The Daily Journal – Al menos 927 personas en Venezuela han sido acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación, en 2017, de una ley cuestionada que el Ejecutivo ahora solicita reformar, según datos difundidos este miércoles por la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos.
El vicepresidente de la organización, Gonzalo Himiob, declaró a EFE que “la mayoría de las veces” el delito de incitar al odio fue imputado junto con otros cargos, como terrorismo y asociación. De acuerdo con la ONG, seis de las personas acusadas por incitación al odio permanecen detenidas y 638 tienen medidas restrictivas de su libertad.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió esta semana al Parlamento, controlado por el oficialismo, reformar la “Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”. Esa norma fue impulsada por Nicolás Maduro, quien fue depuesto y está detenido en Estados Unidos tras su captura en enero, y en su momento también fue promovida por la propia Delcy Rodríguez.
La ley contempla penas de diez a veinte años de prisión para quien “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia”, además de otras sanciones. Organizaciones y oposición la han señalado como parte del “marco legal represivo” aplicado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas al oficialismo.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este miércoles en la red social X que sean “revisados y cerrados” los “procesos abiertos por la ley contra el odio”, que, según el gremio, “solo han servido para criminalizar la expresión”. Añadió que “es una norma contraria a los estándares sobre discursos de odio”.
La propia mandataria interina expresó el martes que, aunque cree “en los principios de esa ley”, esta “lamentablemente fue mal aplicada” y “se hizo un uso abusivo” de ella. Su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la creación de una “comisión especial” de once diputados para redactar el proyecto de reforma. En febrero pasado, el diputado oficialista había admitido un uso inadecuado de la ley y considerado posible su reforma.
No obstante, organizaciones de distinta índole exigen que la ley sea derogada. Expertos han advertido sobre la ambigüedad de su contenido, lo que otorga un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para acusar y sancionar cualquier tipo de comentario u opinión.
La solicitud de reforma ocurre poco después de que el Gobierno y un sector de la oposición concluyeran el segundo ciclo del diálogo respaldado por Estados Unidos para una transición en Venezuela, y luego de una visita al país sudamericano de Human Rights Watch, la primera desde 2008. Esta organización ha pedido modificar o derogar las leyes que “han permitido las violaciones de derechos humanos”, entre ellas la ley contra el odio.
Con información de EFE
