José Leonardo Salazar
Mientras los pasillos oficiales de los eventos multilaterales celebran los avances ecológicos del país, los sectores científicos y ambientales observan con alarma una realidad paralela que cuestiona la verdadera efectividad de la protección ambiental en el territorio nacional.
Por un lado, se anuncia con orgullo en la COP17 de Ereván, Armenia, el cumplimiento de la meta global «30×30», asegurando que más del 30% del territorio terrestre y marino venezolano se encuentra bajo esquemas de conservación. Esta declaración, respaldada por la felicitación de Ivonne Higuero, secretaria general de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), proyecta ante el mundo una gestión jurídica impecable y un liderazgo comprometido con el resguardo de la biodiversidad que consolida la incorporación del país al Comité Permanente de dicha convención. Lo cual representa un logro digno de celebración.
No obstante, detrás de los discursos internacionales que ensalzan la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas y condenan el uso partidista de la fauna, expertos y defensores del medio ambiente exigen respuestas sobre el auge en la exportación de ejemplares autóctonos. El foco de la controversia se centra en el envío masivo de 107 individuos de oso palmero (Myrmecophaga tridactyla), de acuerdo con información proveniente de una fuente que cita al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que afirma tener acceso a las facturas CIF que constata el despacho de ese número de individuos de esta especie, con destino a la corporación india Vantara, un megaproyecto de bienestar animal privado propiedad de la influyente familia Ambani.
Incluso en la Base de Datos sobre el Comercio CITES en su página oficial (www.cites.org), se puede verificar el registro de un despacho de 90 animales de la mencionada especie, desde Venezuela a La India, en el año 2024. De acuerdo con las regulaciones internacionales, este tipo de transacciones comerciales solo son viables si las especies provienen de zoocriaderos certificados donde los animales hayan sido reproducidos estrictamente en cautiverio bajo condiciones controladas de segunda generación (F2), un requisito donde la narrativa gubernamental choca de frente con la biología.
Expertos en fauna silvestre recuerdan que el oso palmero es una de las especies más difíciles de reproducir en cautiverio debido a sus estrictas necesidades metabólicas, baja tasa de natalidad y una dieta sumamente especializada basada en miles de hormigas y termitas diarias.
Lograr el nacimiento y la supervivencia de más de un centenar de ejemplares requeriría de infraestructuras científicas masivas y décadas de investigación continua que el país no ha reportado públicamente. Esta falta de transparencia alimenta la sospecha de un posible «lavado» de fauna, donde animales sanos podrían estar siendo extraídos directamente de los llanos venezolanos para ser legalizados bajo la etiqueta de «nacidos en cautiverio», burlando el espíritu de protección de los convenios internacionales.
El contraste es drástico: mientras en Armenia se aplaude un marco jurídico de máxima categoría, los biólogos y ambientalistas locales, se preguntan cómo un Estado que ratifica la prioridad de resguardar cada especie en su hábitat autoriza simultáneamente exportaciones masivas, de dudosa procedencia, que vacían los ecosistemas nacionales.
