Óscar Reyes Matute
A primera vista, la imagen de las calles europeas sugiere un permanente estado de agitación social. En París, los estudiantes bloquean las puertas de los liceos en protesta por el deterioro de la infraestructura educativa; en Madrid, miles de jóvenes marchan acorralados por el costo inalcanzable de los alquileres; en Londres, la frustración por la falta de empleo calificado moviliza a nuevas camadas profesionales.
Sin embargo, detrás del estruendo de las pancartas y las barricadas urbanas opera una realidad demográfica inexorable: a diferencia de los movimientos juveniles del Sur global, la juventud europea libra una batalla política en la que parte con una desventaja estructural insalvable: Es la primera generación en la historia del continente que carece del peso numérico para inclinarse a su favor en las urnas.
El fenómeno trasciende la mera protesta coyuntural para revelar una grieta tectónica en el modelo de bienestar social del Viejo Continente. Lo que en la superficie se presenta como una confrontación entre la ciudadanía y el Estado, en el fondo constituye una silenciosa disputa distributiva entre dos grupos de edad con intereses económicos irreconciliables.
Mientras los jóvenes reclaman inversiones urgentes en educación, empleo dinámico y acceso a la primera vivienda, las cohortes mayores de 65 años presionan para preservar la indexación de sus pensiones, la protección de sus activos inmobiliarios y la estabilidad de precios.
En una economía continental caracterizada por un crecimiento anémio y con un endeudamiento público al límite, el presupuesto estatal se ha transformado en un juego de suma cero donde cada recurso destinado a la vejez es un dividendo restado al futuro de la juventud.
Esta hegemonía de la tercera edad en las decisiones del gasto público es lo que analistas de la Universidad de Oxford han bautizado como «gerontonomía»: un modelo de gobierno (gobernanza) democrática que, al priorizar la protección del electorado senior, termina por consagrar el estancamiento económico.
La ecuación política es contundente. Los adultos mayores representan el núcleo más disciplinado y numeroso de las coaliciones electorales, además de contar con el respaldo de sindicatos tradicionales y partidos políticos consolidados cuya supervivencia depende de ese hervidero de votos.
Los presupuestos nacionales reflejan fielmente este sesgo institucional: en Francia, por ejemplo, el pago de pensiones devora ya una cuarta parte de todo el gasto público, mientras el desempleo entre los menores de 25 años bordea el 20% y la tasa de crecimiento económico se mantiene congelada en niveles cercanos al cero.
Las consecuencias de esta asimetría se extienden en cadena por todo el mapa comunitario. En España, donde la tasa de paro juvenil supera el 22%, el encarecimiento de los bienes raíces obliga a gran parte de los adultos jóvenes a prolongar la convivencia en el hogar paterno bien entrados los treinta años, imposibilitando la acumulación de capital inicial.
En Gran Bretaña, el debate sobre el denominado triple lock —mecanismo legal que garantiza el aumento de las jubilaciones por encima del incremento salarial promedio— expone la fragilidad de cualquier intento de reforma. Toda propuesta para reorientar esos fondos hacia servicios sociales o infraestructura es tachada de inmediato como un suicidio electoral.
Frente a este escenario, los intentos de conciliación tropiezan reiteradamente con la restricción fiscal. La vía de la contratación de deuda soberana para financiar ambos lados de la balanza se encuentra cerrada por las presiones de los mercados internacionales, mientras que los impuestos extraordinarios al patrimonio han demostrado una capacidad de recaudación limitada.
La reciente resolución de la Asamblea Nacional francesa, que inició la revisión presupuestaria garantizando beneficios fiscales a los pensionistas en medio de una huelga estudiantil nacional, ilustra la jerarquía real de las prioridades estatales.
En el mapa geopolítico del siglo XXI, la Europa envejecida se enfrenta al dilema de administrar su propia inercia, atrapada en un sistema donde la legitimidad democrática convalida, de manera sistemática, el sacrificio de sus generaciones de relevo.
