José Leonardo Salazar P.
El relato oficial que intenta vender la reactivación de la industria petrolera venezolana, como un renacimiento económico, esconde uno de los mayores problemas ecológicos de la región. La llegada al país de corporaciones transnacionales como Repsol, Chevron, ENI y NABEP, no debería ser motivo de celebración incondicional, sino un llamado de alerta urgente. Detrás del optimismo financiero y la reactivación de la producción se pierde de vista una situación crónica y devastadora: miles de pasivos ambientales preexistentes, acumulados tras años de desinversión, infraestructura obsoleta y fallas de mantenimiento, que ha convertido a los campos de extracción en auténticas zonas de riesgos ambientales.
El Lago de Maracaibo y la Faja Petrolífera del Orinoco presentan derrames de petróleo de forma constante, que son documentados por imágenes satelitales, además se registran fosas de lodo tóxico sin sanear y la quema descontrolada de gas en la atmósfera, mientras las autoridades miran hacia otro lado.
Esta crisis representa un desafío ético y legal mayúsculo para las empresas extranjeras, atrapadas entre la urgencia de extraer crudo barato y las estrictas exigencias internacionales de sostenibilidad.
En el mercado energético actual, las casas matrices y la banca global imponen los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) como un filtro ineludible. Es aquí donde la retórica corporativa choca frontalmente con la realidad del negocio venezolano: para que este petróleo sea elegible en mercados internacionales exigentes, las operadoras deben garantizar procesos limpios y mitigar emisiones de metano, lo que parece una meta utópica en un sistema colapsado. Por esta razón, la debida diligencia ambiental no puede seguir siendo un mero trámite burocrático de oficina: debe ser un muro de contención.
Las transnacionales están obligadas a delimitar con precisión milimétrica el daño histórico de cada yacimiento, no por caridad, sino para evitar pagar una factura milmillonaria de remediación que no les pertenece. El marco jurídico venezolano es tajante y, paradójicamente, uno de los más avanzados en papel, lo que hace aún más indignante su falta de aplicación real.
La Constitución establece la obligatoriedad de los Estudios de Impacto Ambiental, y la Ley Orgánica del Ambiente declara que los daños ecológicos son imprescriptibles al atentar contra el patrimonio público. Más contundente aún es la Ley Penal del Ambiente, que deja clara la responsabilidad objetiva, advirtiendo que los directivos de empresas mixtas o privadas pueden enfrentar severas sanciones penales si toleran o dan continuidad a la omisión de un saneamiento.
La ley está escrita, pero la impunidad ambiental ha imperado durante años. Permitir que la urgencia económica debilite estas normas para favorecer la inversión extranjera sería un precedente nefasto que hipotecaría el futuro de las próximas generaciones bajo el pretexto del desarrollo económico.
La delimitación de la línea base legal, ese inventario técnico encargado de separar el desastre del pasado de la operación del presente, no puede quedar bajo el control exclusivo de los intereses comerciales. Si bien consultores ambientales independientes deben, por ley, auditar los yacimientos maduros bajo la supervisión del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) y Pdvsa; las comunidades y las ONG ambientalistas, tienen el derecho y la obligación, también por la ley, de ejercer una vigilancia implacable sobre este proceso. El objetivo de estas auditorías debe ser la transparencia absoluta y la asignación contractual de responsabilidades económicas de saneamiento.
En una Venezuela sedienta de divisas, ignorar el rastro invisible de la contaminación petrolera para acelerar la producción es una miopía imperdonable. La reactivación de la producción de hidrocarburos no puede financiarse con el silencio cómplice, ni con la destrucción definitiva de nuestros ecosistemas.
