real.
No se trata de desconocer la importancia de las figuras legales de protección, sino de entender que un parque nacional no se conserva por el solo hecho de aparecer delimitado en un decreto. Se conserva cuando se respetan sus normas, se protegen sus ecosistemas y se impiden intervenciones incompatibles con sus objetivos de preservación.
Otro aspecto que merece mayor profundidad es la evaluación de la política ambiental nacional. El documento menciona iniciativas como la Gran Misión Madre Tierra Venezuela y el Plan Chuquisaca, pero no presenta indicadores sobre superficie efectivamente recuperada, hectáreas reforestadas, tasas de deforestación, calidad de los cuerpos de agua, recuperación de suelos o resultados de los programas de conservación.
Un balance de la eficacia de las áreas protegidas existentes, un informe del cumplimiento de los acuerdos ambientales adoptados o una evaluación del impacto real de las medidas coercitivas unilaterales en las políticas de conservación ambiental, deben ser respaldados por datos.
La misma exigencia de rigor debe aplicarse a la discusión internacional. La defensa del financiamiento climático, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y los mecanismos para atender las pérdidas y daños son reivindicaciones legítimas. Pero necesitan acompañarse de propuestas concretas, compromisos verificables y una evaluación transparente de las responsabilidades nacionales.
De cara a la COP31, Venezuela tiene la oportunidad de defender una posición firme frente a las desigualdades climáticas internacionales. Sin embargo, su credibilidad también dependerá de la capacidad para demostrar avances propios en adaptación, conservación de la biodiversidad, protección de cuencas hidrográficas, neutralidad en la degradación de los suelos y reducción de la vulnerabilidad de sus ecosistemas. La crisis climática exige cooperación internacional, justicia financiera y transferencia tecnológica. Pero también demanda políticas públicas sustentadas en información científica, instituciones capaces de hacer cumplir la legislación y mecanismos de evaluación que permitan conocer qué se ha hecho y cuáles han sido sus resultados.
La protección ambiental no puede convertirse en una competencia de decretos y declaraciones institucionales. Tener una extensa superficie de parques nacionales en el papel no significa necesariamente conservar la biodiversidad que contienen. La verdadera medida de una política ambiental está en lo que se protege efectivamente sobre el territorio y que pueda ser verificable con datos.
