The Daily Journal – 34 militares detenidos en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda, iniciaron una huelga de hambre para denunciar un «bloqueo judicial» en sus causas, según informó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) el 10 de noviembre.
La organización responsabilizó al Estado por la salud de los 34 militares en huelga de hambre y exigió «la libertad plena y sin restricciones a todos los militares que están detenidos por razones políticas», de acuerdo con un comunicado difundido en la red social X.
El OVP explicó que la protesta fue iniciada primero por 21 sargentos vinculados al «caso Cotiza», ocurrido en 2019, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) sustrajeron armas de guerra, secuestraron a otros cuatro funcionarios y se dirigieron a un comando en la barriada caraqueña de Cotiza, donde hallaron resistencia de otros agentes. Según la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el grupo insurrecto fue «rendido y capturado» tras pactar su entrega a militares leales a Nicolás Maduro.
Según el observatorio, estos militares denuncian un «bloqueo judicial injustificable», ya que pasaron de tener una sentencia firme en 2022 a la anulación del proceso en 2024. «No fue sino hasta abril de 2026 que fueron sometidos a una nueva audiencia preliminar vía telemática, en un tribunal civil de terrorismo, donde no estuvieron presentes todos los abogados defensores, en la cual le dieron sobreseimiento a todos los delitos que tenían», añadió la organización.
No obstante, indicó el OVP, se les mantuvo el delito de traición a la patria y hasta la fecha no se ha realizado la primera audiencia de juicio «porque no existe una respuesta por parte del tribunal, dejándolos en un limbo judicial».
Ante esta situación, los abogados defensores solicitaron recientemente la amnistía ante el tribunal y esperan que se cumplan los 15 días que establece la ley aprobada en febrero para obtener una respuesta sobre esta medida.
Asimismo, la organización señaló que a la huelga se sumaron otros 13 militares detenidos en la misma cárcel para apoyar a sus compañeros y exigir su libertad. El OVP sostuvo que los familiares temen por las condiciones físicas de los afectados, «ya que han presentado cuadros de depresión y ansiedad». «En Ramo Verde no tienen un médico en caso de que tengan una afectación de salud, tan solo cuentan con un enfermero», apuntó.
