The Daily Journal – El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea (UE) y Cooperación de España, José Manuel Albares, afirmó este martes que una mayoría de países de la UE concuerdan con el levantamiento de sanciones comunitarias contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La consideración viene a raíz de la Ley de Amnistía para los presos políticos que la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) aprobó en febrero del año en curso.
Además, aseguró que se están haciendo esfuerzos por convencer al resto de naciones de la UE. En una conferencia de prensa en Bruselas, Albares sostuvo que la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, está conversando con los «pocos países que todavía tienen alguna duda o alguna reticencia» ante la propuesta de retirar las sanciones a Rodríguez.
Según el funcionario, «no tiene sentido» que la ejecutiva encargada arrastre las medidas restrictivas previas que le imponía la UE: «la Alta Representante estuvo de acuerdo conmigo desde el primer momento, y en estos momentos una mayoría de países también lo están».
Asimismo, Albares ratificó que durante la XXX Cumbre Iberoamericana, España reafirmó su disposición a acompañar la trancisión de Venezuela en el camino hacia «unas elecciones libres competidas, donde todo el que quiera puede participar».
«España está dispuesta a involucrarse en esa transición y yo creo que es bueno que la Unión Europea pues dé un paso también adelante y tenga interlocución, igual que la tiene Estados Unidos u otros países», insistió el canciller.
La Ley de Amnistía para los presos políticos
Formalmente llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, fue aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2026. Su objetivo formal es la extinción de la responsabilidad penal de personas procesadas, perseguidas o condenadas por motivos políticos en diversos contextos de protesta y actividad política desde el año 1999.
La normativa abarca 13 eventos políticos y electorales clave, entre ellos las manifestaciones relacionadas con las elecciones presidenciales de julio de 2024 y procesos regionales o parlamentarios, las protestas de 2014, 2017 y el periodo enero-abril de 2019 y eventos vinculados al referendo revocatorio de 2004, las primarias opositoras de 2023, entre otros.
A raíz de la aprobación de la norma, se procesó la excarcelación y otorgamiento de libertades plenas 1.055 personas. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, como Foro Penal, y colectivos de familiares han reportado un estancamiento en el ritmo de ejecuciones judiciales para los casos restantes.
Según los datos recaudados por estas ONG, cerca de 300 a 400 detenidos han quedado de momento fuera del alcance de la medida debido a la exclusión explícita de militares procesados por rebelión o casos clasificados como «delitos graves contra la seguridad de la Nación».
Sumado a esto, aunque se plantea abarcar desde 1999, activistas denuncian que los lapsos específicos cubren apenas lapsos puntuales dentro del historial de persecución. También, que existen personas con boletas de excarcelación ya firmadas que aún no han sido ejecutadas, o casos cuyos paraderos se investigan de forma previa a certificar el ingreso formal en el registro.
Hasta la fecha, cientos de personas continúan bajo privación de libertad o bajo medidas cautelares restrictivas, prohibición de salida del país y regímenes de presentación.
