Luis Contreras
El análisis político se equivoca cuando confunde la estética del poder con su base material. El régimen venezolano no es un monolito ideológico, sino un sistema en mutación atravesado por la impronta del autoritarismo militarizado y policial, esquemas de cohesión forzada y una cleptocracia sustentada en retórica radical defensiva. Mientras los titulares internacionales destacan mesas de negociación, citaciones judiciales en Nueva York y el levantamiento de sanciones por parte de la OFAC, en Venezuela se consolida una metamorfosis mucho más profunda: el tránsito del madurismo al rodriguismo, la versión más refinada del patrimonialismo despótico.
Bajo el método dialéctico materialista, la doctrina de la Unión Cívico-Militar-Policial ha funcionado como la superestructura de legitimación represiva y territorial del Estado, reflejando cómo la evolución del régimen responde a las contradicciones en su base de apoyo, coerción y control rentístico. En el Chavismo originario (Tesis), dominaba un rentismo petrolero abundante articulado alrededor del carisma mesiánico de un líder único, donde la «Unión Cívico-Militar» nació como alianza movilizadora masiva con el pueblo organizado en tareas asistenciales. Con la muerte de Chávez, el Madurismo (Antítesis) avanzó en la «fusión militar-policial-cívica», una gran confusión donde lo civil democrático asumió una subcultura cuartelera y de vigilancia policial; la masa cívica fue sustituida por estructuras de inteligencia social, grupos armados y cuerpos policiales (FAES/PNB, SEBIN) subordinados a la FANB, conformando el brazo coercitivo de un despotismo militarizado burdo que erosionó su propia viabilidad económica. Finalmente, el Rodriguismo (Síntesis terminal) reconfigura este tripartito armado como un dispositivo corporativo de contención territorial, desideologizando a la fuerza pública para exigirle no mística socialista, sino disciplina represiva que proteja el mapa de negocios, garantice concesiones extractivas y sofoque el descontento social.
La coyuntura política lo confirma: mientras la justicia estadounidense acorrala a Nicolás Maduro y Cilia Flores con nuevos expedientes penales, el clan Rodríguez (Delcy y Jorge) se consolida como el operador indispensable de la gobernabilidad real. La remoción de Jorge Rodríguez de la lista de sancionados de la OFAC no es más que la validación explícita del patrimonialismo de mercado. Washington y el capital energético global han aceptado que el autoritarismo, empaquetado en traje institucional, control represivo eficiente sobre el territorio y garantías petroleras, es un mal menor tolerable. El rodriguismo ha logrado lo que el madurismo ruidoso jamás pudo: convertir la extorsión interna y el control policial en diplomacia fluida.
Esta impunidad patrimonial e inmunidad internacional otorgada por EE.UU. convierte al clan en el único garante «saneado» ante los mercados y la diplomacia global, garantizando que sus activos y capacidad de maniobra financiera queden blindados mientras administren la estabilidad del país. Sin embargo, este «despotismo potable» le servirá a la política norteamericana únicamente mientras cumpla tres tareas fundamentales: garantizar el flujo petrolero, contener la presión migratoria y mantener la estabilidad operativa del país. Si el frente externo es un terreno minado de caducidad programada, la reconfiguración de la fuerza pública genera en el frente interno una olla de presión a punto de estallar. Por un lado, el madurismo residual observa desarticulado cómo sus figuras tutelares son acorraladas en tribunales internacionales mientras pierden control sobre los resortes ejecutivos. Por el otro, Diosdado Cabello y los altos mandos del estamento militar y policial viven en la paranoia: atados a recompensas millonarias y sanciones inamovibles, presencian cómo los Rodríguez negocian licencias petroleras y pasaportes limpios con Washington. Para estos sectores no beneficiados, el pragmatismo del clan no es habilidad táctica, sino una traición en cámara lenta que utiliza el aparato represivo como moneda de cambio para comprar la impunidad patrimonial de la nueva cúpula.
En esta victoria aparente del rodriguismo habita el mayor cinismo. Demostraron que el mito de la «Unión Cívico-Militar-Policial» y la retórica antiimperialista no eran doctrinas sagradas, sino instrumentos de control territorial y facturas cobrables. Hoy, el clan Rodríguez despacha con trajes a la medida y la bendición bancaria de Washington, mientras entrega el cadáver político de sus viejos aliados para garantizar contratos petroleros con la burguesía roja recién perfumada. Pero al mercantilizar el Estado hasta el hueso, instauraron una regla mortal dentro del propio estamento armado: nadie es imprescindible. ¿Con qué cara le pedirán lealtad ciega a los componentes militares y policiales si el mensaje implícito es que cualquiera es sacrificable en aras del pacto financiero?
Atrapado entre la caducidad inevitable de su romance transaccional con Washington y el resentimiento armado de la retaguardia militar y policial que van acumulando en el paredón interno, el rodriguismo no tiene adonde replegarse. En la mesa unos pactaron permanencias y exilios dorados mientras otros eran las fichas de cambio. El día que la liquidez falle o la Casa Blanca decida cambiar de contratista, el clan quedará al desnudo. Sin mito ideológico, sin base social genuina en la calle y habiendo alienado al propio aparato cívico-militar-policial que garantiza su coerción, su caída no será un debate político: será la disolución terminal de un sistema donde todos sus socios descubrieron, demasiado tarde, que en la mesa del pragmatismo ellos eran el menú.
