José Leonardo Salazar P.
La orientación a las empresas sobre procedimientos administrativos no sustituye la fiscalización, la aplicación de las leyes ni la reparación de los daños acumulados durante décadas. La incorporación de nuevos operadores plantea interrogantes sobre quién asumirá los pasivos ambientales históricos.
La reciente jornada técnica organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC) en las instalaciones de PDVSA, en La Campiña, Caracas, para orientar a empresas del sector hidrocarburos sobre los procedimientos de control previo y posterior ambiental, plantea una discusión que va mucho más allá de la capacitación de los operadores petroleros, que de entrada cuentan con personas altamente capacitadas y son conocedoras de la materia. Aunque es necesario que las empresas conozcan las regulaciones y los procedimientos administrativos, es insuficiente presentar estas iniciativas como respuesta a una problemática ambiental de profundas raíces estructurales. Venezuela no enfrenta principalmente un problema de ausencia y/o desconocimiento de las normas, sino de aplicación efectiva de las leyes, fiscalización, determinación de responsabilidades y reparación de los daños.
Los derrames petroleros registrados durante años en el lago de Maracaibo y las costas venezolanas, el deterioro de instalaciones y oleoductos, así como la acumulación de pasivos ambientales, evidencian una crisis asociada a la desinversión, las deficiencias de mantenimiento y, definitivamente, a la limitada capacidad institucional para prevenir y atender los impactos de la actividad petrolera.
En este contexto, resulta preocupante que el MINEC destaque la participación de 46 empresas con Contratos de Participación Productiva (CPP), con la expectativa de alcanzar 120 organizaciones, sin ofrecer información sobre su capacidad real para supervisar las operaciones. ¿Cuántos inspectores ambientales tiene el ministerio? ¿Cuántas inspecciones se realizan y qué sanciones se han aplicado? ¿Cuántos derrames han sido atendidos y cuántos pasivos ambientales han sido efectivamente saneados?
La cantidad de empresas asesoradas o de trabajadores participantes en jornadas técnicas no constituye un indicador de desempeño ambiental. La gestión debe medirse por sus resultados: prevención de derrames, capacidad de respuesta, cumplimiento de las obligaciones legales y recuperación de los ecosistemas afectados. Esta discusión adquiere mayor relevancia con la incorporación de un mayor número de empresas privadas a la explotación petrolera y la reactivación de campos que arrastran problemas de contaminación, deterioro de infraestructura y abandono, lo cual plantea una pregunta fundamental: ¿quién asumirá la responsabilidad por los daños ambientales anteriores?
El caso de GeoPark en el bloque Bare, en la Faja Petrolífera del Orinoco, es ilustrativo. La empresa colombiana, incorporada como operadora mediante un Contrato de Participación Productiva por 25 años, reconoció la existencia de pasivos ambientales heredados de operaciones anteriores. Su presidente ejecutivo, Felipe Bayón, manifestó públicamente que GeoPark no se considera responsable de esos pasivos preexistentes y que existen mecanismos contractuales para recuperar los costos si la compañía debe intervenir en su reparación.
Esta posición obliga a formular una consideración fundamental: la distribución contractual de responsabilidades económicas entre Pdvsa y un nuevo operador no significa que los daños ambientales desaparezcan ni que su reparación pueda quedar indefinidamente pendiente. El Estado venezolano debe garantizar que esos pasivos sean identificados, cuantificados y saneados. Esta exigencia debe extenderse a todos los campos petroleros entregados a nuevos operadores. No puede permitirse que la recuperación de la producción avance mientras la deuda ambiental continúa trasladándose a las comunidades y al patrimonio natural del país.
El MINEC debería aprovechar estas jornadas para presentar un balance público, sobre la situación ambiental de la industria petrolera: inventario actualizado de pasivos, estadísticas de derrames, resultados de inspecciones, procedimientos sancionatorios y programas de remediación. La responsabilidad institucional no puede reducirse a la capacitación, porque las comunidades, las organizaciones ambientalistas y la sociedad venezolana, en general, tienen el derecho de conocer de primera mano y con total transparencia, cual es el panorama real de los pasivos ambientales de la industria petrolera en esta nueva etapa de reactivación del sector, así como exigir la inclusión de mecanismos independientes de seguimiento y verificación de los trabajos de saneamiento.
La recuperación de la industria petrolera no puede medirse exclusivamente por el incremento de la producción o la incorporación de inversiones, debe considerar la prevención de nuevos daños y la reparación de los impactos históricos.
Después de décadas de deterioro, Venezuela necesita instituciones capaces de hacer cumplir las leyes, determinar responsabilidades, exigir reparaciones y no solamente explicar cómo se tramitan las autorizaciones ambientales.
La capacitación empresarial puede ser un instrumento complementario, pero no una solución a una crisis estructural. La deuda ambiental de la industria petrolera venezolana no se salda con jornadas técnicas. Se salda aplicando las leyes, exigiendo responsabilidades y reparando los daños.
