Natalia Jaua
The Daily Journal – La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó en primera discusión la reforma de la Ley contra el Odio, una norma que pasa a denominarse «Ley para la Convivencia Democrática, la Paz y la Tolerancia». El proyecto fue presentado por el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien señaló que la iniciativa busca «eliminar las penas de prisión, sustituyéndolas por multas y trabajo comunitario» y «establecer procedimientos administrativos claros para la aplicación de la norma».
El proyecto fue presentado por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, quien señaló que la iniciativa busca «eliminar las penas de prisión, reemplazándolas por multas y trabajo comunitario» y «establecer procedimientos administrativos claros». La reforma también traslada las sanciones al ámbito administrativo, quedando en manos del Ministerio del Interior, un punto que generó cuestionamientos desde la oposición.
La reforma elimina las penas de cárcel de entre 10 y 20 años previstas en la ley de 2017 y las reemplaza por multas y trabajo comunitario. Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), las multas equivalen a entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, y el trabajo comunitario oscila entre 200 y 600 horas o la participación en programas educativos. El diputado Infante precisó que la propuesta contempla derogar los artículos 20, 21, 22, 24 y 25 de la ley vigente, además de modificar sustancialmente el artículo 23.
La aplicación de las sanciones administrativas queda en manos del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. La diputada opositora Amelia Belisario, de la bancada Libertad, criticó que se trata del «mismo que mal aplicó la norma y el mismo que acumula múltiples denuncias por violación de derechos humanos».
La reforma suprime expresamente la figura de la revocación de concesiones a los prestadores de servicios de comunicación. Sin embargo, se mantienen sanciones para prevenir la difusión de mensajes de odio en redes sociales y medios, con multas para quienes incumplan. El SNTP cuestionó que, pese a eliminar las penas de prisión, la reforma «mantiene mecanismos que pueden restringir la libertad de expresión»
Infante afirmó que la reforma busca transformar el enfoque punitivo en uno de carácter preventivo y educativo, con prioridad a la formación ciudadana y al reconocimiento mutuo en lugar de las medidas sancionatorias. El texto también exhorta a las organizaciones políticas a promover la convivencia democrática y la paz.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la reforma no aborda el fondo del problema. Provea sostiene que la propuesta «no constituye una despenalización completa» y mantiene su exigencia de derogar la ley, al considerar que sustituir penas de prisión por multas administrativas no garantiza la reparación de las víctimas.
La organización contabiliza al menos 90 personas detenidas arbitrariamente bajo la imputación de esta ley y señala que la reforma no contempla mecanismos de reparación ni el sobreseimiento de causas abiertas. Espacio Público, por su parte, ha señalado que la norma conserva definiciones ambiguas y no ordena la libertad de los detenidos ni la eliminación de antecedentes penales.
Espacio Público advierte que, aunque la reforma elimina las penas de prisión, mantiene la censura sobre plataformas y medios —las empresas de redes sociales siguen obligadas a eliminar contenido «inmediatamente» sin orden judicial—, conserva definiciones ambiguas como «hostigamiento» y «mensaje discriminatorio», y no repara a las víctimas, pues no ordena el sobreseimiento de causas ni la libertad de detenidos. Asimismo, señaló que la ley original fue aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente que «no tenía competencia para legislar».
El proceso de aprobación y el conteo de votos
La sesión se realizó el martes 3 de noviembre y no difundió el conteo exacto de votos a favor, aunque los reportes coinciden en que la aprobación se produjo por amplia mayoría del oficialismo, mientras que bancadas opositoras como Acción Democrática (AD) y Libertad votaron en contra. La versión oficial publicada en el sitio web del Parlamento calificó estos votos disidentes como «votos salvados».
La iniciativa había sido solicitada al Parlamento el pasado 29 de septiembre por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien reconoció que la ley «fue mal aplicada» y que «se hizo un uso abusivo de ella». Previamente, el 15 de octubre, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió la sentencia N° 1034, declarando la constitucionalidad del proyecto de reforma y allanando su discusión parlamentaria.
Debate entre oficialismo y oposición
Durante el debate, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, afirmó que el oficialismo está empeñado en que la reforma «no se instrumentalice para la persecución de nadie», y defendió la necesidad de una norma de convivencia al argumentar que Venezuela enfrenta el riesgo de una «guerra civil». En la misma línea, el diputado oficialista Juan Carlos Alvarado respaldó la iniciativa y sostuvo que «pensar distinto no puede ser una sentencia de odio y mucho menos una sentencia de muerte», al tiempo que abogó por un enfoque educativo en lugar del punitivo.
Desde la oposición, la diputada Amelia Belisario, de la bancada Libertad, criticó que la ley «fue utilizada para perseguir a la disidencia» y cuestionó que las sanciones administrativas quedarían en manos del Ministerio del Interior, entidad que, según dijo, «aplicó mal la ley» y «acumula múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos». Belisario también señaló que los artículos de la reforma no fueron presentados públicamente.
Cuestionamientos sobre inconstitucionalidad y alcance de la reforma
El abogado y director del Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó públicamente que la ley es «inconstitucional» y que «debe ser anulada de nulidad absoluta», aunque no presentó en esa declaración un análisis artículo por artículo que sustentara dicha afirmación. Romero también señaló que el contenido de la norma es «extremadamente subjetivo», carece de una definición concreta de «odio» y que su propósito real es «encarcelar por motivos políticos».
Por su parte, Ángel Oropeza, de la Universidad Católica Andrés Bello, cuestionó desde la lógica que «el odio no se reforma, se deroga», y señaló que esta ley fue creada como «instrumento de represión» y no para la convivencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) consideraron que la reforma parcial es «insuficiente», pues los «defectos estructurales» de la ley no pueden corregirse mediante una enmienda parcial, y solicitaron a Venezuela la derogación de toda normativa que restrinja indebidamente la libertad de expresión.
Reacciones fuera del Parlamento
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa rechazó la reforma parcial y exigió la derogación total de la ley, al considerar que mantiene mecanismos que podrían restringir la libertad de expresión. La Plataforma Unitaria Democrática y Human Rights Watch también se habían pronunciado a favor de la derogación, no de la reforma. Según datos de la ONG Foro Penal citados por medios internacionales, la ley original, promulgada en 2017, contemplaba penas de hasta 20 años de prisión y fue utilizada para procesar a cientos de personas por incitación al odio.
Tras su aprobación en primera discusión, el proyecto deberá someterse a consulta pública en las 24 entidades federales antes de una segunda discusión para su aprobación definitiva. Según datos del Foro Penal, aproximadamente 927 personas han sido acusadas de «instigación al odio» desde la promulgación de la ley en 2017.
