Organizaciones de derechos humanos alertan sobre impacto humanitario y económico, mientras Israel justifica operaciones por motivos de seguridad.
The Daily Journal.- Diferentes organizaciones de derechos humanos, medios internacionales y comunidades locales afirmaron que el ejército israelí mantiene operaciones de desmonte y destrucción de tierras agrícolas, derribando miles de árboles en los territorios palestinos ocupados. Las acciones, centradas principalmente en el arrasamiento de olivares estratégicos y cultivos en Cisjordania y la Franja de Gaza, han provocado fuertes denuncias internacionales debido a su severo impacto ambiental y económico sobre la población civil.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han justificado históricamente este tipo de intervenciones basándose en razones de seguridad nacional. Según portavoces de las autoridades israelíes, el desmonte y la eliminación de cobertura vegetal densa son necesarios para evitar que grupos de milicianos utilicen el terreno para camuflarse, lanzar ataques o emboscar patrullas militares. Asimismo, en la Franja de Gaza, el uso de maquinaria pesada se ha vinculado directamente con la delimitación y mantenimiento de zonas de amortiguamiento o buffers de seguridad destinados a blindar la frontera.
En contraposición, agricultores y líderes comunitarios de las zonas afectadas catalogan estas medidas como una política encubierta de desplazamiento forzado y castigo colectivo. En localidades rurales de Cisjordania, como la aldea de Al Mughair, se han registrado denuncias sobre el desarraigo masivo con excavadoras de cultivos de olivo, un árbol que no solo constituye el principal pilar económico de miles de familias palestinas, sino que guarda un profundo valor histórico e identitario con la región.
Por su parte, organismos internacionales de vigilancia han manifestado su profunda preocupación por las dimensiones geográficas del impacto ecológico. Reportes basados en análisis de mapas e imágenes satelitales confirman una reducción drástica de la superficie arbórea y de tierras cultivables en Gaza, comprometiendo gravemente la seguridad alimentaria de los civiles y acelerando la degradación del suelo a largo plazo.
Organizaciones globales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han advertido que el arrasamiento masivo y sistemático de infraestructuras civiles, viviendas y campos de cultivo sin que exista una necesidad militar imperiosa contradice las disposiciones del derecho internacional humanitario. De acuerdo con estas entidades, tales acciones vulneran las Convenciones de Ginebra y podrían ser catalogadas legalmente como crímenes de guerra, intensificando las presiones para que se realicen investigaciones formales e independientes en el terreno.
