The Daily Journal.- Los acreedores de Venezuela podrían enfrentar mayores pérdidas de las previstas en una eventual reestructuración de la deuda, un proceso que también podría prolongarse más de lo esperado debido a la incertidumbre sobre el monto de los pasivos, las perspectivas petroleras y las diferencias dentro del Gobierno de Estados Unidos, según un análisis publicado por Bloomberg.
La consultora Signum Global considera que los mercados están subestimando tanto los descuentos que deberán aceptar los tenedores de bonos como las dificultades para alcanzar un acuerdo sobre las obligaciones financieras del país.
«Esperamos que la reestructuración sea considerablemente menos favorable para los acreedores de lo que anticipan los mercados», sostuvo la firma, que prevé una mayor presión de Washington para conseguir un alivio sustancial de la deuda venezolana.
De acuerdo con el análisis, las obligaciones pendientes podrían superar los US$200.000 millones, frente a una estimación de aproximadamente US$160.000 millones que maneja actualmente parte del mercado. La diferencia dependerá, entre otros factores, de la validación de las reclamaciones comerciales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Signum Global señala que todavía no existe una auditoría independiente que permita verificar plenamente esas facturas. Entre US$30.000 millones y US$40.000 millones en reclamaciones comerciales, principalmente vinculadas con la estatal petrolera, podrían enfrentar obstáculos legales para ser reconocidas.
No obstante, la consultora considera posible que Caracas incorpore una proporción mayor de esas obligaciones a las negociaciones, especialmente si Pdvsa mantiene un papel central en la industria de hidrocarburos.
A esos compromisos se suman las obligaciones bilaterales, particularmente con China, cuyos mecanismos de pago mediante envíos de petróleo se han interrumpido o reducido, según el análisis.
Los acreedores y las diferencias en Washington
Aunque la coordinación entre los tenedores de bonos ha avanzado, Signum Global considera que todavía no tienen suficiente capacidad de negociación para contrarrestar las exigencias de Estados Unidos.
Un grupo ad hoc de acreedores representa aproximadamente el 40% del principal pendiente. Sin embargo, la firma advierte que esa participación no garantiza una posición de fuerza frente a Washington.
«No creemos que una mayor coordinación de los acreedores proporcione suficiente influencia para resistir las exigencias de Washington», señaló.
Otro factor que podría retrasar el proceso es la falta de un análisis de sostenibilidad de la deuda (DSA, por sus siglas en inglés), un instrumento que permite determinar la capacidad de pago del país y establecer las condiciones de una eventual reestructuración.
Signum Global esperaba que ese documento se publicara, como máximo, durante el tercer trimestre de 2026. Sin embargo, las diferencias entre organismos estadounidenses también podrían dificultar su elaboración y divulgación.
Según la consultora, el Departamento de Estado favorece acelerar el proceso, mientras que el Departamento del Tesoro prefiere un esquema más convencional, respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La firma también observa «crecientes señales sobre el terreno de que Caracas probablemente publicará un marco macroeconómico preliminar antes de completar el DSA», una posibilidad que podría reducir la urgencia de divulgar el análisis definitivo.
A las dificultades se suma el nuevo marco petrolero venezolano. Los contratos de participación productiva se negocian individualmente, lo que complica las proyecciones sobre los ingresos fiscales y, por tanto, la capacidad de pago del país.
La recuperación petrolera, clave para los acreedores
Las perspectivas de producción de hidrocarburos constituyen otro elemento central en las estimaciones de recuperación de los bonistas. Signum Global calcula que el bombeo venezolano apenas aumentó alrededor de 100.000 barriles diarios durante los últimos seis meses.
«No vemos señales de un aumento exponencial de la producción a corto plazo», advirtió la firma, que atribuye la cautela de los operadores a la incertidumbre política y regulatoria.
Las previsiones de corto plazo apuntan a una producción de entre 1,2 millones y 1,3 millones de barriles diarios, mientras que la meta de alcanzar 1,5 millones de barriles diarios se desplazaría progresivamente hacia el cuarto trimestre de 2027.
Según el análisis, los supuestos más conservadores sobre la producción petrolera explican entre 85% y 90% de la reducción de las recuperaciones estimadas para los acreedores en los escenarios examinados por la consultora.
Signum Global también advierte que un incremento del bombeo no se traduciría necesariamente en un aumento proporcional de los ingresos públicos, un aspecto relevante para determinar cuánto podría destinar Venezuela al pago de sus obligaciones.
Aunque el FMI proyecta un crecimiento de la economía venezolana de 5% en 2026 y 7% en 2027, la firma considera que los inversionistas también están subestimando los riesgos políticos de mediano y largo plazo que rodean la negociación.
«Los mercados están subestimando los riesgos políticos de mediano a largo plazo que rodean la eventual reestructuración», sostiene el análisis, que señala las dificultades de una transición política y los problemas de gobernabilidad como factores adicionales de incertidumbre.
Con información de Bloomberg
