Luis Contreras
Hablar de la clase trabajadora en la Venezuela actual exige sacudirse los eufemismos de los despachos oficiales y las coartadas geopolíticas de la retórica internacional. Lo que vive el mundo del trabajo en el país no es una simple crisis económica coyuntural ni un desajuste transitorio de la balanza de pagos; es el desmantelamiento sistemático, por vía de la coerción, la desidia y la rapiña institucional, del sujeto social que sostiene la vida material de la nación. Hoy, el trabajador venezolano sea docente, obrero petrolero, enfermero o siderúrgico habita un limbo de precariedad donde la Constitución es letra muerta y la supervivencia diaria se ha convertido en una disciplina de desgaste.
Entre el tutelaje y el desguace
El mapa de esta tragedia se dibuja sobre una doble pinza. Por un lado, las medidas coercitivas unilaterales y el tutelaje geopolítico ahogan los flujos de divisas, estrangulando al Estado y recortando el margen de maniobra para la inversión productiva. Pero por el otro, la respuesta gubernamental ha consistido en un pragmatismo cínico: ceder el control operativo de la industria petrolera y las empresas básicas de Guayana a capitales privados nacionales y extranjeros bajo mantos de opacidad, amparados por leyes de excepción que eluden el control parlamentario y social.
En este escenario de remate patrimonial, las fábricas estatales y los campos petroleros se privatizan de facto, mientras las ganancias extraordinarias se evaporan en los circuitos del secreto corporativo. El resultado es un modelo donde los recursos estratégicos del país se negocian en despachos cerrados, mientras que al pie del taladro o frente al alto horno se impone la miseria planificada.
El golpe legal y el saqueo del salario
La agresión contra el trabajador no es solo física; es profundamente jurídica. Sobre la base de instrumentos como el infame Memorando 2792 y los instructivos de contención presupuestaria, el Estado y los patronos pulverizaron las contrataciones colectivas. Los tabuladores salariales que garantizaban la meritocracia, la antigüedad y la especialización técnica fueron aplanados hasta dejar al profesional más calificado cobrando un estipendio de subsistencia idéntico al del trabajador no calificado.
A esto se suma la licuación absoluta de los pasivos laborales: prestaciones sociales, cajas de ahorro y fondos de jubilación reducidos a ceros contables por la hiperinflación. Y para rematar, en recintos industriales emblemáticos como Sidor o Venalum, se ha recurrido al eufemismo administrativo de declarar a miles de obreros como «no requeridos» o «a puerta de fábrica». Esta figura totalmente al margen de la Ley Orgánica del Trabajo funciona como un despido indirecto encubierto: se margina al obrero, se le niega el acceso a la planta para evitar la organización sindical y se le reduce a una limosna mensual, despojándolo de su condición productiva y de su derecho a la protesta.
El calvario de los pensionados y sobrevivientes: La condena a la muerte civil
Si la situación del trabajador activo es precaria, la de los jubilados, pensionados y sobrevivientes constituye la expresión más cruel e inhumana de este modelo. Quienes entregaron treinta o cuarenta años de su vida a la construcción de la infraestructura industrial, educativa y petrolera del país enfrentan hoy una absoluta desprotección institucional.
Los fondos de pensiones autónomos, cajas de ahorro corporativas y sistemas complementarios de previsión social que por ley debían garantizar un retiro digno y un poder adquisitivo indexado fueron desvalijados, devaluados o disueltos mediante maniobras contables e inflacionarias. El resultado es que la pensión oficial, tasada en bolívares pulverizados y complementada con bonos discrecionales sin incidencia en las prestaciones, se ha convertido en una burla macabra que no cubre ni el 5% de la canasta básica alimentaria.
Para los sobrevivientes y adultos mayores, la vejez dejó de ser un derecho conquistado para transformarse en una condena a la mendicidad forzada, la indigencia médica y la dependencia humillante de remesas familiares externas, evidenciando que el Estado no solo abandonó al trabajador activo, sino que confiscó el fruto del descanso de quienes sostuvieron históricamente a la nación.
La peste interna: Corrupción, amiguismo e indisciplina fiscal
Este descalabro no se explica únicamente por factores externos. La asfixia laboral es, en gran medida, hija de la corrupción rampante, la opacidad fiscal y el amiguismo político. Los macrodesfalcos denunciados en PDVSA y en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) demuestran que los recursos no faltaban; fueron drenados por redes de contrabando, testaferros y gerencias designadas por lealtad partidista antes que por competencia técnica.
La indisciplina fiscal y el manejo discrecional de la renta impidieron la creación de un fondo de garantías reales para los trabajadores y jubilados. Mientras las élites de la nomenklatura y los nuevos capitalistas de maletín exhiben una opulencia insultante en dólares, la base obrera y pasiva soporta el peso de una economía dolarizada informalmente pero con ingresos indexados al hambre.
El desgaste psicosocial y la soledad del sobreviviente
El impacto más perverso de esta crisis se aloja en la psique colectiva. El trabajador y el pensionado venezolano han sido confinados al «síndrome de la incertidumbre permanente». La vida se reduce al cálculo agónico del día a día, expulsando cualquier perspectiva de proyecto vital o futuro a mediano plazo.
El vaciamiento de los oficios ha destruido la identidad laboral: ser ingeniero, médico, docente o jubilado con trayectoria ya no es motivo de orgullo social, sino una condena a la caridad. En los centros de trabajo y comunidades, la sospecha, el control político y el aislamiento han fracturado el tejido solidario de clase. El resultado es un muro de apatía, fatiga política y desesperanza aprendida, donde las masas alternan la resignación pasiva con la más profunda desconfianza hacia cualquier dirigencia, oficialista u opositora.
La causa es política
Pretender resolver la crisis de la clase trabajadora y de los pensionados en Venezuela con bonos complementarios, caridad comercial o paños calientes macroeconómicos es una farsa. La tragedia del obrero en activo y del jubilado abandonado es la consecuencia directa de un modelo de dominación política que secuestró la democracia, pulverizó el estado de derecho y mercantilizó la soberanía.
Mientras no se restituya el orden constitucional, el sufragio efectivo, la separación de poderes y la transparencia radical en la gestión de los recursos públicos, cualquier mejora salarial o previsional será un espejismo inflacionario. El rescate de la dignidad del trabajo y de la seguridad social en Venezuela exige, como precondición ineludible, un giro radical en la correlación de fuerzas políticas del país: devolver el poder de decisión a las mayorías trabajadoras y reconstruir la república sobre los cimientos de la justicia social y la libertad soberana.
