The Daily Journal.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la conformidad con la Constitución de la iniciativa de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, y autorizó que continúe su proceso de discusión y aprobación en la Asamblea Nacional.
La decisión está contenida en la sentencia número 1.034, correspondiente al expediente 26-1387, emitida en respuesta a la iniciativa presentada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y remitida al máximo tribunal el 13 de octubre de 2026 por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada el 10 de noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, instancia presidida entonces por Delcy Rodríguez y que operó como un «suprapoder» que anuló al Parlamento de mayoría opositora elegido en 2015.
La norma surgió tras meses de protestas antigubernamentales que dejaron víctimas mortales, bajo el argumento de que era necesaria para contrarrestar el odio promovido por la oposición y los medios privados.
La ley estableció penas de 10 a 20 años de prisión para quien «fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia», y facultó a las autoridades para revocar concesiones de radio y televisión, bloquear sitios web e imponer multas elevadas.
El 29 de septiembre, Delcy Rodríguez —quien impulsó y defendió públicamente la ley en 2017— solicitó a la Asamblea Nacional una reforma parcial para «avanzar en la despenalización de las conductas previstas» en la normativa.
La encargada de la Presidencia justificó la medida como parte de la transformación del sistema de justicia penal y como contribución a la «convivencia democrática».
«Si bien creo en los principios de esa ley, lamentablemente fue mal aplicada y se hizo un uso abusivo de ella», declaró la mandataria interina.
En el fallo, la Sala Constitucional declaró su competencia para ejercer el control previo de constitucionalidad y determinó que la propuesta de reforma, junto con su exposición de motivos y el proyecto correspondiente, cumple con los requisitos constitucionales examinados.
La sentencia ordena que el procedimiento legislativo continúe ante el Parlamento, donde la iniciativa deberá ser discutida y sometida a aprobación.
El pronunciamiento judicial no supone por sí mismo la entrada en vigor de la reforma, sino que permite avanzar a la siguiente etapa del proceso legislativo.
