The Daily Journal – Este jueves 22 de octubre, el Parlamento Europeo otorgó el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2026 a la Corte Penal Internacional (CPI) y a todo su personal. Mientras tanto, Estados Unidos sigue ejerciendo presión por medio de sanciones y amenazas contra el tribunal.
El anuncio fue realizado por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tras la reunión de la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara. El galardón reconoce la labor imparcial e independiente de los jueces, fiscales y funcionarios de la corte en la persecución de los crímenes de guerra y de lesa humanidad en todo el mundo.
La ceremonia formal de entrega del Premio Sájarov tendrá lugar el próximo 16 de diciembre de 2026 durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.
Por su parte, la concesión del premio se produce en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas. En los últimos meses, la administración estadounidense ha impuesto restricciones de visado y sanciones económicas individuales contra altos cargos de la CPI en represalia por las investigaciones que el organismo adelanta sobre diversos conflictos globales.
Escaladas presiones de Estados Unidos
Las medidas punitivas de Washington contra el tribunal de La Haya se han intensificado tras la emisión de órdenes de arresto e investigaciones que involucran a altos líderes mundiales y aliados estratégicos de EE. UU.
En agosto de 2026, la administración de EE. UU. impuso medidas punitivas directas contra la presidenta de la CPI, Tomoko Akane, e integrantes clave de la Fiscalía. Las represalias también han alcanzado al fiscal principal de la CPI, Karim Khan, y a diversos jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares.
Las medidas impuestas por Washington contemplan la congelación de activos e inmuebles bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de transacciones financieras en dólares con entidades de ese país. También incluyen restricciones drásticas de visado que impiden la entrada a territorio estadounidense a los funcionarios sancionados y a sus familiares directos.
En la medida más reciente, 9 de octubre, EE. UU. extendió las sanciones a la propia estructura institucional del tribunal con el objetivo de limitar sus operaciones financieras y logísticas globales.
Ante estos ataques, la presidenta Tomoko Akane solicitó formalmente a la Unión Europea la creación de mecanismos legales y financieros para contrarrestar el impacto de las sanciones impuestas por EE. UU. y garantizar la continuidad operativa de la corte.
Con este reconocimiento, las instituciones europeas envían un mensaje en favor del derecho internacional y el multilateralismo. «La justicia no puede ser objeto de intimidación ni de presiones políticas por parte de ninguna potencia», destacaron portavoces del Parlamento Europeo durante la presentación del fallo.
La Corte Penal Internacional y su labor
La Corte Penal Internacional es el único tribunal permanente del mundo encargado de juzgar a personas individuales, no a países, responsables de delitos cometidos contra la humanidad, como crímenes de guerra, genocidios y ataques sistemáticos a la población civil. Su labor busca garantizar que ningún líder militar o político quede impune, sin importar el cargo que ocupe.
La Fiscalía de la CPI puede actuar cuando un país miembro o el Consejo de Seguridad de la ONU le piden intervenir, o bien cuando el propio fiscal recopila pruebas sólidas e inicia una investigación por su cuenta con el aval de un panel de jueces.
Sin embargo, la CPI opera bajo dos reglas principales. Primero, la regla de complementariedad: la corte solo interviene como un último recurso cuando la justicia del propio país involucrado no quiere o no puede juzgar a los sospechosos. Segundo, la necesidad de cooperación internacional: al no contar con un cuerpo de policía propio para realizar arrestos, el tribunal depende por completo del compromiso y la ayuda de sus más de 120 países miembros para capturar a los procesados y llevarlos ante la justicia.
El tribunal es cuestionado por los gigantes globales
Existe una tensión entre el derecho internacional y la soberanía de las grandes potencias. Aunque cuenta con el respaldo de más de 120 naciones y de la Unión Europea, la CPI no es reconocida por tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, China y Rusia, así como por países de gran peso geopolítico como India e Israel.
Los argumentos de los detractores varían según sus intereses estratégicos. Mientras potencias como Pekín, Washington y Moscú alegan que la corte atenta contra su soberanía nacional e instrumentaliza la justicia con fines políticos, otros bloques, como la Unión Africana, la han llegado a acusar de actuar con un sesgo enfocado desproporcionadamente en los países del Sur Global.
