The Daily Journal.- Una reciente investigación del medio estadounidense ProPublica ha revelado detalles críticos sobre el nuevo acuerdo energético en la región. El pacto petrolero impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump con Venezuela, protege los intereses de empresarios privados, pero no establece la obligación explícita de pagar los 209.000 millones de dólares en impuestos y regalías que la Casa Blanca ha anunciado como beneficios para el país sudamericano.
Este hallazgo plantea serias interrogantes sobre el verdadero impacto económico de la medida para la nación caribeña.
Detalles del acuerdo y participación estatal
A este respecto, el medio examinó una copia del acuerdo de dieciocho páginas firmado por los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth. Según el documento, se concede al Gobierno estadounidense una participación del 35 % en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP), entidad controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
Por otro lado, el pacto permite a Estados Unidos comprar el 20 % de la producción de NABEP a treinta dólares por barril y le otorga prioridad para adquirir el resto del crudo durante cincuenta años
No obstante, es crucial señalar que ese precio no incluye el costo de los materiales más ligeros que deben mezclarse con parte del petróleo venezolano, de alta densidad, para facilitar su transporte. Este detalle operativo podría encubrir costos adicionales que afectarían la rentabilidad real del negocio.
Un blindaje jurídico de largo plazo
En este sentido, la estructura del convenio está diseñada para resistir cambios políticos. Según ProPublica, la estructura del pacto dificulta que futuros gobiernos puedan modificarlo o deshacerlo, lo que muestra condiciones leoninas. Igualmente, en la revisión del acuerdo se especifica que Betancourt conservará el puesto de consejero delegado y solo podrá ser destituido con el voto de cinco de los siete miembros de la junta
Además, la empresa matriz está registrada en Barbados, donde la legislación dificulta conocer la identidad de algunos propietarios e inversores, lo que sugiere vacíos que pudieran perjudicar a la nación venezolana en la explotación de sus recursos.
A esto se agrega, que el acuerdo tampoco exige la presencia de representantes del Gobierno venezolano en la junta y establece que las disputas entre la empresa y Estados Unidos se resolverán conforme a la legislación estadounidense, ante un tribunal federal de Texas.
También se infiere que esta cláusula, de jurisdicción extranjera limita significativamente la capacidad de Caracas para intervenir en caso de controversias comerciales o legales.
La promesa de los 209.000 millones sin respaldo contractual
A pesar de la narrativa oficial que promueve una recuperación económica, el documento no detalla una obligación vinculante que garantice los 209.000 millones de dólares en impuestos y regalías anunciados por la Casa Blanca y refrendados por Miraflores.
Anteriormente, se había informado que las autoridades interinas otorgaron a NABEP concesiones por 100 años para 17 campos petroleros que albergan aproximadamente 65.000 millones de barriles de crudo.
Sin embargo, la ausencia de mecanismos de fiscalización y garantía de pago en el contrato firmado convierte esas cifras en proyecciones sin fuerza legal, dejando al Estado venezolano sin herramientas para exigir dichos recursos.
Reacciones y perspectivas sobre la soberanía energética
En el ámbito local, sectores políticos y gremiales han expresado su rechazo ante lo que consideran una cesión desproporcionada de activos estratégicos. El Partido Comunista de Venezuela, por ejemplo, ya había manifestado su oposición a acuerdos que priorizan la inversión extranjera sin contraprestaciones claras para el pueblo.
Mientras tanto, Washington apuesta por atraer capital y asegurar su dominio energético, la realidad contractual muestra un escenario donde los riesgos y la opacidad recaen sobre Venezuela, mientras las garantías y el control operativo se blindan a favor de los socios privados y el Gobierno estadounidense.
En conclusión, aunque el acuerdo se presenta como un motor de reactivación, la evidencia documental sugiere el riesgo de que Venezuela podría no ver reflejados los ingresos multimillonarios prometidos, consolidando un marco legal que prioriza la seguridad de suministro de EE. UU. sobre la soberanía y el bienestar económico de la nación sudamericana.
Con información de ProPublica y EFE
