José Leonardo Salazar
La crisis eléctrica venezolana vuelve a poner a prueba la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Apagones, fluctuaciones de voltaje y restricciones del servicio contrastan con el llamado a reducir el consumo energético, ahora bajo la amenaza del fenómeno El Niño y sus posibles efectos sobre la generación hidroeléctrica. La preocupación tiene fundamento porque Venezuela depende considerablemente de sus embalses para producir electricidad y las advertencias climáticas apuntan a precipitaciones desfavorables. Según un análisis de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), las lluvias registradas entre mayo y septiembre de este año estuvieron entre las más bajas de los últimos años. Aunque Guri se encuentra cerca de su nivel máximo, finalizando el periodo de lluvias, el escenario exige previsión.
En agosto, el Ejecutivo promovió medidas de ahorro energético que incluyeron la reducción de horarios en organismos públicos y restricciones al consumo en establecimientos comerciales, entre ellas la racionalización de avisos luminosos, fachadas e iluminación decorativa. Sin embargo, noviembre llegó también con los tradicionales encendidos navideños en instalaciones del Estado cuando ministerios, gobernaciones, alcaldías y espacios emblemáticos como el Paseo Los Próceres y la Cruz del Waraira Repano, se incorporaron a las celebraciones iluminadas.
La contradicción merece atención. Si se exige a los comerciantes reducir sus luces ornamentales y a los ciudadanos moderar el consumo, ¿no deberían las instituciones públicas aplicar los mismos criterios? Hagamos un ejercicio: si el 70 % de los aproximadamente nueve millones de hogares venezolanos instalara dos guirnaldas de 100 luces LED, de 7,5 vatios cada una, y las mantuviera encendidas ocho horas diarias durante 60 días, entre el 15 de noviembre y el 15 de enero, el consumo adicional alcanzaría unos 94,8 megavatios de potencia simultánea y 45,5 gigavatios hora acumulados. No es una demanda capaz de provocar por sí sola una crisis eléctrica. Representa alrededor del 0,6 % de una demanda nacional de referencia de 16.030 megavatios. Pero ilustra que incluso una tradición doméstica modesta tiene una dimensión energética que merece consideración.
En Maracaibo, las autoridades anunciaron que la iluminación navideña de la avenida Bella Vista utilizaría energía generada por paneles solares y plantas eléctricas, para evitar una demanda adicional sobre la red nacional. Una alternativa que también merece transparencia: ¿cuál es la capacidad instalada?, ¿cuánto combustible consumirán los generadores?, ¿qué costos y emisiones supone su funcionamiento? Tampoco se conocen públicamente las dimensiones del consumo de las decoraciones instaladas en los organismos del Estado: potencia, número de luminarias, horarios y costos de operación. Una política seria de ahorro debería comenzar por ofrecer esa información.
No se trata de apagar la Navidad ni de responsabilizar a unas guirnaldas de luces por los problemas estructurales del sistema eléctrico. Se trata de exigir coherencia, eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Porque la austeridad energética no puede convertirse en una obligación para los ciudadanos y los comerciantes, mientras las instituciones que la promueven se reservan el derecho de encender sus propias luces.
Si hasta la Navidad necesita una política de ahorro, lo mínimo exigible es que esa política comience por casa.
