The Daily Journal – Este jueves 12 de noviembre, Venezuela desplegó un operativo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado Apure, fronterizo con Colombia, a fin de reforzar la seguridad y combatir el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el contrabando. El detonante fue crisis de seguridad desatada por el secuestro de una oficial del Ejército colombiano en la zona limítrofe.
Previamente, el Gobierno venezolano expresó su disposición para establecer coordinaciones institucionales necesarias con las autoridades de la República de Colombia en materia de seguridad fronteriza.
A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo interino reiteró el compromiso de trabajar de forma articulada con los entes colombianos a fin de fortalecer los mecanismos de resguardo de las zonas fronterizas. «Para ello, se encuentran a disposición los mecanismos de cooperación, canales institucionales y contactos bilaterales existentes, a fin de hacer intercambio de información y la coordinación de las acciones que resulten necesarias», dictó el pronunciamiento.
El conflicto comenzó la tarde del miércoles 4 de noviembre de 2026, cuando la subteniente María Camila Pantoja Hernández, integrante del Ejército Nacional de Colombia, fue interceptada por dos hombres armados en motocicleta mientras se movilizaba por el casco urbano del municipio de Saravena, en el departamento de Arauca.
Un día después, el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó la autoría del plagio mediante un video autenticado por las autoridades en el que mostraba que la oficial se encontraba bien de salud, pero advertía expresamente que cualquier intento de rescate militar pondría en riesgo su vida y responsabilizaba al Estado colombiano por lo que pudiera ocurrirle.
En el plano militar y de inteligencia, el Ejército colombiano desplegó un operativo conjunto con la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional en la zona rural de Arauca, señalando a presuntos cabecillas locales conocidos como alias Cabras y Boyaco de operar redes urbanas de vigilancia para rastrear a militares recién llegados a la región.
Sin embargo, la proximidad de Saravena con la frontera venezolana activó de inmediato las alarmas en Bogotá ante la posibilidad de que los captores hubieran cruzado hacia el estado Apure para evadir la persecución. La situación de orden público en la frontera se agravó aún más de forma paralela por el reporte de un segundo secuestro en la región limítrofe y por las amenazas de grupos armados contra líderes sociales.
La tensión bilateral escaló cuando el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, exigió la liberación inmediata e incondicional de la subteniente y ordenó reforzar el control fronterizo. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora, anunció que Bogotá acudiría a Estados Unidos tanto para obtener apoyo de inteligencia como para que Washington intercediera ante Caracas y lograra que Venezuela colaborara en la búsqueda.
Este giro ocurre en un contexto en el que Washington y Caracas han venido acercando posiciones operativas contra el ELN, llegando incluso a cooperar semanas atrás en un bombardeo contra un campamento guerrillero en Apure, al tiempo que dejaba en evidencia la desconfianza o falta de interlocución directa entre el gobierno de De la Espriella y el Ejecutivo venezolano.
Como reacción directa a esa solicitud de mediación estadounidense y a la presión sobre la frontera, hoy jueves 12 de noviembre se produjeron dos movimientos simultáneos desde Venezuela: por un lado, la Cancillería emitió el comunicado reafirmando su disposición a cooperar en seguridad fronteriza a través de los canales bilaterales ya existentes (evitando así la triangulación con Estados Unidos), y por otro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) anunció un despliegue militar en el estado Apure para resguardar la línea limítrofe tras el secuestro.
