Juan Miguel Matheus, integrante de la mesa de negociaciones, considera que la renovación del TSJ es un paso previo para garantizar una transición democrática duradera. También reconoce que EE.UU. ha definido los términos de las conversaciones y que sus intereses energéticos y geopolíticos condicionan el proceso.
Neirlay Andrade
El pasado 22 de octubre, la Asamblea Nacional anunció los nombres de los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el Comité de Postulaciones Judiciales, instancia encargada de evaluar las credenciales de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El anuncio fue resultado de las negociaciones que mantiene el gobierno encargado con una representación de la Asamblea Nacional de 2015, en una mesa de diálogo conducida por Estados Unidos tras la operación militar del 3 de enero, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y el nombramiento de Delcy Rodríguez como mandataria encargada.
Desde el comienzo de esta etapa, que la cúpula gubernamental ha denominado «nuevo momento político», uno de los principales reclamos de la ciudadanía ha sido la convocatoria de elecciones presidenciales. El partido de gobierno se proclamó vencedor de los comicios de 2024 sin publicar los resultados detallados de las votaciones, por lo que la controversia electoral continúa presente en el debate público, incluso en medio del deterioro de los salarios y de la aguda crisis del sistema eléctrico nacional.
Han transcurrido casi diez meses desde los bombardeos sobre Caracas y la demanda de transición democrática continúa relegada dentro del plan de tres fases presentado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en los primeros días de enero. A ello se suman las reiteradas declaraciones de Trump según las cuales Venezuela todavía no estaría preparada para celebrar elecciones.
Es desde esa tensión —entre la demanda popular y la prioridad concedida a la reconstrucción institucional— que la ciudadanía observa el nuevo intento de negociación entre la cúpula encabezada por los hermanos Rodríguez y los representantes de la Asamblea Nacional de 2015, liderados por Dinorah Figuera.
En ese contexto, el abogado constitucionalista Juan Miguel Matheus, integrante de la mesa de diálogo promovida por Estados Unidos, dictó una conferencia en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), el mismo día en que Jorge Rodríguez anunció la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales. Durante su intervención, explicó las razones por las que considera que la renovación del sistema de justicia debe constituir el punto de partida de la transición política.
Una negociación bajo la conducción de EE.UU.
Para Matheus, el proceso político venezolano está condicionado por tres acontecimientos: la operación militar del 3 de enero y la captura de Maduro, el terremoto que, según su interpretación, incrementó la presencia estadounidense en el territorio venezolano y el acuerdo petrolero entre Caracas y Washington.
A partir de esos elementos, sostuvo que Venezuela se ha convertido en un socio geopolítico de Estados Unidos y que el interés de Washington trasciende la administración republicana de Trump.
«Venezuela comienza a ser parte de una política bipartidista de Estado en los Estados Unidos, en donde no importa si el signo del gobierno es republicano o es demócrata», afirmó.
En su opinión, la relevancia energética, económica y geopolítica del país mantendrá el interés estadounidense «durante las próximas décadas».
«Alguien me preguntaba, ¿es posible que si ganan los demócratas la presidencia de la Unión, Maduro vuelva a Venezuela? Y la respuesta es evidente: No. A Maduro y a Cilia Flores, nadie los va a sacar de Estados Unidos», aseguró.
Matheus fue explícito al describir el papel de Washington en las conversaciones. Aseguró que la negociación surgida después del 3 de enero ha estado completamente delimitada por Estados Unidos, que «planteó la mesa, sirvió la mesa, dispuso el menú y estableció el marco de trabajo técnico» de la negociación entre el gobierno encargado de Delcy Rodríguez y la representación de la Asamblea Nacional de 2015.
«El venezolano que diga que ha tenido alguna incidencia real en los términos de la negociación está mintiendo», declaró.
La afirmación sitúa a los actores venezolanos en una posición subordinada respecto de la conducción estadounidense del proceso. Para el abogado, sin embargo, esa circunstancia no invalida el diálogo.
«A nosotros no nos corresponde nada distinto que tratar de derivar consecuencias de estado de derecho y de prosperidad económica ante esas coordenadas determinadas por los Estados Unidos», agregó.
De la renovación del TSJ a la transformación del sistema de justicia
El primer ciclo formal de conversaciones se inauguró el 6 de agosto.. Matheus relató que la discusión inicial se concentraba en la renovación de la Sala Electoral del TSJ, pero que el acuerdo alcanzado una semana después amplió el alcance de la propuesta a la transformación del sistema judicial.
El plan contemplaba la designación de los 32 magistrados principales y los 32 suplentes del máximo tribunal, además de cambios en órganos auxiliares como la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura.
La conformación del Comité de Postulaciones Judiciales fue uno de los puntos más conflictivos de ese primer ciclo. Matheus señaló que hubo diferencias sobre la participación de diputados en esa instancia.
«Ellos alegaban que era natural, que cumplía con la ortodoxia constitucional, que el Comité estuviese integrado parcialmente por diputados y nosotros le sacamos la Gaceta Oficial, y les leímos el artículo 270 de la Constitución, en donde se establece que el Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial y que está conformado por representantes de los distintos sectores sociales de la vida nacional», relató Matheus.
La polémica ─explicó el constitucionalista─ estuvo relacionada con la publicación de dos gacetas distintas de la Constitución de 1999. Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para que el Comité de Postulaciones estuviera integrado exclusivamente por representantes de la sociedad civil, «emergió un típico mecanismo transicional compensatorio»: el Consejo de Verificación de Credenciales de los aspirantes a magistrados.
«Se creó el Consejo de Verificación para lograr un mecanismo espejo en el cual la Asamblea Nacional 2015 tuviese gobernabilidad. Así como ellos tienen gobernabilidad en el Comité de Postulaciones Judiciales, nosotros tenemos gobernabilidad en el Consejo de Verificación», explicó.
El Consejo está integrando por los juristas Belén Ramírez Landaeta, Rogelio Pérez Perdomo, Bernardo Pulido Márquez, María Bernardoni de Govea, Silio César Sánchez Zerpa, Federico Sebastián Fuenmayor Gallo y Deyanira Nieves Bastidas.
De acuerdo con Matheus, el mecanismo permitió destrabar las conversaciones y mantener el proceso de renovación judicial dentro de la agenda acordada.
Un nuevo TSJ para el 15 de diciembre
Este 28 de octubre inicia el proceso de de postulaciones. Hay una discusión entre organizaciones de la sociedad civil que reclaman que e baremo sea público para que el país conozca los criterios de selección de los magistrados.
El jurista estimó que el período de recepción de candidaturas se extendería durante al menos 15 días hábiles, tras lo cual correspondería una primera selección por parte del Comité, una segunda fase a cargo del Poder Ciudadano y, finalmente, la designación de los magistrados.
«Entendiendo que el órgano rector de todo esto es la mesa de conversaciones», puntualizó.
A partir de ese calendario, consideró que «no es irresponsable decir que aproximadamente el 15 de diciembre pudiésemos tener un nuevo Tribunal Supremo de Justicia».
Desconfianza, doble nacionalidad y salarios
Matheus identificó varios obstáculos para completar el proceso. El primero es la desconfianza de la ciudadanía y de los profesionales del derecho, a quienes describió como afectados por una «desesperanza aprendida» frente a las posibilidades de transformación institucional.
Según explicó, esa incredulidad dificultó inicialmente la convocatoria de personas dispuestas a integrar el Comité de Postulaciones Judiciales y podría repercutir también en la participación de candidatos a magistrados. Aun así, manifestó su confianza en que se lograrán reunir las postulaciones necesarias.
Otro de los obstáculos que señaló es la prohibición constitucional de que personas con doble nacionalidad aspiren a determinados cargos. Matheus sostuvo que se trata de una limitación que debe superarse dentro del proceso.
También se refirió a la remuneración de los magistrados. Aseguró que existe un acuerdo preliminar para mejorar sus salarios y defendió esa medida como una condición necesaria: «Primero, porque es un asunto de justicia, pero después porque es condición sine qua non para combatir la corrupción y los caldos de cultivo de corrupción».
La justicia ordinaria, el siguiente frente
Durante la conferencia sostuvo que la revisión del sistema debe extenderse a los tribunales ordinarios, «que son los que más laceran los derechos de los ciudadanos, bien sea por vía de la corrupción o por vía de dilaciones indebidas en los procesos judiciales o por persecución y violación de derechos humanos».
El abogado anticipó que la mesa de negociación podría avanzar en ese asunto durante un próximo ciclo de conversaciones.
¿Por qué no convocar elecciones de inmediato?
La defensa de una reforma judicial previa a las elecciones es uno de los argumentos centrales de los integrantes de la Asamblea Nacional de 2015.
«Todo lo que estamos haciendo a efecto de la integridad del sistema, de la transformación del sistema de justicia, es para crear las bases sólidas para una democracia perdurable en el tiempo», afirmó Matheus.
En su evaluación, «la presencia estadounidense» y «el compromiso personal de Marco Rubio» constituyen elementos distintivos de esta negociación.
Los intereses de económicos Washington
Matheus reconoció que Estados Unidos tiene intereses explícitos en Venezuela, particularmente en los sectores petrolero, energético y minero, además de objetivos geopolíticos. No obstante, sostuvo que Washington ha modificado su aproximación al país y que Rubio ha insistido en la necesidad de reconstruir el Estado antes de establecer una democracia funcional.
«Para que haya una democracia funcional debe haber instituciones estatales que la hagan posible», afirmó.
Según el abogado, celebrar elecciones sin haber recuperado previamente esas instituciones podría abrir la puerta a «una regresión autocrática».
Para ilustrar el argumento, comparó la situación venezolana con la de un paciente en terapia intensiva que necesita recuperarse antes de volver a su vida cotidiana.
«Nosotros no podemos correr el riesgo, después de tanta cosa que hemos vivido, de esas regresiones y por eso otra vez, las condiciones mínimas», sostuvo.
El abogado calificó de «irreversible» la transformación en curso, tanto en el ámbito político como en el económico. En este último, argumentó que los intereses petroleros permanecerán en Venezuela «durante décadas», pese a las controversias que rodean los acuerdos firmados con el empresario Alejandro Betancourt.
También vinculó la estabilidad actual con la presencia militar estadounidense en el país, a la que describió como «persuasiva».
Mientras que en el plano político, Matheus se aventuró a plantear que la democracia venezolana podría convertirse en «el trofeo que va a mostrar la administración de Trump» de cara a la elección presidencial estadounidense en la que deba definirse su sucesor.
«Yo estoy muy optimista, pero no me fío de quienes tenemos enfrente. Hay que rematar la faena», advirtió.
