La asociación civil (AC) Espacio Público emitió este 18 de octubre un comunicado condenando la declaración de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.
El pasado 15 de octubre, la Sala Constitucional del TSJ afirmó que el nuevo proyecto de reforma parcial de la ley mencionada se adapta y respeta las normas de la Constitución vigente en Venezuela.
La propuesta elimina las penas privativas de libertad, pero mantiene intacta la arquitectura de censura y persecución en Venezuela. Así lo alertó la AC, señalando que la norma no resuelve la criminalización de la libre expresión, sino que sostiene varias restricciones a la libertad de expresión y al debido proceso.
El texto suprime las penas de 10 a 20 años de prisión, el bloqueo de portales informativos, la prohibición de inscribir partidos políticos y la revocatoria de concesiones a medios. Sin embargo, el cambio de estrategia jurídica traslada el poder sancionatorio al ministerio con competencia en justicia, un órgano del Ejecutivo que dirige los cuerpos policiales y que ahora instruirá y decidirá los procedimientos.
Las nuevas sanciones contemplan entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario y multas de entre 500 y 10.000 euros (calculadas al tipo de cambio oficial). Para un ciudadano que percibe el ingreso mínimo integral, estas cifras equivalen a pagar entre dos meses y casi cuatro años de ingresos, configurando una asfixia económica que actúa como un severo desincentivo a la libertad de opinión.
La reforma conserva ambigüedades jurídicas
Espacio Público especificó las maneras en las que este proyecto de reforma parcial viola la libertad de expresión y el debido proceso:
- Conceptos imprecisos: Términos como “hostigamiento” (definido por el temor o angustia que cause una conducta) o “mensaje discriminatorio” continúan protegiendo a las instituciones y a la opinión política del poder de turno.
- Falta de estándares internacionales: Se omiten los criterios del Plan de Acción de Rabat, estándar internacional utilizado para diferenciar discursos de odio de expresiones legítimas.
- Censura en plataformas: Las empresas de redes sociales continúan obligadas a retirar contenidos de inmediato sin requerir orden judicial previa.
- La vía penal sigue abierta: El nuevo articulado permite acudir a los tribunales «sin perjuicio de las sanciones administrativas», manteniendo vigente el delito de instigación al odio del Código Penal.
Asimismo, la AC cuestionó la celeridad e irregularidad del proceso: la Sala Constitucional del TSJ declaró la conformidad del texto apenas dos días después de recibirlo, sin realizar audiencias ni publicar el documento previamente. Además, subrayan que una reforma parcial convalida un instrumento originado en la Asamblea Nacional Constituyente, ente que carecía de competencias legislativas.
La alerta de las organizaciones civiles ocurre a pesar de que el propio oficialismo reconoció de forma implícita el uso indebido de la norma. No obstante, el proyecto no contempla medidas de reparación integral: no ordena la libertad de los detenidos, la extinción de causas judiciales ni el levantamiento de bloqueos a portales web.
Según registros de Espacio Público, desde la promulgación de la ley hasta diciembre de 2025 se contabilizaron 113 casos de criminalización directa de expresiones legítimas. Tan solo entre julio de 2024 y julio de 2025 se documentaron 73 detenciones por ejercer la libertad de expresión, 33 de ellas mediante la imputación del delito de instigación al odio durante la represión postelectoral.
Frente a este escenario, Espacio Público exigió a la Asamblea Nacional la derogación total de la ley y la adopción de un régimen transitorio que garantice la libertad plena de los procesados y la reparación de las víctimas.
De mantenerse la vía de la reforma, demandan que se limite la sanción a la incitación intencional a la violencia bajo el Plan de Rabat, se elimine la obligación de retiro inmediato de contenidos en redes, se deje la decisión en manos de jueces independientes y se someta el proyecto a una consulta pública amplia con gremios de prensa, universidades y defensores de derechos humanos.
