Vanessa Davies
The Daily Journal – La Universidad Simón Bolívar está prácticamente paralizada. Lo aseguró el exrector de esta casa de estudios, Benjamín Scharifker, durante el debate sobre una nueva ley universitaria organizado por el Rectorado de la UCV y realizado el pasado jueves 4 de noviembre. Para el científico, discutir una nueva ley universitaria es un tema importante, pero no urgente, porque lo urgente es el salario, el presupuesto y lo que hace que las instituciones puedan respirar.
«Tenemos dos núcleos, dos sedes. Uno queda en Sartenejas, a unos 20 o 30 kilómetros de acá, y el otro queda en Camurí, a 20 o 30 kilómetros del centro urbano de La Guaira. Pero no tiene autobuses. La Universidad Simón Bolívar solía tener cuarenta y tantos autobuses, ahora tiene tres. ¿Cómo puede una universidad que solía tener 10 mil estudiantes, que ahora tiene 3 mil, transportar a sus estudiantes, a sus profesores, a sus trabajadores a lo largo de ese trayecto, cuando ni siquiera hay transporte público que sirva a esas localidades donde está ubicada la Universidad Simón Bolívar?», preguntó Scharifker.
Para qué discutir ahora una ley de universidades «cuando no somos capaces de cumplir el ordenamiento legal vigente. La discusión de una ley de universidades es importante, importantísima, pero no es urgente. Lo urgente es que las universidades funcionen», manifestó el profesor.
La necesidad de una nueva norma para el sector la puso sobre la mesa la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, quien aseguró que se llevará a cabo una discusión amplia para que todos los sectores puedan opinar. La Ley de Universidades vigente en el país data de 1970, y como lo sostuvo el director adjunto de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), Ricardo Ríos, es el momento de ajustarla a los nuevos tiempos.
Un debate amplio
El rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Víctor Rago, sentenció que las universidades pueden ocuparse de varios temas a la vez. Notificó que el Consejo Universitario nombró una comisión para analizar el tema mucho antes del pronunciamiento de la ministra, y llamó a un debate amplio: “Tienen que participar todos los sectores de la comunidad universitaria en todas las universidades, e incluso tienen que participar los sectores de la sociedad civil organizada también, porque la universidad es una institución de la sociedad, no de los gobiernos».
Como lo aseveró, «la primera etapa del debate no debe ser la consideración de un texto legal, sino el examen crítico de la propia institución regulada por ese texto legal o por cualquier otro».
A su juicio, se trata de «discutir sobre la universidad; preservar lo bueno que tiene el texto vigente, aunque sea residualmente, si nos parece que en términos generales está envejecido y obsoleto, y diseñar una nueva ley con menos vocación de exhaustividad que la que tenemos en este momento y que reconozca la amplia diversidad de las instituciones, de las instituciones universitarias». El investigador instó a no tenerle miedo a la transformación universitaria, porque “el cambio necesario, el cambio que es consustancial a estas instituciones, no debe ser concebido como una tragedia apocalíptica que la va a condenar a una servidumbre ajena a su naturaleza, sino como una manifestación de vitalidad de la propia institu
