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Las empresas venezolanas que trabajaron por años para Petróleos de Venezuela (PDVSA) y aún esperan cobrar dieron un nuevo paso. El Comité de Acreedores Comerciales de la estatal petrolera reiteró que aguarda el anuncio oficial de un mecanismo para verificar y reconocer esas deudas, y prepara para el 17 de noviembre, en Caracas, el lanzamiento formal de “Capital Nacional”, su propuesta para recuperar lo adeudado y reactivar el financiamiento del sector.
Quiénes reclaman y qué piden
El grupo reúne a proveedores, contratistas, firmas de ingeniería, construcción y servicios petroleros nacionales que acumularon “acreencias”, es decir, facturas por cobrar a la estatal petrolera venezolana y sus filiales por trabajos ya realizados.
Su pedido central es una “conciliación”: un procedimiento en el que deudor y acreedor revisan factura por factura hasta acordar cuánto se debe realmente. Según reseñó Bloomberg Línea, el comité aspira a que ese proceso sea independiente y confiable, y que las cuentas hoy no certificadas se conviertan en instrumentos financieros auditados, es decir, títulos revisados por terceros que puedan presentarse ante bancos o inversionistas.
También solicita suspender la “prescripción” de los reclamos que sean validados. La prescripción es el plazo legal tras el cual una deuda ya no puede exigirse; detenerlo evitaría que las empresas pierdan su derecho a cobrar mientras dura el proceso.
Cómo funcionaría Capital Nacional
La iniciativa fue presentada el 3 de noviembre y será lanzada en la conferencia “Una voz para avanzar: el capital privado en el desarrollo de la industria petrolera”. Propone organizar los reclamos y crear instrumentos para recuperar parte de lo adeudado.
Entre las opciones mencionadas figuran mecanismos vinculados a la producción, en los que el pago se asocia a los barriles que se extraigan en el futuro, y estructuras respaldadas por activos, en las que un bien o flujo de ingresos sirve de garantía. La idea es atar la recuperación de los créditos al crecimiento de la industria.
El plan también busca atraer financiamiento internacional para ampliar servicios en los campos, modernizar tecnología y fortalecer la cadena de suministro, e incorpora criterios de transparencia y cumplimiento de las sanciones internacionales, incluidas las licencias de la OFAC, la oficina del Departamento del Tesoro de EE.UU. que autoriza operaciones con entidades sancionadas.
Por qué importa
Recuperar producción no depende solo de perforar pozos. Hacen falta taladros, equipos, repuestos, transporte y servicios técnicos que, en buena medida, prestan empresas locales. Si esas compañías arrastran facturas impagas durante años, sus balances lucen débiles y los bancos les niegan crédito, lo que limita su capacidad de comprar equipos o contratar personal.
El comité sostiene que el reconocimiento formal de las deudas permitiría a los contratistas sanear sus cuentas y recuperar acceso a líneas de crédito internacionales y a socios de capital.
La propuesta coincide con otra planteada en septiembre por la Cámara Petrolera de Venezuela, que sugirió usar esas facturas pendientes como garantía para obtener préstamos bancarios. Según estimaciones extraoficiales citadas entonces, las deudas no pagadas de Petróleos de Venezuela con proveedores rondarían entre US$10.000 y US$15.000 millones.
Un frente dentro de una deuda mayor
El reclamo se suma a la reestructuración de las obligaciones de Venezuela y la estatal petrolera anunciada en mayo de 2026. El país está en “default”, o incumplimiento de pagos, de su deuda externa desde 2017, con cerca de US$60.000 millones en bonos sin pagar. Con intereses acumulados, laudos arbitrales (sentencias de tribunales internacionales de arbitraje) y otras obligaciones, el total estimado supera los US$150.000 millones.
En agosto, asesores legales y financieros conformaron un comité para agrupar a los acreedores comerciales del país y estimaron que esos reclamos, junto con los laudos, superan los US$30.000 millones, sin identificar a las empresas ni precisar el monto que representan.
Lo que falta por saber
Capital Nacional es una propuesta de los acreedores, no un acuerdo aprobado por Petróleos de Venezuela ni por el Gobierno. Hasta el cierre de esta nota no se había divulgado una respuesta oficial.
Quedan preguntas abiertas: si la estatal reconocerá las acreencias, si habrá una auditoría independiente, si se suspenderán los plazos de prescripción y qué garantías de pago se ofrecerán. El 17 de noviembre será la próxima fecha a seguir.
