Un tribunal de Nuevo México ordenó a Meta pagar una sanción civil histórica de 25 mil millones de dólares tras determinarse que la compañía incurrió en más de 43 millones de violaciones deliberadas a las leyes de protección al consumidor y privacidad del estado, vinculadas al infame escándalo de Cambridge Analytica.
El fallo, emitido por el juez del Primer Distrito Judicial, Francis Mathew, se produce luego de que un jurado en Santa Fe declarara a la empresa responsable de engañar de manera sistemática a los usuarios sobre el manejo y la seguridad de sus datos personales.
Claves del Caso y el Fallo Judicial
- Millones de infracciones deliberadas: El jurado contabilizó más de 43 millones de violaciones a la Ley de Prácticas Injustas de Nuevo México (New Mexico’s Unfair Practices Act). Según la normativa estatal, cada infracción conllevaba una multa potencial de hasta 5,000 dólares, lo que inicialmente apuntaba a una cifra teórica superior a los 219 mil millones de dólares.
- Reducción de la sanción: Aunque el juez Mathew consideró que existían argumentos legales para aplicar la penalización completa de más de $219 mil millones debido a la gravedad y reiteración de las faltas, decidió reducirla de forma final a 25 mil millones de dólares.
- Intereses acumulativos: El tribunal estableció que la penalización acumulará un interés anual del 15% hasta que Meta cubra el monto en su totalidad.
- El origen del litigio: La demanda estatal original fue presentada en 2021 por el entonces fiscal general Hector Balderas, y posteriormente continuada por el actual fiscal general, Raul Torrez. El caso se centró en las consecuencias del escándalo de 2018, en el cual la consultora política Cambridge Analytica recopiló de forma inapropiada información personal de 87 millones de usuarios sin su consentimiento.
La Postura y Respuesta de Meta
La respuesta de la compañía tecnológica no se hizo esperar. C.J. Mahoney, director legal jefe de Meta, criticó duramente tanto la sentencia como el enfoque del proceso judicial en el estado, y confirmó que la empresa apelará el fallo.
«Este fallo, y el enfoque del fiscal general para esta aplicación de la ley, hace que sea prácticamente imposible hacer negocios en el estado de Nuevo México», declaró Mahoney en un comunicado público. «En esencia, esta demanda busca imponer un impuesto a la libertad de expresión y fijar nuevas reglas sobre lo que la gente puede decir en línea».
Por su parte, el fiscal general Raul Torrez celebró la decisión y destacó que este tipo de resoluciones duras envían un mensaje claro de que las violaciones graves a la privacidad de los ciudadanos conllevan consecuencias económicas reales y proporcionales.
