Óscar Reyes Matute.- Francia en llamas, como siempre. Es así desde la toma de la Bastilla, la Comuna de París del siglo XIX y Mayo de 1968.
El lema libertario acuñado durante el Mayo del 68, «Prohibido prohibir», parece haber mutado en la Francia contemporánea en una extraña doctrina de agitación sistémica donde protestar es el único dogma incuestionable.
Como lo expone agudamente la reciente crónica analítica de Fonseca (Only Fons), esta nueva ola de convulsión no nació en los talleres de automóviles ni en las facultades de filosofía, sino en las aulas de los institutos de educación secundaria, en los barrios pobres.
En cuestión de semanas, más de trescientos cincuenta centros educativos fueron bloqueados, registrando batallas campales, cientos de detenidos y un saldo inédito de docentes y directores heridos.
La chispa inicial —una protesta juvenil legítima contra el deterioro de las aulas, el hacinamiento y la falta de profesores— colisionó de frente con la cruda realidad macroeconómica: un plan de ajuste gubernamental que busca recortar miles de plazas docentes para contener una deuda pública monumental que supera el 119% del PIB y amenaza la estabilidad financiera de la Eurozona.
Pero bajo la superficie de la reivindicación presupuestaria y del ajuste fiscal yace una falla tectónica mucho más peligrosa y antigua: la exclusión en las banlieues, la periferia donde la utopía de la integración republicana se ha atascado irremisiblemente.
En los bloque urbanos de la banlieue parisina o marsellesa, miles de jóvenes pertenecientes a segundas y terceras generaciones de familias musulmanas y de origen magrebí crecen con un pasaporte francés en el bolsillo, pero sintiéndose ajenos al Estado que representan sus instituciones.
La combinación del desmantelamiento industrial, el fracaso del ascensor social y la discriminación laboral sorda pero sistemática ha convertido en ghettos estos vecindarios, donde el repliegue identitario y las economías informales han sustituido la noción de pertenencia común; drogas, prostitución, violencia, como en cualquiera de nuestros barrios en América Latina.
Cuando estos sectores estallan, el fuego no diferencia entre una comisaría y una biblioteca pública; el ataque es contra los símbolos mismos de una República que perciben como ajena, porque a la hora del empleo, un apellido musulmán te manda al fondo de la fila, aunque tengas mejor curriculum.
En el ámbito político, el presidente Emmanuel Macron contempla cómo el centro reformista que construyó para superar la brecha tradicional amenaza con colapsar por agotamiento.
Prometió una transformación liberal y modernizadora, pero el uso continuado de Decretos y el «cueste lo que cueste» de la pandemia dispararon el gasto sin resolver los desequilibrios de fondo.
A escasos meses de las elecciones presidenciales de 2027, las perspectivas electorales se perfilan como un ajuste de cuentas histórico.
Por un lado, la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon (La Francia Insumisa) canaliza la ira de los barrios periféricos y de la juventud movilizada, asumiendo la protesta como un catalizador de transformación contra la violencia institucional y el abandono social.
Por el otro, Marine Le Pen y su Agrupación Nacional capitalizan el cansancio de una clase media angustiada por la inseguridad, el desorden fiscal y la pérdida de la autoridad estatal, consolidando un caudal de voto que ronda el 35% y desafiando los cauces judiciales que amenazan con inhabilitarla antes de la primera vuelta.
El histórico «cordón sanitario» o Frente Republicano —aquel pacto implícito por el cual las fuerzas tradicionales se unían en segunda vuelta para bloquear el acceso de la extrema derecha al Elíseo— muestra signos irreparables de fatiga.
Con un centro desgastado y sin un liderazgo unificador claro, la hipótesis de una segunda vuelta inédita entre la ultraizquierda de Mélenchon y la derecha nacionalista de Le Pen ya no pertenece a la ficción política.
Francia se aproxima así a una encrucijada crucial. El país que inventó los derechos del ciudadano y el Estado de bienestar moderno se descubre atrapado entre la insostenibilidad de sus finanzas y la imposibilidad de articular un modelo de integración efectivo para sus minorías.
En las calles, los contenedores ardiendo y los institutos bajo custodia policial son el síntoma de un país que se niega a reformarse, mientras el eco de sus viejas proclamas recuerda que, cuando un Estado no logra ofrecer un horizonte común a sus jóvenes, la calle siempre encuentra la manera de imponer su propio veredicto.
