The Daily Journal – La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este miércoles una resolución que condena el embargo económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde 1960. La moción salió adelante con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, lo que representa el respaldo más bajo registrado para esta iniciativa en los últimos 20 años.
La votación reflejó un cambio en la postura diplomática de varios países latinoamericanos: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay votaron en contra del documento, mientras que Chile, Perú, Honduras y República Dominicana optaron por la abstención.
El texto presentado por la delegación cubana apela a la Carta de las Naciones Unidas, argumentando la violación de los principios de igualdad soberana, no intervención y libertad de comercio y navegación.
El documento señala el endurecimiento de las sanciones desde 2017 como un factor determinante en la crisis energética y en las condiciones del sistema sanitario cubano.
Por su parte, la Asamblea expresó su preocupación por la vigencia de la Ley Helms-Burton de 1996, al considerar que sus efectos trascienden la jurisdicción estadounidense y generan perjuicios a entidades y ciudadanos de terceros países.
El argumento de Estados Unidos
En su intervención, Mike Waltz, representante de Estados Unidos ante la ONU, rechazó la premisa del debate y sostuvo que la crisis socioeconómica en Cuba no deriva del embargo comercial, sino de la gestión de la propia administración cubana.
Para sustentar su postura, Waltz argumentó que no existe un bloqueo real, citando las exportaciones procedentes de Estados Unidos, las cuales cifró en más de 876 millones de dólares durante ocho meses de 2026, además de los suministros provenientes de Canadá, España, México, China, Rusia, la Unión Europea y los organismos de las Naciones Unidas.
Asimismo, Waltz afirmó que la riqueza nacional no ha desaparecido sino que cambió de manos hacia las élites dirigentes y el monopolio militar. Al justificar el voto en contra de su país, sostuvo que dicha postura constituye la única medida que se interpone entre el régimen comunista y una nueva victoria propagandística en perjuicio de la población cubana.
Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió exhibiendo en la sala de reuniones el cálculo del costo económico del embargo, estimándolo en 22,9 millones de dólares solo en el tiempo dedicado al debate.
Así mismo, Parrilla cuestionó la legitimidad de Estados Unidos para pronunciarse sobre modelos democráticos al calificar su sistema político como una plutocracia.
En relación con el impacto social, el ministro atribuyó al embargo el sufrimiento de la población cubana, destacando la duplicación de la tasa de mortalidad infantil, el retraso y cancelación de procedimientos quirúrgicos y la imposibilidad de importar medicamentos para el tratamiento del cáncer.
Del mismo modo, señaló que las medidas impositivas impiden la exportación de fármacos desarrollados en Cuba para tratar el Alzheimer y la demencia senil, concluyendo con la exigencia de cese de las sanciones comerciales al sostener que la amenaza internacional la constituye el bloqueo.
«Lo que Cuba reclama es que la dejen en paz (…) Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí», concluyó el ministro cubano.
Mecanismos de seguimiento
El texto aprobado en la Asamblea General establece un procedimiento de control y evaluación sobre el cumplimiento de las disposiciones. Además, exhorta a los Estados miembros a abstenerse de promulgar leyes con efectos extraterritoriales e insta a las naciones con normativas vigentes de este tipo a dejarlas sin efecto en el menor plazo posible.
Finalmente, las conclusiones del informe técnico serán remitidas a la Asamblea General para su discusión formal durante el 82.º período de sesiones del organismo.
