The Daily Journal – Este viernes 6 de noviembre, el Tribunal Superior de Mombasa, Kenya, condenó a 200 años de prisión a Paul Mackenzie, líder de una secta religiosa y responsable del asesinato de 191 personas, la gran mayoría niños.
Mackenzie, fundador de la Iglesia Internacional Buenas nuevas, recibió la sentencia junto con otros 30 colaboradores y miembros de su círculo cercano. La condena consiste en 100 años de prisión por el asesinato de quienes murieron de hambre y otros 100 por quienes murieron por homicidio directo.
Se trata de la tragedia de Shakahola, ocurrida en 2023. Desde entonces, el asesino había permanecido encarcelado informalmente hasta el día de hoy, cuando emitieron finalmente la sentencia para él y sus cómplices.
Según las investigaciones, el líder de la secta había persuadido a sus seguidores para que abandonaran sus hogares y se trasladaran al bosque de Shakahola, al este de Kenya. Las autoridades confirmaron que se utilizaron enseñanzas religiosas y la fuerza para imponer el ayuno.
En ese sentido, la jueza Diana Kavedza describió cómo utilizaba sermones y escritos para convencer a sus seguidores de que el mundo exterior era malvado y que la salvación solo se encontraba en el bosque. Mackenzie les prometía que ayunar en el lugar los acercaría a Dios y los prepararía para el cielo.
Asimismo, el Tribunal Supremo determinó que los guardias de la secta controlaban los movimientos de los seguidores y les impedían dejar el sitio o la práctica en sí. Quienes se resistían eran obligados a obedecer, mientras retenían a los niños, se les negaba comida e incluso se les castigaba si intentaban comer o escapar: los golpeaban, encerraban y sometían forzosamente.
El ente estatal confirmó también que el criminal tenía entre sus planes que los niños murieran primero, seguidos de los jóvenes y las mujeres. También esperaba que los hombres sobrevivieran el tiempo suficiente para enterrar sus cuerpos antes de fallecer.
Según un informe del Senado keniano sobre el caso, las enseñanzas de Mackenzie se basaban mayormente en creencias apocalípticas y del fin de los tiempos, lo que le permitió persuadir a sus seguidores de realizar acciones a su conveniencia con el fin de «encontrarse con Jesús» y «ganarse un lugar en el cielo». También atacaba la educación formal y la medicina moderna en su discurso.
Este es solo el principio
En el contexto de la masacre de Shakahola en 2023, cuerpos policiales ejecutaron numerosas operaciones de rastreo y excavación en la zona del bosque, donde consiguieron 400 cuerpos en fosas comunes.
No obstante, para evitar el colapso del proceso penal y acelerar la obtención de resoluciones condenatorias firmes, la fiscalía optó por segmentar la megacausa en distintos pliegos acusatorios delimitados por tipología penal y grupo demográfico de las víctimas.
El expediente judicial que culminó en la sentencia dictada fijó su objeto formal de debate exclusivamente en el homicidio intencional de 190 menores de edad y un adulto. Para este grupo específico, el órgano acusador logró consolidar el nexo causal directo mediante peritajes genéticos de ADN, autopsias médico-legales que ratificaron la inanición forzada o la asfixia, y testimonios de sobrevivientes que identificaron nominalmente a los ejecutores.
Los restos de las víctimas halladas en el predio rural no han sido desestimados por la justicia; permanecen adscritos a causas paralelas independientes que contemplan acusaciones por homicidio en perjuicio de la población adulta restante, así como imputaciones adicionales por delitos de terrorismo, facilitación de actos extremistas y radicalización coercitiva que continúan su trámite en los tribunales kenianos.
Un precedente en la ley keniana
La tragedia de Shakahola expuso una falla estructural en Kenia: las entidades religiosas funcionaban bajo una regulación idéntica a la de un club deportivo o una asociación social (la antigua Societies Act).
Este vacío legal permitía que líderes carismáticos operaran en total opacidad, sin auditorías financieras, sin registro formal de sus doctrinas y al margen de cualquier supervisión gubernamental.
A raíz de este hecho, el gobierno keniano constituyó la Comisión Presidencial Musyimi y estructuró la Ley de Organizaciones Religiosas (Religious Organisations Bill). Esta reforma cambió el marco legal del país al imponer la creación de un Registro Centralizado de Organizaciones Religiosas, que otorga y revoca licencias de funcionamiento; exigir credenciales teológicas formales a los líderes de culto y obligar a las iglesias a rendir cuentas sobre sus fondos y donaciones.
Asimismo, se fijaron duras penas de cárcel y multas multimillonarias para quienes dirijan organizaciones no registradas.
El cambio también descentralizó la vigilancia, facultando a los gobiernos locales y condados para realizar inspecciones en recintos religiosos y actuar preventivamente si se detecta la privación de derechos básicos, como impedir el acceso a la educación o la salud a menores de edad.
Aunque la normativa desató un fuerte debate frente al derecho a la libertad de culto (artículo 32 constitucional), redefinió el límite entre la fe y la responsabilidad penal del Estado en la protección de la vida.
