The Daily Journal.- Cuatro centrales sindicales venezolanas rechazaron la denominada Mesa de los Consensos Laborales y Sociales, al considerar que sus negociaciones excluyen a una parte importante del movimiento obrero y podrían abrir paso a mecanismos que debiliten los derechos laborales establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo.
Durante una rueda de prensa, representantes de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) llamaron a los trabajadores a mantenerse movilizados ante lo que describieron como amenazas contra sus conquistas históricas.
En el comunicado conjunto, leído por Servando Carbone, coordinador nacional de UNETE, las organizaciones denunciaron que la mesa pretende proyectar una imagen de diálogo plural y consenso democrático, mientras sus decisiones se adoptan sin consultar a los trabajadores ni a sus organizaciones de base.
«Rechazamos los acuerdos de cúpulas que se adelantan en la denominada Mesa de los Consensos Laborales y Sociales», señala el documento, que cuestiona que en ese espacio participen apenas tres de las siete confederaciones con existencia legal en Venezuela y reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las centrales sostienen que quienes participan en las negociaciones no representan la pluralidad del movimiento obrero ni tienen potestad para comprometer los derechos del conjunto de los trabajadores.
Uno de sus principales cuestionamientos se dirige a la posibilidad de establecer una ley de consensos laborales. Según el comunicado, ese mecanismo buscaría dar legitimidad a una agenda favorable a los empleadores públicos y privados, mediante una norma que, a juicio de las organizaciones, permitiría legalizar la bonificación salarial y debilitar derechos relacionados con el salario, sus incidencias, las prestaciones sociales calculadas con base en el último salario y la inamovilidad laboral.
Las centrales también repudiaron la campaña pública que atribuyen a representantes de Fedecámaras, tecnócratas neoliberales y voceros gubernamentales para presentar el sistema laboral vigente como un obstáculo que debe eliminarse.
Advirtieron que una mayor desregulación podría traducirse en precarización del trabajo, salarios y pensiones insuficientes, pérdida de estabilidad laboral, debilitamiento de las convenciones colectivas y restricciones a la libertad sindical y al derecho a huelga.
Las exigencias: salario, prestaciones y aguinaldos
Entre sus principales demandas, las cuatro organizaciones exigieron al Estado y al sector empleador privado recuperar el salario mínimo constitucional, reconocer el carácter salarial de los bonos vinculados con la relación laboral, respetar las convenciones colectivas y detener la persecución contra la dirigencia sindical independiente.
También reclamaron el reenganche de los trabajadores despedidos injustamente, tanto en el sector público como en el privado, y la derogación del memorando-circular 2792 y del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), instrumentos que consideran lesivos para los derechos laborales y las prestaciones sociales.
El comunicado incluyó una exigencia concreta sobre la bonificación de fin de año de los empleados públicos. Las centrales propusieron que el aguinaldo se calcule sobre una base de cuatro meses de ingreso integral de 200 dólares mensuales, para un monto no inferior a 800 dólares, pagadero en bolívares a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) del día de la cancelación.
«Exigimos y proponemos de manera perentoria que el Estado inicie el pago de la bonificación de fin de año o aguinaldo a todo el personal de la administración pública central y descentralizada», expresa el documento. Las organizaciones pidieron que el pago se realice en una sola exhibición y no de manera fraccionada, ante el alto costo de la vida.
Asimismo, informaron que enviaron una comunicación al director general de la OIT y a su equipo de gobernanza para solicitar que exhorten al Estado venezolano a cumplir los acuerdos alcanzados en la quinta sesión del Foro de Diálogo Social, celebrada el 29 de abril de 2026.
De acuerdo con el comunicado, esos compromisos contemplan acciones en materia de salario mínimo, libertad sindical, negociación colectiva y protección de los derechos laborales, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT de 2019.
Las centrales respaldaron las luchas de trabajadores activos y jubilados de la industria petrolera, las empresas básicas de Guayana, los sectores de salud y educación, la administración pública y diversas actividades privadas. También se comprometieron a impulsar la unidad de acción sindical para impedir que las negociaciones actuales deriven en la eliminación de derechos adquiridos.
«Ninguna fórmula de diálogo puede servir para legitimar la confiscación de las conquistas socioeconómicas de los trabajadores», concluye el comunicado.
CGT: una ley paralela sería inconstitucional
José Vicente Rivero, secretario nacional ejecutivo de la CGT, cuestionó que la mesa se presente como un espacio de representación laboral cuando, según afirmó, sus participantes ya habían respaldado una propuesta de ingreso mínimo vital que no garantizaba el reconocimiento de un salario.
Sobre la posibilidad de aprobar una ley de consensos, sostuvo que la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo establecen derechos progresivos, por lo que no deberían aprobarse disposiciones regresivas que reduzcan las garantías existentes.
«Crear una ley paralela que estaría por debajo de la Ley Orgánica del Trabajo, lógicamente, jurídicamente es inconstitucional. Situación que nosotros rechazamos de plano», afirmó.
Rivero advirtió que una modificación del régimen de prestaciones sociales podría ocasionar pérdidas que no serían compensadas con eventuales aumentos de ingresos. «Un trabajador que pierde sus prestaciones sociales después de tantos años» no recuperaría necesariamente lo perdido con un incremento de 50, 100 o 200 dólares, señaló.
El dirigente también acusó al sector privado de incumplir el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, referido al depósito de las prestaciones sociales, y afirmó que los trabajadores continúan asumiendo las consecuencias de las políticas económicas y laborales.
Al cierre de la rueda de prensa, Rivero añadió una denuncia sobre una circular del 13 de octubre de 2026, atribuida a la Dirección Nacional de Inspectoría del Sector Público del Ministerio del Trabajo. Según explicó, el documento prohíbe a las dependencias de esa institución recibir proyectos para constituir organizaciones sindicales, así como comunicaciones relacionadas con elecciones autónomas y sus resultados.
«Ahorita unos trabajadores que se quieran organizar para constituir un sindicato, no pueden; unos trabajadores que vayan a un proceso de elecciones autónomas, no van a poder», denunció. A su juicio, la medida vulnera el Convenio 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical.
CUTV: «No se puede crear una supuesta seguridad jurídica para los inversionistas a costa de una inseguridad jurídica para los trabajadores»
Pedro Eusse, secretario general de la CUTV, sostuvo que no puede hablarse de un acuerdo laboral legítimo si no están representados todos los sectores de trabajadores. Reclamó un diálogo efectivo, transparente y con participación de la OIT en Venezuela.
El dirigente reconoció la necesidad de avanzar hacia un sistema de seguridad social que garantice condiciones de vida dignas a jubilados y pensionados, pero rechazó que ese objetivo se utilice para justificar negociaciones cerradas.
«Queremos un diálogo real, concreto, y sobre todo que esté la OIT en Venezuela», expresó.
Eusse cuestionó la campaña que atribuyó a voceros empresariales y gubernamentales para presentar la eliminación o flexibilización del sistema laboral como una necesidad económica. En su opinión, el problema no reside en las normas vigentes, sino en su incumplimiento por parte de empleadores públicos y privados.
También vinculó el deterioro salarial con las políticas laborales aplicadas desde 2018 y con el peso creciente de las bonificaciones en los ingresos de los trabajadores.
El representante de la CUTV rechazó el argumento de que reducir las garantías laborales sea indispensable para atraer inversiones extranjeras. Señaló que el Gobierno ha informado de 22 trimestres consecutivos de crecimiento económico y de un incremento de los ingresos petroleros, elementos que, a su juicio, contradicen la idea de que los trabajadores deban asumir nuevas pérdidas.
«No se puede crear una supuesta seguridad jurídica para los inversionistas a costa de una inseguridad jurídica para los trabajadores», afirmó.
Eusse advirtió, además, que los anuncios de una eventual ley de consensos no han sido acompañados de suficiente transparencia y sostuvo que el propósito sería flexibilizar las normas para facilitar que los empleadores incumplan sus obligaciones laborales con respaldo estatal.
CODESA: la crisis salarial ha deteriorado las prestaciones sociales
Miguel Ángel Pérez, coordinador nacional de CODESA, recordó que los trabajadores han soportado durante años los efectos de la inflación y las reconversiones monetarias, que, según dijo, redujeron el valor de las prestaciones sociales y de las garantías acumuladas por trabajadores y empleadores.
Pérez advirtió que las negociaciones actuales podrían eliminar garantías que, aunque están consagradas constitucionalmente, no se han preservado adecuadamente en la práctica.
«Hoy en día, a través de la Mesa de los Consensos Laborales y Sociales, se pretende eliminar dicha garantía, dicho derecho», afirmó.
El dirigente insistió en que las cuatro centrales mantendrán su coordinación para denunciar lo que consideran amenazas contra los derechos laborales y respaldar las movilizaciones de los distintos sectores.
«Toda lucha que se inicie en las distintas áreas o en los distintos sectores laborales, nosotros la vamos a apoyar», aseguró. Mencionó expresamente a los trabajadores petroleros, jubilados y pensionados, y advirtió que la crisis económica afecta al conjunto de las familias venezolanas.
UNETE: «Los empleados públicos estamos en el suelo, los pensionados están en el suelo»
Servando Carbone, coordinador nacional de UNETE y encargado de leer el comunicado, rechazó que las centrales tengan que aceptar concesiones como condición para participar en un diálogo laboral.
«Es que ya cedimos mucho. Ya cedimos bastante», respondió cuando le preguntaron si estarían dispuestos a renunciar a algunas de sus exigencias.
Carbone defendió la necesidad de establecer un espacio de diálogo social en el que las organizaciones sindicales puedan plantear sus demandas en condiciones de igualdad y exigir respuestas al Estado y al sector empresarial.
«En un momento crítico, en un momento de reconstrucción, los trabajadores somos la base y la estructura para refundar el Estado, el país, tanto el sector público como el sector privado», manifestó.
El dirigente cuestionó que se genere una expectativa de consenso mientras, según dijo, los empleados públicos y los pensionados atraviesan una situación económica crítica.
«Los empleados públicos estamos en el suelo, los pensionados están en el suelo, con una política de hambre y de miseria», afirmó.
Para Carbone, la discusión no debe limitarse a la posibilidad de ceder derechos, sino a la capacidad del Gobierno y los empleadores de ofrecer respuestas concretas a las necesidades de los trabajadores. En ese contexto, reiteró la exigencia del pago inmediato del aguinaldo.
«Los trabajadores están claros: nosotros queremos nuestra bonificación de fin de año ¡ya! ¿La van a dar?», preguntó. Y advirtió que, si no obtienen respuestas, mantendrán la movilización como mecanismo de presión: «Si no estamos de acuerdo, tenemos la calle, porque nuestra lucha es en la calle».
