The Daily Journal.- El Ministerio Público absolvió a la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien enfrentaba cargos por traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, informó este viernes la propia activista y el fiscal general de Venezuela, Larry Devoe.
San Miguel señaló en su cuenta de X que un tribunal con competencia en materia de terrorismo dictó el jueves una sentencia absolutoria y la declaró «libre de responsabilidad penal» por los delitos que le fueron imputados.
«Esta decisión ratifica lo que sostuve desde el primer día de mi detención, el 9 de febrero de 2024: soy inocente», afirmó la activista, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano.
San Miguel agregó que espera que también sean anuladas las condenas dictadas contra otras personas procesadas en la misma causa, al considerar que fueron «injustas».
Por su parte, Devoe afirmó este viernes que el Ministerio Público solicitó la absolución de San Miguel y de otras tres personas que enfrentaban el mismo proceso penal.
«Este jueves 1 de octubre, el Ministerio Público solicitó sentencia absolutoria para la ciudadana Rocío San Miguel y otras tres personas que enfrentaban un proceso penal, tras haber sido acusadas de participar en la presunta comisión de diversos delitos en el caso conocido como «Brazalete Blanco», detalló el fiscal general.
En el mismo caso, dijo, otras 10 personas fueron condenadas después de que, según sostuvo, se «acreditara plenamente su participación en los hechos objeto del proceso».
San Miguel permaneció detenida durante casi dos años en El Helicoide, sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), antes de ser excarcelada con medidas cautelares en enero pasado.
La activista había sido detenida el 9 de febrero de 2024 en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar junto con su hija, quien también fue detenida brevemente junto con otros familiares.
La Fiscalía venezolana, entonces dirigida por Tarek William Saab, la acusó de estar vinculada con una presunta «trama conspirativa» destinada a «atentar» contra el entonces presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios.
En enero, San Miguel fue enviada a España tras su excarcelación, en un procedimiento que también incluyó a otros cuatro ciudadanos españoles. La activista regresó a Venezuela en mayo.
