La norma señalada como un instrumento de persecución política enfrenta su mayor desafío. Mientras el gobierno encargado apuesta por una reforma parcial, organizaciones de derechos humanos, gremios periodísticos y la oposición exigen su eliminación definitiva del ordenamiento jurídico.
Natalia Jaua
La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia fue aprobada el 10 de noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, instancia presidida entonces por Delcy Rodríguez y que operó como un «suprapoder» que anuló al Parlamento de mayoría opositora elegido en 2015.
La norma surgió tras meses de protestas antigubernamentales que dejaron víctimas mortales, bajo el argumento de que era necesaria para contrarrestar el odio promovido por la oposición y los medios privados.
La ley estableció penas de 10 a 20 años de prisión para quien «fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia», y facultó a las autoridades para revocar concesiones de radio y televisión, bloquear sitios web e imponer multas elevadas. Su artículo 2 enumera 19 valores y principios, entre ellos la tolerancia, la corresponsabilidad y el respeto a los derechos humanos.
El 29 de septiembre, Delcy Rodríguez —quien impulsó y defendió públicamente la ley en 2017— solicitó a la Asamblea Nacional una reforma parcial para «avanzar en la despenalización de las conductas previstas» en la normativa.
La encargada de la Presidencia justificó la medida como parte de la transformación del sistema de justicia penal y como contribución a la «convivencia democrática».
«Si bien creo en los principios de esa ley, lamentablemente fue mal aplicada y se hizo un uso abusivo de ella», declaró la mandataria interina.
La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, nombró inmediatamente una comisión especial para redactar las modificaciones, que recibirá propuestas de distintos sectores y observaciones de organismos nacionales e internacionales.
El talante represivo del poder
Organizaciones de derechos humanos, gremios periodísticos y sectores opositores exponen que la reforma sería insuficiente y que debe ser eliminada.
Foro Penal, la principal ONG dedicada a la defensa de los presos políticos, documentó que al menos 927 personas han sido imputadas por «instigación al odio» desde la entrada en vigencia de la norma en 2017. De ellas, seis permanecen detenidas y 638 tienen medidas restrictivas de su libertad.
«Es una ley que ha demostrado claramente el talante represivo del poder» y constituyó «una fórmula para ser utilizada básicamente contra quien generara incomodidades en el poder» expresó Gonzalo Himiob, director de la organización.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) advirtió que «una reforma parcial es insuficiente para resolver los vicios de origen, las restricciones desproporcionadas y las incompatibilidades con los estándares internacionales de derechos humanos».
La organización ha registrado más de 200 personas penalizadas por esta ley y exige «la urgente derogatoria del marco jurídico que ha permitido la criminalización de los derechos ciudadanos».
Un instrumento para censurar
Espacio Público, ONG especializada en libertad de expresión, afirma que la norma ha sido utilizada «de manera selectiva contra la disidencia y el periodismo».
En un análisis más detallado, señala que la ley «utiliza la justicia para criminalizar el pensamiento crítico, sancionar la contraloría de la gestión pública, afectar legalmente a quienes cuestionan al Estado y restringir el ecosistema informativo».
Entre 2017 y 2024, la organización registró más de 120 casos de vulneración de la libertad de expresión vinculados a esta norma.
Los gremios de la prensa han sido especialmente activos en el rechazo a la reforma parcial. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) emitieron comunicados coincidentes: la despenalización no es suficiente.
En un pronunciamiento titulado «Despenalizar la Ley contra el Odio no basta», el sindicato valoró como un «avance importante» la posible eliminación de las penas de prisión, pero advirtió que el artículo 22 de la ley mantiene mecanismos de censura igualmente graves: la revocatoria de concesiones de radio y televisión, el bloqueo de portales electrónicos y la obligación de retirar contenidos en un plazo de seis horas.
«Revocar una concesión saca una emisora del aire. Bloquear un portal impide que un medio llegue a su audiencia. Obligar a retirar contenidos afecta directamente las decisiones editoriales», señala el texto del sindicato, que insistió en que la ley es inconstitucional y debe ser derogada.
El SNTP reveló que 7 de cada 10 periodistas y trabajadores de la prensa presos o judicializados hasta enero de 2026 enfrentaron cargos por incitación o promoción al odio. La organización exige que la revisión de la ley «debe incluir todas las causas abiertas, medidas cautelares y restricciones derivadas de su aplicación. Esos procesos tienen que cerrarse».
El CNP expresó que «Este instrumento debe ser Derogado por su carácter punitivo y discrecional que viola derechos constitucionales, entre ellos derecho a la libertad de expresión».
Reformar no resuelve defecto de origen
Ante la propuesta de reformar la ley, cuyos términos aún se desconocen, las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; Comité de Familiares de Víctimas de Sucesos febrero y marzo de 1989 (Cofavic); Espacio Público; Provea; Acceso a la Justicia; Organización Mundial Contra la Tortura; y Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center emitieron un pronunciamiento conjunto en el que reiteraron su exigencia de derogación.
Entre sus principales deficiencias señala “la desproporcionalidad de las sanciones penales y la vaguedad, ambigüedad y amplitud de los tipos penales que contiene, en contravención del principio de legalidad”.
Esa combinación permitió, según las organizaciones, “la criminalización de centenares de personas bajo la acusación de ‘instigar al odio’”.
Pero advierten que los problemas trascienden las disposiciones penales: “no se resuelven con una propuesta de reforma que, según lo anunciado, busca únicamente despenalizar las conductas que tipifica”.
Las organizaciones identifican un “defecto de origen”: la ley “no fue dictada por la Asamblea Nacional, órgano competente de acuerdo con la Constitución”. Su aprobación, agregan, “no estuvo precedida de un debate público ni de un proceso de consulta con la sociedad civil”.
Además, fue aprobada “en un contexto de protestas severamente reprimidas y bajo una narrativa oficial que apelaba a la necesidad de ‘restablecer la paz’ y combatir ‘el odio’, pero que, en la práctica, creaba condiciones para restringir o sancionar expresiones de crítica, disenso u oposición al Gobierno”.
Desmontar el esquema de persecución
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, rechazó la propuesta de reforma y exigió la derogación «inmediata» de la ley. En un comunicado, calificó como «un despropósito» pretender «reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes».
«Venezuela no necesita una versión corregida de una herramienta de persecución», afirmó la PUD y llamó a «desmontar el marco jurídico que ha permitido utilizar al Estado contra quienes piensan, opinan o disienten».
Organismos internacionales han respaldado las demandas de derogación. La Unión Europea identificó la Ley contra el Odio entre las normas que han sido utilizadas para restringir el espacio cívico y perseguir a la oposición, y exigió su derogación como parte de “los pasos creíbles hacia la democratización”.
Partidos judicializados respaldan reforma
Dentro del Capitolio, corrientes de oposición mantienen un discurso diferente al de la opinión pública y organizaciones de la sociedad civil. Los diputados de partidos políticos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia, como Acción Democrática (AD) y Copei, respaldan la reforma.
En el caso de AD, la reforma se presenta como un gesto de apertura y reconciliación. El diputado Rubén Limas sostuvo que la revisión de la ley “contribuye a generar condiciones para el entendimiento y la reconciliación entre los venezolanos” y llamó a “dirimir nuestras diferencias en paz, bajo una convivencia democrática que aleje y ponga fuera de juego la violencia, el odio, el resentimiento y la venganza”.
Por su parte, el parlamentario de Copei, Juan Carlos Alvarado, defendió la permanencia de la ley bajo un nuevo marco: “Este tipo de ley debe de seguir existiendo bajo un marco que permita la búsqueda de la reconciliación y el respeto”, argumentando que la norma responde a compromisos asumidos por Venezuela en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.
El Programa para la Paz y la Convivencia Democrática ─creado por la administración de Delcy Rodríguez─ también respaldó la solicitud presidencial, valorando “positivamente el alcance de esta iniciativa legislativa, orientada hacia la despenalización de las conductas previstas en esta ley”.
La comisión especial designada por la Asamblea Nacional deberá definir en los próximos días el alcance de la reforma. No está claro cuándo se debatirá ni qué partes de la ley podrían permanecer intactas.
