Los casos corresponden a personas arrestadas entre 2021 y 2023, principalmente en zonas fronterizas. Antonio González Plesman, de Surgentes, afirmó que la mayoría habría sufrido torturas y falta de acceso a una defensa adecuada.
The Daily Journal.- Familiares de personas detenidas bajo acusaciones vinculadas con el terrorismo y los llamados falsos positivos TANCOL se reunirán este jueves con representantes del programa de Paz y Convivencia Democrática y el viceministro de Seguridad Ciudadana, el general Osorio, para presentar testimonios sobre presuntas violaciones de derechos humanos.
TANCOL (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia) es un acrónimo acuñado a mediados de 2021 por el gobierno de Nicolás Maduro para referirse a supuestos grupos irregulares, paramilitares o narcotraficantes provenientes de Colombia que operan en la frontera venezolana.
«Los familiares le van a contar con su propia voz sus testimonios de violación a derechos humanos», Antonio González Plessman, miembro de la organización Surgentes y acompañante del Comité por la Libertad de los Falsos Positivos TANCOL.
Los casos corresponden a personas detenidas entre 2021 y 2023, la mayoría entre 2021 y 2022, en zonas fronterizas caracterizadas por la exclusión geográfica y económica.
González Plessman afirmó que la mayoría de los detenidos fue torturada y permaneció incomunicada, mientras que sus familias enfrentaron dificultades para visitarlos regularmente. También sostuvo que muchos no han podido contratar abogados privados para garantizar una defensa técnica adecuada.
El representante de colectivo de derechos humanos vinculó estas situaciones con la criminalización de la pobreza, una práctica que, según señaló, ha sido cuestionada públicamente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el ministro del Interior y el fiscal general.
«Todas estas personas están presas por más de cuatro años justamente por ser pobres», afirmó.
El activista sostuvo que la falta de recursos económicos habría expuesto a los detenidos a mayores abusos y limitado sus posibilidades de defensa. También denunció que algunos funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) presuntamente les habrían exigido pagos de entre 1.000 y 5.000 dólares para dejarlos en libertad.
«Por pobres no tuvieron una defensa adecuada, por pobres no pudieron pagarle a los funcionarios de Dgcim que les pedían mil o cinco mil dólares para dejarlos en libertad y por pobres siguen ahí», declaró.
González Plessman describió el sistema penal como una estructura que afecta especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y reclamó atención para los detenidos y sus familiares.
