The Daily Journal.- El coordinador de Fundaredes en Apure, Juan Francisco García Escalona, denunció el sábado un bombardeo del Ejército venezolano contra un presunto campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sector Buena Vista del Meta y pidió a las autoridades esclarecer las circunstancias del ataque, identificar a las víctimas y garantizar la protección de las comunidades.
En una publicación en la red social X, García Escalona señaló que, según información preliminar recibida por la organización, nueve personas habrían muerto y sus cuerpos habrían sido trasladados a San Fernando de Apure.
Al momento del reporte, el activista de Derechos Humanos, añadió que otras 10 personas fallecidas permanecían en el lugar del bombardeo y que un número no determinado de heridos habría conseguido llegar a territorio colombiano.
García Escalona indicó que una comisión nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) realizó los procedimientos forenses correspondientes en San Fernando.
«Lo urgente es esclarecer qué ocurrió, proteger a la población civil e identificar a las víctimas mediante procedimientos verificables, con notificación a sus familiares», escribió.
Denuncian enfrentamientos por el control de recursos minerales
García Escalona afirmó que desde hace aproximadamente 20 días había recibido testimonios de pobladores indígenas sobre enfrentamientos en la zona de Los Pijiguaos, en el estado Bolívar, y en áreas próximas al paso del Burro, en las inmediaciones de los ríos Meta y Orinoco.
Según los testimonios recopilados por el coordinador de Fundaredes, los enfrentamientos estarían relacionados con disputas por el control de zonas de explotación de bauxita y coltán.
El representante de la organización también reiteró sus denuncias sobre la presunta presencia de grupos armados irregulares en Apure, territorio que, de acuerdo con las fuentes locales citadas en su publicación, sería utilizado como retaguardia y punto de acopio de cocaína.
Asimismo, alertó sobre presuntas presiones contra habitantes de San Rafael, en el municipio San Fernando, y de El Terrón, en Arichuna. Mencionó también reportes procedentes de Capanaparo, Achaguas y Quintero, en el municipio Muñoz, así como de Elorza, Palmarito, Guasdualito, El Amparo, La Victoria y El Nula.
García Escalona sostuvo que los testimonios recibidos describen un escenario de temor entre los habitantes y presiones que dificultarían la presentación de denuncias.
En su publicación, el coordinador de Fundaredes formuló además acusaciones sobre presuntos vínculos entre autoridades regionales y municipales y organizaciones armadas identificadas como el ELN, las FARC y las FBL. Estas afirmaciones no fueron acompañadas de pruebas verificables en el mensaje.
Exigen transparencia sobre el operativo
García Escalona pidió al Estado venezolano ofrecer una explicación pública sobre el bombardeo y las denuncias de presencia de grupos armados en la región.
«Las comunidades de Apure merecen una explicación pública sobre estas denuncias, las operaciones militares reportadas y las medidas que se adoptarán para garantizar su seguridad», expresó.
El activista insistió en que la gravedad de los reportes requiere una investigación que permita establecer las circunstancias de la operación, verificar el número de víctimas y determinar las responsabilidades correspondientes.
«La gravedad de lo relatado exige investigación y transparencia, no silencio ni conclusiones anticipadas», concluyó.
Hasta ahora no existe un pronunciamiento oficial que confirme el operativo, las cifras de fallecidos, la identidad de las víctimas y las circunstancias del bombardeo.
