Serie «Petróleo bajo control: La Nación, el Estado, la industria y la renta petrolera en Venezuela»
Grupo La Petrólia
En la primera entrega de esta serie examinamos la diferencia entre la propiedad del recurso, el control de la empresa y la apropiación de la renta. Mostramos cómo, después de 1976, el Estado venezolano pasó a concentrar simultáneamente las funciones de propietario del recurso, de autoridad fiscal y de dueño de la empresa operadora. Esa reorganización trasladó al interior del propio Estado las tensiones que, durante el régimen concesionario, se manifestaban entre la Nación y las compañías petroleras. La disputa entre esos “tres sombreros” fue adquiriendo una importancia creciente a medida que la lógica corporativa de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ganaba autonomía y peso frente a las funciones del Estado como propietario y autoridad fiscal, hasta terminar operando como un verdadero caballo de Troya contra los intereses de la propia Nación.
Esta segunda entrega aborda otra dimensión del mismo problema. El control de una industria petrolera también depende de las capacidades que un país desarrolla y mantiene para explorar, producir, transformar, comercializar y administrar sus recursos. La trayectoria desde la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) hasta los actuales acuerdos con operadores extranjeros nos permite preguntarnos cómo Venezuela pasó de proponerse desarrollar esas capacidades dentro del país a depender cada vez más de capacidades contratadas fuera del país.
El reciente acuerdo suscrito entre North American Blue Energy Partners (NABEP) y el Gobierno de Estados Unidos ha generado un intenso debate público. Más allá de las declaraciones oficiales que lo presentan como una oportunidad histórica para reactivar la producción y atraer inversión, consideramos necesario realizar un análisis pausado de su arquitectura legal y de sus implicaciones a largo plazo.
No se trata de un simple contrato comercial, sino de un instrumento que redefine las bases sobre las cuales el Estado venezolano ejerce su soberanía sobre los recursos de hidrocarburos. Para comprender su verdadero alcance, es pertinente examinar la letra pequeña de la reforma legal que la sustenta y contrastarla con la tradición jurídica que, durante décadas, rigió la materia en Venezuela.
En este sentido, el acuerdo con NABEP no constituye un hecho aislado. Es la expresión más reciente de una trayectoria que, desde hace varias décadas, ha ido erosionando los mecanismos de control y participación nacionales en la industria.
“No más concesiones” y la Corporación Venezolana de Petróleo
Para entender esta evolución, resulta útil remontarse al único intento coherente de construir una verdadera soberanía petrolera, expuesto en el libro “El Pentágono Petrolero”, escrito en 1967 por Juan Pablo Pérez Alfonzo. Aquel plan no era un conjunto de consignas vacías, sino una estrategia integral con cinco pilares, y dos de ellos constituían el binomio perfecto para una transición ordenada: la política de “no más concesiones” y la consolidación de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP).
Si no se otorgaban nuevas concesiones, el área de reserva nacional quedaría intacta para ser operada por el Estado. La CVP no era un adorno burocrático; era el vehículo para que los venezolanos aprendiéramos el negocio desde adentro y formáramos a los técnicos que asumirían la industria cuando las concesiones revirtieran a la nación en 1983, sin pagar un centavo de indemnización.
Ese era el camino. Un camino deliberadamente truncado. Los contratos de servicio de 1970 fueron el primer hachazo, presentados como una fórmula moderna para burlar el “no más concesiones”. En la práctica, eran concesiones disfrazadas. Y luego vino la “nacionalización chucuta” de 1976, que, en lugar de esperar a 1983 para asumir el control total con una CVP fortalecida, adelantó la reversión, indemnizó generosamente a las transnacionales por activos depreciados y les permitió quedarse con contratos de asistencia técnica y de comercialización que las mantenían en el corazón del negocio.
Hoy, el acuerdo con NABEP es la culminación grotesca de esa lógica. Ya no se trata de contratos de servicio ni de empresas mixtas con una Pdvsa fortalecida. Se trata de entregar, por un tiempo aún no determinado oficialmente, el control de campos que albergan miles de millones de barriles, a un socio que tiene al Departamento de Defensa de Estados Unidos como accionista y con derecho de veto. Se renuncia a la construcción de capacidades propias porque, sencillamente, se ha decidido que no las necesitamos.
Y aquí es donde el análisis técnico se vuelve imprescindible. La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y su Reglamento no es un accidente. Son la arquitectura legal de esta entrega. El Artículo 26 de la ley establece el “equilibrio económico del proyecto” como límite infranqueable a la potestad tributaria del Estado.
Traduzcamos. Si en el futuro la Asamblea Nacional decide aumentar la regalía y ello afecta la rentabilidad calculada por la empresa operadora, el Ejecutivo está obligado a compensarla. Es una camisa de fuerza que congela la soberanía fiscal en el momento de la firma. Y el Artículo 46 del Reglamento le da a la operadora la llave para iniciar el proceso, puede solicitar reducciones fiscales de forma unilateral demostrando que el proyecto “no es viable”. La operadora nunca pierde; el Estado siempre paga.
Más grave aún, la nueva ley elimina el mínimo de la regalía. Establece que el Estado tiene derecho a recibir “hasta” un 30%, pero no fija un piso. La regalía deja de ser un derecho soberano inalterable y pasa a ser una variable negociable en la ecuación de rentabilidad del proyecto. Y el control accionario del 50% que se nos presenta como garantía de soberanía no es lo mismo que el control sobre las decisiones. Se puede tener la mayoría de las acciones y, al mismo tiempo, ceder la capacidad efectiva para definir políticas operativas, planes de inversión, contratación y comercialización.
El resultado es la antítesis de lo que soñó Pérez Alfonzo. La CVP, ese instrumento que debía prepararnos para la autonomía, es hoy un recuerdo lejano. Mientras tanto, la “seguridad energética” de Estados Unidos se garantiza con nuestro crudo y nuestra soberanía hipotecada. No se trata de un simple negocio. Se trata de la enésima confirmación de que, para las élites que nos han gobernado, el país es un territorio que se administra en beneficio de intereses ajenos.
El Pentágono Petrolero fue el mapa para construir una industria bajo control nacional. La CVP era el vehículo y el “no más concesiones” su blindaje. Ese proyecto comenzó a desmoronarse hace más de medio siglo y nunca volvió a reconstruirse como estrategia de Estado. El vehículo fue abandonado y el blindaje fue perforándose a lo largo de sucesivas etapas de nuestra política petrolera. El acuerdo con NABEP se inscribe en ese proceso histórico. Es uno de sus síntomas más recientes y, quizás, uno de los más obscenos y evidentes. NABEP representa la renuncia inequívoca al desarrollo de capacidades nacionales. Hoy los responsables de esta nueva entrega sonríen a las cámaras hablando de “inversión” y “desarrollo”, mientras las generaciones futuras vuelven a quedar expuestas a las consecuencias de decisiones que comprometen su capacidad para ejercer plenamente los derechos sobre los recursos que les pertenecen.
En la tercera entrega desplazaremos la mirada hacia otra dimensión del desarrollo de las capacidades nacionales de la industria petrolera venezolana. Examinaremos, por ello, el papel de las mujeres en la industria petrolera venezolana y las condiciones que enfrentan para acceder a oportunidades de formación, de carrera y de liderazgo. La pregunta por el control nacional del petróleo se extiende así más allá de quién posee el recurso o dirige la empresa y alcanza también a quiénes participan efectivamente en la construcción de sus capacidades.
