Gobierno encargado busca desbloquear plataformas de IA en Venezuela

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The Daily Journal.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó al canciller Oliver Blanco iniciar las gestiones necesarias para que las grandes plataformas internacionales de Inteligencia Artificial (IA) levanten los bloqueos que hoy impiden a los venezolanos usar estas herramientas.

«Le he dado la instrucción al canciller Oliver Blanco que no duerma hasta alcanzar el desbloqueo completo de plataformas tecnológicas de acceso a la Inteligencia Artificial, que Venezuela pueda acceder, sin ningún tipo de restricción ni bloqueo», afirmó Rodríguez durante un encuentro con emprendedores.

La mandataria encargada explicó que el objetivo es que la juventud pueda «tener un desarrollo propio».

El encargo recae en Blanco, quien asumió la Cancillería el pasado 29 de octubre, tras desempeñarse desde febrero como viceministro para Europa y Norteamérica. La medida se suma a otras iniciativas oficiales en la materia, como la creación, en mayo, del Viceministerio de Inteligencia Artificial y Eficiencia Productiva.

«No está disponible en tu región»

Venezuela no figura entre los países con acceso oficial a asistentes como ChatGPT, de OpenAI; Copilot, de Microsoft, o Claude, de Anthropic. Estos programas, conocidos como «chatbots» o asistentes conversacionales, responden preguntas, redactan textos, traducen documentos o ayudan a programar a partir de instrucciones escritas en lenguaje cotidiano.

Al intentar abrirlos desde el país, la respuesta es inmediata: un mensaje advierte que el servicio «no está disponible en tu región». En el caso de ChatGPT, la propia herramienta señala que la empresa trabaja «para expandir la disponibilidad» del servicio, en línea con su misión de construir una IA que beneficie a toda la humanidad.

Estas restricciones suelen responder a las sanciones internacionales, principalmente de Estados Unidos, y a las regulaciones que las compañías tecnológicas de ese país están obligadas a cumplir.

La puerta trasera: el VPN

Ante el cierre, miles de usuarios venezolanos han recurrido a una solución alternativa: el VPN, siglas en inglés de Red Privada Virtual. Se trata de una aplicación que redirige la conexión a internet a través de un servidor ubicado en otro país. En la práctica, funciona como un disfraz digital: la plataforma «ve» que el usuario se conecta desde Estados Unidos, España o Colombia, y no desde Caracas o Maracaibo.

Sin embargo, esta vía tiene costos y riesgos. Los VPN más estables suelen ser de pago, consumen más datos y pueden ralentizar la navegación, un problema adicional en un país con conexiones a internet frecuentemente inestables. Además, el uso de estas herramientas no está libre de consecuencias: OpenAI advierte en su centro de ayuda que acceder a sus servicios desde un país no admitido puede provocar el bloqueo o la suspensión de la cuenta.

El muro del pago

Si acceder ya es complicado, pagar lo es aún más. Las versiones más avanzadas de estos asistentes funcionan mediante suscripciones mensuales que se cobran en dólares, y las plataformas no aceptan las tarjetas emitidas por la banca venezolana.

En otras palabras, el sistema financiero nacional queda prácticamente fuera de juego. Quien desee contratar un plan debe recurrir a medios de pago internacionales: tarjetas de crédito en divisas emitidas en el exterior, cuentas en plataformas como Zelle o PayPal, o tarjetas virtuales de servicios financieros extranjeros. Incluso así, los pagos pueden ser rechazados si el sistema detecta que la solicitud proviene de un país no admitido.

El resultado es una brecha que se superpone a otra: solo quienes tienen acceso a divisas y a cuentas en el exterior pueden aprovechar al máximo estas herramientas, mientras que la mayoría queda limitada a versiones gratuitas, cuando logra conectarse.

Una carrera que ya empezó

El reclamo llega en un momento en que la IA se ha convertido en una herramienta cotidiana en universidades, oficinas y emprendimientos de todo el mundo. Para un país que busca reactivar su economía, quedar al margen supone una desventaja competitiva para estudiantes, profesionales y empresas.

La propia Rodríguez llevó el tema a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde pidió evitar que esta tecnología profundice la brecha digital entre países. Ahora, la tarea de convertir ese discurso en acceso real queda en manos de la Cancillería.

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