The Daily Journal – En una entrevista concedida a EFE, la defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, afirmó que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella «no tiene como prioridad los derechos humanos», al analizar sus decisiones en materia de seguridad. Marín, abogada constitucionalista de 49 años, sostuvo que el Ejecutivo plantea un «falso debate» que contrapone la lucha contra los grupos armados y la delincuencia organizada con la defensa de los derechos humanos.
Según la funcionaria, «Colombia requiere una política de seguridad dada la situación de orden público y de derechos humanos para las regiones y para la gente», pero cuestionó el papel que se otorga a estos últimos en dicha estrategia. «Cuando la política de seguridad no respeta los derechos humanos, la fuerza pública se puede convertir en un factor de riesgo e inseguridad», señaló, y añadió que está segura de que el Gobierno no busca ese resultado.
Marín indicó que, cuando se llama la atención sobre estas cuestiones, desde el Gobierno «se las minimiza» porque se las percibe como «un obstáculo», y advirtió que ese enfoque «puede ser contraproducente para el propio Gobierno y los resultados que quiere».
En los apenas tres meses del nuevo Gobierno, la defensora ha criticado el bombardeo de campamentos guerrilleros donde puede haber menores y las imágenes del presidente paseando entre cuerpos embolsados de presuntos guerrilleros o participando en redadas con pistola al cinto. En su opinión, que un menor reclutado a la fuerza por una guerrilla muera en un bombardeo del Estado resulta trágico a nivel país: «Es como la foto final de nuestro fracaso como sociedad», sentenció.
Las advertencias de Marín también abarcan los recortes al derecho a la protesta, el proyecto de fumigaciones de cultivos ilícitos con productos tóxicos, la retirada de obras de arte del Museo Nacional y los riesgos derivados de emitir nuevas concesiones mineras y petroleras.
Explicó que, con el cambio de Gobierno, la Defensoría del Pueblo realizó un análisis para evaluar los potenciales cambios de política y los «riesgos para los derechos humanos» que podía generar el nuevo Ejecutivo. A su juicio, el cambio más preocupante percibido en los últimos meses afecta al «pluralismo democrático», término que aglutina tanto los derechos de las comunidades indígenas afectadas territorial o medioambientalmente por una nueva concesión minera, como los derechos de quienes reivindican en una manifestación cuestiones laborales.
Finalmente, Marín defendió que en Colombia existen «diferentes visiones del país» y que el Gobierno no debe favorecer una en concreto, sino lograr «las garantías para que todas puedan expresarse y tener derechos».
Con información de EFE
