José Leonardo Salazar P.
Las Conferencias de las Partes, conocidas como COP, son el órgano supremo de toma de decisiones de las principales convenciones ambientales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En estas cumbres globales, de alto nivel, se reúnen jefes de Estado, científicos y líderes sectoriales de la sociedad civil organizada, con el objetivo teórico de negociar acuerdos jurídicos obligatorios, fiscalizar las metas climáticas y movilizar financiamiento para subsanar las desigualdades en los impactos ambientales.
Estos encuentros institucionales nacieron formalmente como respuesta a la histórica Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, bajo la premisa de que las respuestas a las crisis ecológicas requerían un marco legal internacional dinámico que fuera actualizado periódicamente por los países firmantes, denominados «las Partes».
La primera cumbre de la historia fue la COP1 de Cambio Climático, celebrada en Berlin, Alemania, en el año 1995 y su trascendencia radicó en demostrar que los compromisos iniciales eran insuficientes, activando una diplomacia climática que sentó las bases para el Protocolo de Kioto en 1997.
Sin embargo, a más de tres décadas de Río, el formato de las COP enfrenta severos cuestionamientos debido a la enorme brecha entre los discursos diplomáticos y el cumplimiento real de los mandatos, transformando muchas veces los tratados vinculantes en promesas de papel mientras los indicadores de degradación planetaria siguen aumentando.
El mapa actual de estas cumbres abarca diferentes tratados independientes especializados según su temática, donde la COP de Cambio Climático busca reducir las emisiones de carbono impulsada por el histórico Acuerdo de París de 2015, realizándose con un carácter anual. A ella se suman las COP bienales de Biodiversidad, cuyo pilar es el Marco Global Kunming-Montreal de 2022 para proteger el 30% del planeta al 2030, y de Desertificación, además de la Convención de Ramsar para humedales cada tres años, las COPs bienales de los Convenios Químicos de Basilea, Rotterdam y Estocolmo sobre desechos tóxicos, el Convenio de Minamata contra el uso del mercurio, y las cumbres de CITES y la Convención de Bonn para fauna amenazada y especies migratorias.
A pesar de esta densa arquitectura regulatoria, la gran falla del sistema sigue siendo la falta de mecanismos coercitivos reales para sancionar a los Estados miembros que ignoran sus cuotas de reducción de emisiones, continúan subsidiando industrias contaminantes o permitiendo el tráfico ilegal de fauna silvestre.
Dentro de este complejo engranaje multilateral, las organizaciones de la sociedad civil, que agrupan a ONGs ambientales, científicos, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, comunidades locales, mujeres y jóvenes, juegan un rol fundamental como la «conciencia» de las COP. Pese a su enorme relevancia, la fragilidad de su participación quedó en evidencia durante la reciente COP17 de Desertificación celebrada en Ulán Bator, Mongolia. En esta cumbre, temas clave promovidos por las organizaciones sociales, tales como la igualdad de género, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de la participación de la propia sociedad civil en las negociaciones oficiales, fueron bloqueados y excluidos de la agenda oficial de debate por objeción directa de Estados Unidos.
En el horizonte internacional inmediato, la próxima gran cita de la diplomacia global será la COP31 de Cambio Climático, programada del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía. Un encuentro que se avizora tenso y crítico, pues exigirá a las potencias mundiales rendir cuentas estrictas sobre la aceleración de la economía circular y la revisión de unas promesas de reducción de emisiones que, hasta la fecha, siguen siendo insuficientes para frenar el calentamiento global.
Para la República Bolivariana de Venezuela, la participación en estas conferencias va más allá de la retórica y representa un asunto prioritario de seguridad nacional y salvaguarda económica debido a su condición de país megadiverso y custodio de la Amazonía y el Escudo Guayanés.
El país presenta una extrema vulnerabilidad geográfica ante las secuelas del cambio climático, sufriendo sequías agudas que desestabilizan el Embalse del Guri y el sistema eléctrico nacional, junto con lluvias atípicas que provocan trágicos deslaves en las regiones costeras y montañosas, lo que hace vital estar en la mesa de negociación para exigir que las potencias industriales cumplan con el financiamiento del mecanismo de «Pérdidas y Daños».
Sin embargo, Venezuela también enfrenta el urgente desafío doméstico de saldar sus propios compromisos internacionales; la falta de transparencia en datos ambientales y el avance de la deforestación y la contaminación por mercurio ligadas a la minería ilegal al sur del territorio, entendiendo que el verdadero valor de las COP para la nación no radica en asistir a las cumbres, sino en la capacidad y voluntad política de ejecutar sus mandatos dentro del propio territorio.
