The Daily Journal – Durante el pasado fin de semana, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ejecutó una incursión militar de combate terrestre y aéreo en la periferia norte de Puerto Príncipe, Haití. La operación contó con el despliegue de tropas de fuerzas especiales equipadas con fusiles de asalto, apoyo de helicópteros y vehículos blindados.
Según el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el objetivo de la incursión fue atacar los bastiones de las organizaciones criminales 400 Mawozo y Chen Mechan, luego de que un ataque y secuestro perpetrado contra efectivos salvadoreños dejara personal desaparecido, cuya misión era combatir directamente a las pandillas de la zona.
Anteriormente, a mediados de octubre de 2026, personal militar salvadoreño sufrió un ataque e interceptación en el sector de Croix-des-Bouquets. Los soldados formaban parte de un contingente pequeño de entre 50 y 100 elementos que operaba en Haití dentro de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad respaldada por las Naciones Unidas. Sus labores originales eran no combatientes e incluían tareas médicas, evacuaciones aerotransportadas y soporte logístico para la policía local.
Durante un desplazamiento para el abastecimiento de víveres, el vehículo en el que viajaban los técnicos de aviación salvadoreños fue atacado por miembros de las pandillas 400 Mawozo y Chen Mechan, lo que derivó en la pérdida de contacto y la captura de cuatro efectivos.
En respuesta a lo sucedido, el gobierno salvadoreño ordenó una reacción inmediata y movilizó un contingente masivo de más de 2.000 soldados con helicópteros y equipo militar de combate.
Con este envío, la presencia militar salvadoreña cambió de modalidad operacional. El gobierno de Nayib Bukele decidió actuar mediante un acuerdo bilateral con la administración de transición de Haití, encabezada por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, cuyo ejecutivo respaldó el ingreso de las tropas para reforzar la seguridad en la capital.
Los riesgos de exportar el «modelo Bukele» al colapso institucional de Haití
Aunque el gobierno de Nayib Bukele sostiene que su estrategia de seguridad busca erradicar la criminalidad en la isla, diversos analistas internacionales expresan serias dudas y advierten sobre los riesgos de la operación.
En una entrevista concedida a la cadena británica BBC, Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio de Haití de la Global Initiative against Transnational Organized Crime, señaló que la ofensiva militar frontal puede generar un efecto contraproducente.
El especialista explicó que una incursión extranjera masiva corre el riesgo de unificar a las pandillas de la coalición Viv Ansanm que antes mostraban divisiones internas, ya que la presencia de un enemigo externo fomenta la cohesión de los grupos criminales bajo una narrativa de resistencia.
Sumado a esto, el analista afirmó que el modelo de seguridad salvadoreño no puede trasladarse de la misma forma a Haití. El éxito del régimen de excepción en El Salvador dependió de un Estado estructurado, un sistema penitenciario operativo con el Centro de Confinamiento del Terrorismo y un aparato judicial funcional.
En contraste, Haití carece de infraestructura carcelaria, tribunales activos y registros civiles para procesar detenciones masivas. Además, las tropas salvadoreñas enfrentan barreras idiomáticas con el criollo haitiano y una falta de inteligencia territorial profunda en los barrios de la capital.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional alertaron sobre la existencia de una zona gris jurídica en este despliegue bilateral al margen de la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas, lo que genera dudas sobre las reglas de uso de la fuerza y el respeto a las garantías fundamentales.
Asimismo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos solicitó mayor coordinación entre los mandos militares para evitar incidentes de fuego amigo con los efectivos internacionales que ya operaban en el terreno.
El trasfondo de la crisis
La situación general en Haití se mantenía marcada por la violencia antes de este despliegue masivo. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, el país sufrió un colapso institucional y la pérdida del control estatal frente a las pandillas unidas en la alianza Viv Ansanm, liderada por Jimmy Chérizier.
Para inicios de 2024, las bandas controlaban gran parte de Puerto Príncipe tras asaltar prisiones y liberar a más de 4.000 reclusos.
La crisis humanitaria previa a la llegada de las tropas salvadoreñas acumulaba más de 1,3 millones de desplazados internos y una parálisis de los servicios básicos, un panorama que mantiene a la comunidad internacional en atención ante el curso de la ofensiva militar.
