The Daily Journal – Voceros de organizaciones civiles, representantes vecinales y autoridades municipales acudieron este jueves ante la Asamblea Nacional de Venezuela (AN) para consignar un informe técnico y una solicitud formal frente al deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y el suministro de agua en la Gran Caracas. La iniciativa surge apenas dos días después de que el Legislativo sancionara una reforma parcial a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
La delegación, encabezada por el concejal del municipio Baruta, Omar Villalba, junto a representantes comunitarios, entregó el documento a la diputada opositora Nora Bracho en la sede del Parlamento. El pliego de peticiones recoge denuncias sobre el impacto cotidiano de los racionamientos y averías en la capital venezolana, advirtiendo que la falta de continuidad energética compromete directamente la distribución de agua potable, las telecomunicaciones y la conservación de medicamentos refrigerados en los hogares.
Frente a este panorama, los voceros exigieron mecanismos operativos inmediatos para frenar las interrupciones del servicio y reclamaron una mayor participación de los gobiernos locales y las comunidades organizadas en la gestión y supervisión de las soluciones técnicas.
Al recibir la propuesta, la parlamentaria Nora Bracho respaldó los planteamientos de las organizaciones vecinales y municipales. La funcionaria reconoció que la reforma legislativa introduce cambios relevantes al permitir la autogeneración, importación y comercialización de energía por parte de empresas privadas y mixtas para grandes consumidores. Aun así, señaló que el texto aprobado dejó pendiente la descentralización administrativa hacia alcaldías y gobernaciones.
La entrega de este documento se enmarca en una semana de creciente movilización y debate público en torno a la crisis eléctrica venezolana. Mientras trabajadores y sindicatos del sector han manifestado su rechazo a la falta de garantías laborales y al impacto de la indexación tarifaria prevista en la nueva norma, diversas organizaciones de la sociedad civil han advertido que los cambios legales resultan insuficientes si no van acompañados de transparencia en la gestión, inversión en la red de transmisión y capacidad de respuesta directa desde las instancias locales más cercanas a los ciudadanos.
¿En qué consiste la reforma?
La reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, sancionada por la Asamblea Nacional el 10 de noviembre de 2026 a iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, modifica el marco regulatorio estatal vigente desde hace casi dos décadas. Entre las principales reformas aprobadas están:
Apertura a la inversión privada y mixta en la autogeneración, importación y comercialización de energía eléctrica, enfocándose principalmente en el abastecimiento de industrias, comercios y grandes consumidores.
Indexación de tarifas a la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela (el euro), aunque mantiene un esquema de tarifas sociales subsidiadas para los sectores más vulnerables.
Creación de un nuevo ente regulador, la Superintendencia Especial, para fiscalizar y supervisar la prestación del servicio y los nuevos esquemas de participación.
Asignación a los Consejos Comunales y Mesas Técnicas de Energía funciones de contraloría social, diagnóstico de averías y vigilancia perimetral de subestaciones junto con las autoridades. Además, en zonas sin medidores individuales, se permite acordar cobros alternos directamente con estas organizaciones comunitarias.
No obstante, diversos sectores, incluyendo a la diputada opositora Nora Bracho y líderes locales, advierten que la norma mantiene el control estatal sobre las redes de transmisión y distribución. Esto deja por fuera la descentralización administrativa para que alcaldías y gobernaciones puedan actuar directamente frente a las emergencias.
Sumado a esto, organizaciones de la sociedad civil han calificado la reforma como un «maquillaje» legal, señalando que no garantiza transparencia en la gestión ni asegura por sí sola la inversión urgente requerida para recuperar la infraestructura colapsada de transmisión y distribución que afecta a los hogares.
