Óscar Reyes Matute
Durante décadas, el electorado de las democracias occidentales procesó la corrupción política no como una anomalía del sistema, sino como su condición atmosférica natural. Nosotros, en Venezuela, hicimos el aguaje, para ser como la mujer del César. Exhumaciones de fondos reservados, clientelismo endémico o tráfico de influencias eran catalogados bajo un pragmatismo cínico: la convicción compartida de que cualquier gobernante, al cruzar el umbral del poder formal, sucumbiría a la tentación del enriquecimiento propio. Yo lo pongo donde hay, le dijo Gómez a un compadre, usted verá.
Sin embargo, la acumulación desmedida de capitales, la confluencia entre élites corporativas y la desfachatez en la gestión pública durante la administración de Donald Trump han fracturado esa apatía tradicional en EE.UU. Lo que antes se asumía como una constante soterrada hoy irrumpe en la arena electoral como un vector de descontento ineludible de cara a las Midterms.
El fenómeno trasciende el ataque partidista convencional. La perversión de las reglas de juego ha alcanzado una dimensión tan explícita que neutraliza la vieja excusa de la equivalencia moral entre bancadas.
Casos emblemáticos como el uso de información privilegiada para transacciones bursátiles (insider trading) por parte de legisladores, la firma de acuerdos de confidencialidad en favor de grandes centros de datos, el redistritado electoral a la medida (gerrymandering) para desactivar el voto de minorías y la intrincada red de favoritismos en los mercados de predicción política dibujan un mapa institucional erosionado.
La promesa populista de «drenar el pantano» se ha revelado como una reconfiguración agresiva de las mismas dinámicas de captura del Estado, elevando el patrimonio de la cúpula gobernante a niveles inéditos mientras las mayorías trabajadoras encajan el impacto de la inflación y el encarecimiento de la vida.
Para el ciudadano común, la percepción de la corrupción ha dejado de ser una abstracción moral para convertirse en un problema material concreto.
Existe una línea directa entre las decisiones legislativas diseñadas a la medida de donantes magnates y la imposibilidad del votante medio de acceder a bienes básicos. Cuando el enriquecimiento de la clase política coincide temporalmente con la desregulación de mercados clave o la protección tarifaria a sectores amigos, el cinismo cívico se transforma en abierta indignación. El votante ya no solo presupone que el político roba; ahora observa en tiempo real cómo la política pública se subasta al mejor postor ante las cámaras de televisión y las pantallas de sus teléfonos.
No obstante, la traducción de este descontento en un cambio de conducta electoral enfrenta severas resistencias estructurales. La polarización ideológica opera como un anestésico eficaz. Para vastos sectores del electorado, el temor a la agenda del adversario —sea el sesgo identitario, la política migratoria o las fricciones geopolíticas— termina por subordinar la gravedad de las faltas éticas. El tribalismo partidista induce a relativizar las transgresiones propias bajo la premisa de que el bando contrario constituye una amenaza existencial mayor.
En el caso que nos concierne (Venezuela-EE.UU.) la voracidad de los contratos petroleros y las vinculaciones de los empresarios con el entorno Trump-Rubio que han aparecido es colosal, implicando incluso a la defensa estadounidense. Tanto así, que estábamos devorándonos unos a otros en los medios, con estos botines, y no terminábamos poner en marcha el inicio natural de la fase 3, las elecciones democráticas, generales, por una razón muy sencilla; María Corina Machado estaba fuera del país, y le seguía pidiendo permiso al Presidente y al Secretario de Estado para regresar, a lo que éstos respondían seguramente «Aún no».
Machado baipaseó seguramente las «recomendaciones» de seguridad del Presidente y el Secretario de Estado, y, como una narcotraficante, se coló en Barquisimeto. Trump fue franco: no tenía información. Rubio remendó el capote: ella no tenía ninguna recomendación de no entrar. Se ha armado el tumultus, tres mujeres en la pelea.
En el caso de EE.UU., la grieta en el consenso de la resignación ya está abierta. Cuando la corrupción abandona los expedientes judiciales para convertirse en el tema central del debate en la calle, el contrato social sufre una alteración profunda. El verdadero peligro para la estabilidad democrática no radica únicamente en la rapiña de los recursos públicos, sino en la consolidación de un sistema donde la ley se aplica con rigor selectivo mientras las instituciones representativas son percibidas como cascarones vacíos.
La actual marejada de desconfianza demuestra que el electorado, lejos de haber olvidado, ha comenzado a medir con precisión el costo exacto de la impunidad.
Y aprenderá a sobrevivir en este nuevo (¿viejo?) contexto. ¿O ya aprendió? En Venezuela, siempre.
