Por José Leonardo Salazar P.
Aunque el país posee uno de los sistemas de áreas protegidas más extensos de América Latina, la minería ilegal, los incendios, la deforestación y la falta de recursos ponen a prueba la supervivencia de sus ecosistemas.
Con más de 400 espacios decretados que abarcan por encima del 60 % del territorio nacional, Venezuela cuenta en el papel con una de las redes de conservación ambiental más ambiciosas del continente. Se trata de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), una figura jurídica diseñada para resguardar la biodiversidad, proteger las cuencas hidrográficas y ordenar el territorio del país. Sin embargo, a más de cuatro décadas de su creación formal, estos espacios enfrentan una creciente brecha entre su sólido respaldo legal y las severas presiones que amenazan su integridad ecológica.
El origen de esta política se remonta a 1937 con el decreto del Parque Nacional Rancho Grande, hoy conocido como Henri Pittier, pero no fue sino hasta 1983 cuando nació el concepto unificado de las ABRAE. Su propósito fundamental siempre ha sido claro: frenar el deterioro ambiental derivado del crecimiento urbano, agrícola e industrial desordenado, garantizando a su vez la seguridad alimentaria, hídrica y fronteriza de la nación.
El sistema se sostiene sobre una robusta estructura legal encabezada por los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), que consagran el derecho a un ambiente sano y el deber estatal de ordenar el territorio bajo criterios de sustentabilidad.
A la Carta Magna se suman la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983), la Ley Orgánica del Ambiente (2006), leyes sectoriales de bosques, aguas y diversidad biológica, así como tratados internacionales de peso como las convenciones de Washington y Ramsar.
Para cumplir con sus objetivos, la normativa divide las ABRAE en 24 categorías distintas. Estas abarcan desde espacios de protección estricta, como los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Refugios de Fauna, hasta zonas de aprovechamiento regulado y estratégico, entre las que destacan las Reservas Forestales, Zonas Protectoras de Cuencas, Áreas de Aprovechamiento Agrícola y Zonas de Seguridad y Defensa.
En la práctica, cada ABRAE se crea mediante decreto presidencial en Consejo de Ministros y debe regirse por un Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU), instrumento que dicta qué actividades están permitidas o prohibidas en cada sector. La administración recae principalmente en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) y el Instituto Nacional de Parques (Inparques), en coordinación con otras carteras como Defensa, Turismo o Agricultura según la naturaleza del área.
Pese a la solidez normativa y a los esfuerzos institucionales por incorporar monitoreo satelital, a través de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) y programas de reforestación, la gestión cotidiana de las ABRAE atraviesa dificultades críticas. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que una gran proporción de estas áreas carece de planes de ordenamiento actualizados, a lo que se suma un marcado déficit de personal técnico y guardaparques, así como limitaciones presupuestarias que dificultan la vigilancia continua en extensiones geográficas de difícil acceso.
Esta vulnerabilidad operativa ha dejado la puerta abierta a múltiples focos de degradación ambiental a lo largo del país. Al sur del Orinoco, la minería ilegal de oro y otros minerales golpea con severidad a joyas naturales como los parques nacionales Canaima, Yapacana y Caura, destruyendo selvas primarias y contaminando los ríos con mercurio, lo que afecta tanto a la fauna como a las comunidades originarias.
Por su parte, en el norte y centro del país, la expansión no regulada de la frontera agropecuaria, la tala y los incendios forestales provocados erosionan constantemente zonas protectoras y parques emblemáticos como el Waraira Repano, el Henri Pittier y Terepaima, por mencionar algunos.
A estas presiones se suma el turismo desordenado en ecosistemas marino-costeros como los Parques Nacionales Morrocoy y Mochima, donde la afluencia masiva de visitantes sin control efectivo genera acumulación de desechos sólidos y daños directos sobre arrecifes coralinos y manglares. Asimismo, el vertido de aguas servidas sin tratamiento y los derrames de hidrocarburos representan una amenaza persistente para la biodiversidad acuática y terrestre en diversas regiones.
El futuro de las ABRAE venezolanas depende hoy de cerrar la brecha entre la ley y la acción. Preservar ese 60 % del territorio no solo representa un compromiso ecológico con el planeta, sino una garantía indispensable para el suministro de agua, energía y bienestar de las futuras generaciones del país.
